ARREGLEMOS EL PUEBLO

Izquierda Unida de Sabiñánigo ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que reclame, a la empresa propietaria de las instalaciones de la antigua Aludisc, el arreglo de la valla exterior que da a la avenida de Huesca; por el riesgo que supone para los viandantes el mal estado de la misma.

Izquierda Unida cree que los propietarios de las instalaciones de empresas deben tener las mismas exigencias que los propietarios de las parcelas urbanas, y debe exigírseles el mantenimiento adecuado de las instalaciones que limitan con la zona pública. Por ello, y tras el esfuerzo hecho, por otra empresa de la misma avenida, al acondicionar su valla exterior, entendemos que es un buen momento para solicitar la sustitución de los tramos de valla deteriorada del resto de la avenida de Huesca.

También ha solicitado que informen a los responsables de la salida de desagües industriales, en la misma zona, que es conveniente el corte de la hierba por el riesgo de incendio en estas fechas de altas temperaturas.

EMPLEO INDUSTRIAL PARA SABIÑÁNIGO

Izquierda Unida reclama empleo industrial para Sabiñánigo, y pide a la población en general, empresarios, trabajadores en activo, parados, jubilados, y jóvenes, de todos los sexos y sea cual sea su posición política o sindical, que tomen conciencia de la importancia de estar unidos y movilizarse para reclamar empleo industrial para nuestra población.

Sabiñánigo viene perdiendo empleo industrial sistemáticamente, pero la situación actual se muestra más preocupante que en etapas anteriores. La sociedad no actúa ante la pérdida de empleo. La individualización de la vida social sugiere a los ciudadanos buscar soluciones a sus problemas, a los de su empresa o la de su familia de forma individual. Confía en la representación social, a través del Consejo de Fomento, y en la Política, a través de los grupos políticos municipales, para buscar alternativas a la pérdida de empleo industrial; pero todo esto no es suficiente.

En este momento es necesaria la movilización social, que haga ver la situación de emergencia en la que está entrando Sabiñánigo, como Ciudad que nació por la industria y que tendrá serios problemas para sobrevivir sin ella.

El problema de Sabiñánigo es que ha perdido el principal atractivo, que hizo venir a la mayoría de empresas existentes a nuestra localidad, que no es otro que las condiciones favorables en el precio de la energía. Esta ventaja se eliminó socializando el precio del transporte de la energía, lo que benefició a muchas poblaciones, pero perjudicó a la nuestra.

La mejora de las comunicaciones y la abundancia de agua son insuficientes para mantener un número de empleo en grandes empresas, de las que dependen muchas de las empresas pequeñas, ya sean talleres, tiendas de alimentación, vestido o complementos, cuya actividad depende de los trabajadores de estas empresas y sus familias.

La situación actual afecta a todos, por lo que todos debemos reaccionar. El cierre de Dequisa o la reducción de plantilla de INASA, son indicadores de que el empleo industrial se sigue reduciendo en nuestra población, y que nos muestran que en un sistema capitalista las empresas se guían por criterios económicos y que ninguna Ley del sistema puede impedir que cierren o que se vayan, a pesar de una excelente actuación sindical y de las autoridades laborales.

Por ello, Sabiñánigo debe reclamar un compromiso de empleo industrial, que reconozca y compense el esfuerzo de socializar el precio del transporte de la energía, con una cantidad determinada de puestos de trabajo en grandes empresas, que puede fijarse en los existentes en diciembre de 2005, por considerar que: por debajo de esta cantidad de empleo industrial, el empleo en las pequeñas empresas de la zona puede entrar en una caída escalonada. Transportistas, talleres, comercios… no podrán subsistir con la actividad turística del territorio.

JOSÉ LUÍS SANPEDRO

Carta a Don José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente del estado Español.

Y al resto de las señorías que portan la representatividad parlamentaria. Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha. Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido. Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional. Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación. Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo. De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla. Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo. Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución. Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot. Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto. Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia. Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía. Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos. Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa. Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas. Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó. Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo. Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Así lo espero.

La escuela y la necesidad ética de ser anticlerical

Pedro L. Angosto Rebelión

En palabras de los profesores Suárez Cortina y La Parra López, autores del libro Anticlericalismo español contemporáneo, a nuestro juicio uno de los mejores estudios sobre la cuestión realizados en España, el anticlericalismo es simplemente la lucha contra el clericalismo, un fenómeno que se desarrolla más en aquellos países donde el predominio y la influencia del clero es más significativo en aspectos mundanos de la vida, adquiriendo, también en esos países, connotaciones extremas que han desembocado a veces en episodios violentos. Sin embargo, no es la violencia una característica consustancial al anticlericalismo, todo lo contrario. Normalmente, los anticlericales han sido personas de una enorme formación humanística, incluso cristiana, hasta el punto que en muchos de ellos el gesto anticlerical nacía de un rechazo frontal a la tergiversación y manipulación que la Iglesia católica había hecho de la doctrina cristiana primigenia en beneficio de su jerarquía y de las clases dominantes más retardatarias, aunque la verdadera razón de ser del anticlericalismo hay que inscribirla necesariamente en el proceso de secularización, racionalización y modernización de la sociedad que entre nosotros comienza en el siglo XIX.

Anticlericales españoles ilustres fueron Moratín, Blanco White, Goya, Pérez Galdós, Clarín, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Pi y Margall, el Dr. Rico, Antonio Machado, Verdes Montenegro, Eugenio Noel, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Pérez de Ayala, Marcelino Domingo, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Augusto Barcia, Roberto Castrovido, Odón y Demófilo de Buen, Manuel Azaña y, en definitiva, buena parte de los intelectuales españoles de los dos últimos siglos. Pero fue quizá Manuel Azaña, en el célebre discurso parlamentario en defensa del artículo 26 de la Constitución de 1931, quien mejor ha sabido definir las esencias del anticlericalismo español. Fue en aquella alocución cuando Azaña dijo que “España había dejado de ser católica”, frase manipulada hasta la extenuación por el franquismo y sus seguidores actuales. Empero, nunca como en aquella ocasión, político alguno tuvo palabras más encomiásticas para la Iglesia católica española, para aquella Iglesia que durante unos siglos se confundió con el propio Estado, con la producción intelectual, con el ser de España, pero que al terciar el siglo XX se había convertido en una auténtica rémora para el progreso social de España, unida e identificada como estaba a los sectores más reaccionarios del país. Se quiso entonces –con mala fortuna, es evidente- aplicar a España las leyes laicistas que estaban en vigor en Francia desde 1905. Se trataba únicamente de que los creyentes sufragasen los gastos de la Iglesia, de que los clérigos se dedicasen exclusivamente a su “oficio” y no a moldear y controlar las mentes de los niños, de que el Estado no otorgase privilegios ni tratos de favor a confesión religiosa de ningún tipo. Nada más.

Hoy, después de cuarenta años de nacional-catolicismo criminal, unas semanas después de que las distintas administraciones se hayan gastado más de cincuenta millones de euros en la visita a España del Jefe del Estado Vaticano, mientras la insignia educativa de Gobiernos autonómicos derechistas como el valenciano, el madrileño, el catalán o el manchego sigue siendo dar miles de millones a los colegios católicos en detrimento de los estatales dentro de un ataque sin precedentes al sistema educativo público que, so escusas económicas insostenibles, pretenden desamortizar a favor de las órdenes religiosas; abrumados por la implicación política de la Iglesia católica española, que sigue unida a las facciones más ultramontanas de la sociedad española y empeñada en la desestabilización política y reaccionaria del país que promueve su partido –el popular- y medios propios y afines como la COPE o El Mundo, que continúa atada a lo mundano tanto como cualquier buscador de fortuna, somos muchos los españoles que nos sentimos anticlericales, que reclamamos el derecho a ser anticlericales, que exigimos al Estado –hace casi un lustro, el 1 de enero de 2007 se cumplió el plazo pactado hace ya años para que la Iglesia se autofinanciase- que suprima el presupuesto destinado al clero, que deje de subvencionar colegios confesionales, racistas y clasistas y dedique ese presupuesto a armar una enseñanza pública de calidad y laica, que, en fin, ya está bien, rompa cualquier tipo de amarras –salvo las diplomáticas- con una institución privada que debe ser sostenida sólo y exclusivamente por sus “socios” pagando por los servicios que de ella reciban.

España, todas las tierras de España, tienen un problema gravísimo con la Iglesia católica. Desde el siglo de las luces, esa institución se ha negado a cualquier tipo de progreso, ha influido en los poderes públicos para expulsar de nuestras universidades a los profesores e investigadores más valiosos, negó la teoría de la evolución y obligó a que todo el país la negara, impidió que Pérez Galdós obtuviese el premio Nobel de literatura, se opuso y se opone a los derechos civiles más esenciales, sobre todo aquellos que afectan a las mujeres, a la condición sexual de las personas y a la igualdad de todos ante la ley, ya que no paga impuesto alguno por el inmenso patrimonio que posee; en su locura por el dominio de las conciencias estuvo en el origen de la guerra civil de 1936 y amparó la terrible represión franquista. Lejos de mostrar arrepentimiento o de haber recapacitado sobre su lugar en el mundo de los vivos, hoy la Iglesia católica española recibe más de un billón de pesetas de las distintas Administraciones y, de acuerdo con su brazo político, pretende hacerse con el monopolio de la educación en España, lo que sin duda sería una catástrofe para un país que debe gran parte de su atraso, de su mala educación, de su amoralidad, de sus corruptelas, de sus chanchullos y de su fatalismo al dominio que sobre las conciencias han ejercido desde la noche de los tiempos quienes obedecen al Papa Santo de Roma y buscan, muy por encima del interés general, el de su empresa.

No hay en estas palabras –enseguida alguien saldrá hablando de odio, de rencor, de guerracivilismo y otras patrañas- la más mínima animadversión hacia la Iglesia romana, todo lo contrario, hay en ellas un anhelo regeneracionista que enlaza directamente con las palabras de los teólogos Jon Sobrino, Miret Magdalena y Hans Küng: La Iglesia católica sólo será ella misma cuando vuelva los ojos al Evangelio y no dependa económicamente más que de sus feligreses; también, como no, el deseo de que el Estado español sea totalmente laico, lo que nunca entrará en contradicción con el hecho de que los españoles puedan ser o creer en lo que quieran o apetezcan.

Agosto 2011

FONDOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO RURAL

Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha presentado una Moción al pleno de la Corporación, con el fin de reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente que no retire la financiación comprometida en este programa que busca facilitar el desarrollo rural y en el que participaron diferentes entidades y agentes sociales y económicos de la Comarca. La moción incluye para su aprobación tres puntos:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo rechaza el unilateral incumplimiento que hace el MARM de la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible que supone un grave frenazo al Desarrollo Rural de nuestras Comarcas que confiaron en el Plan de Desarrollo Rural elaborado con la participación de las entidades y agentes sociales y económicos de cada una de ellas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo acuerda dirigirse al Gobierno de Aragón para que urgentemente reclame ante el MARM el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado el 4 de junio de 2010, con una dotación para el periodo 2010-2014 de 1810 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

3.-Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados solicitándoles que requieran al MARM para que cumpla estrictamente lo recogido en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por el gobierno el 4 de junio de 2010.

ORGANIZACIÓN COMARCA ALTO GÁLLEGO

Izquierda Unida del Alto Gállego votó en contra de la propuesta de organización de la Comarca del Alto Gállego presentada por su actual Presidente, (nombrado por 7 votos del PAR y 6 votos del PP).

La derecha nacional y la autonómica, que tanto han reclamado austeridad, dan un primer paso creando 2 Vicepresidencias. Una cobrando 39.000 euros (PAR) y la otra 18.000 (PP).

Izquierda Unida ya se opuso la legislatura anterior a que las Vicepresidencias cobraran pluses diferentes a los demás consejeros (600 €). Izquierda Unida entiende que deben cobrar las asistencias motivadas por su trabajo con la limitación establecida.

En las Comarcas no está justificado ni el trabajo a tiempo completo del Presidente, pero mucho menos el de dos Vicepresidentes, aunque en este caso se quiera justificar con que el Presidente no tenga sueldo.

Señor Presidente, Si no quiere cobrar su sueldo, nos parece algo loable, sobre todo si no lo necesita, pero la representación de la Comarca corresponde al Presidente. Si no va a hacer su trabajo debería dejar el puesto, y si lo va a hacer, de ninguna manera se justifica una Vicepresidencia y mucho menos dos.

Izquierda Unida quiere hacer una oposición constructiva y el primer paso es dar a conocer las contradicciones de quienes gobiernan la Comarca y el segundo será reconocer los trabajos que se hagan bien y criticar los que no se hagan o se hagan mal, aportando las propuestas de mejora que nuestra asamblea sea capaz de establecer.

AUDITORIA MUNICIPAL ¿PARA QUE?

La Asamblea Local de IU en Sabiñánigo decide no apoyar la propuesta del Partido Popular de hacer una auditora económica y organizativa en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Izquierda Unida cree que la vigilancia de las actividades de las Corporaciones Locales en una democracia, reside en la honestidad de los cargos públicos, en la profesionalidad de los funcionarios públicos, en los controles de la propia administración y en el control de la oposición.

Los casos de corrupción que se dan por algunos cargos públicos deben ser detectados con más agilidad y desde luego denunciados ante el juzgado correspondiente para saber la responsabilidad de todos los órganos y personas implicadas,

Lo que no parece aceptable es que se generalice la sospecha sobre las administraciones públicas, ni sobre los ciudadanos que ejercen la función temporal de representar a los ciudadanos, ni sobre los funcionarios de las administraciones.

Mucho menos aceptable es que un grupo político pretenda gastar dinero en auditorías, internas o externas, con el fin de que le hagan el trabajo de control que deberían hacer ellos en su función de oposición.

Pero lo verdaderamente curioso es que se pretenda contratar a una empresa para que nos haga una propuesta de organización municipal, siendo que cualquier grupo político puede presentar una propia para su estudio y una propuesta de modificación de la actual. Nadie mejor que los responsables de los departamentos municipales saben donde se necesita más personal y donde, por la reducción de actividad, se puede hacer un cambio de funciones de los trabajadores.

Por ello, Izquierda Unida no ve motivo para gastar dinero en una auditoría económica, que ya la hace el Tribunal de Cuentas del Estado todos los años, ni de una auditoría organizativa, ya que considera perfectamente capacitados para organizar nuestro ayuntamiento a los funcionarios y responsables políticos.

Izquierda Unida en su control de la gestión política no ha detectado actitudes que deban denunciarse ante el juzgado en nuestro ayuntamiento, y las que no comparte políticamente las defiende en los órganos correspondientes y lo comunica a la opinión pública. Por ello invita a los demás grupos a que si son conocedores de actitudes ilegales lo comuniquen, si tienen propuestas, las presenten, pero no se colabore a dar una mala imagen de las administraciones públicas, que al final son un reflejo de la propia sociedad en la que vivimos.

Izquierda Unida propondrá que las cuentas de 2010, pasado el periodo de exposición pública, se envíen al Tribunal de Cuentas como se hace siempre, pero después, se habrá un período de dos meses más de exposición pública para que los ciudadanos puedan consultarlas y formular las preguntas, dudas o sugerencias que estimen oportunas, así como cualquier actuación municipal que considere que debe ser estudiada, siendo atendido por algún funcionario en los casos explicativos y enviado a la comisión de atención al ciudadano los casos diferentes.

La trasparencia y la confianza son necesarias en la vida pública.

Dueños de nuestra propia suerte

La iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones del Estado no se lo otorgasen.(29/06/2011 ANTONIO Aramayona. Profesor de Filosofía)

En la Grecia y la Roma clásicas, la ocupación filosófica prioritaria era cómo llegar a ser feliz, es decir, cuál es el camino que conduce a una forma de vida y un estado de ánimo que proporcionen auténtico placer y ayuden a asumir de forma positiva las desgracias y las frustraciones. La gente amaba la vida e intentaba pasarlo bien, ahuyentando en lo posible la tristeza y los estados depresivos. En resumidas cuentas, querían llevar una vida buena y una buena vida, por lo que también aceptaban con naturalidad que la muerte debía ser igualmente buena y digna. Acabar con la propia vida era un derecho socialmente aceptado, e incluso la ley romana contemplaba el suicidio por cansancio de vivir como un motivo aceptable, ya que la vida pertenece solo a cada persona, que tiene plena autonomía para decidir libre y responsablemente cómo vivir y cómo morir bien.

Sin embargo, en esa misma época los esclavos y los soldados tenían prohibido suicidarse. Para el resto, se trataba incluso de un acto honorable, pero soldados y esclavos no tenían ese derecho porque su vida no les pertenecía: los soldados pertenecían al Estado y los esclavos, a su amo. Salvo en esos casos, consideraban que bien vivir y bien morir es un acto de libertad personal, que nadie puede suplantar o vedar, de tal modo que cualquier pretensión de controlarlo atentaría contra el derecho inalienable de todos y de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte con plena autonomía.

Pues bien, los obispos católicos hispanos vuelven a arremeter contra la timorata Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (conocida como ley de muerte digna) prevista para el próximo período de sesiones parlamentarias. Hace unas fechas, el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, concertó con el católico militante ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que la iglesia católica no se opondría a la mencionada Ley, al menos hasta que el señor Ratzinger hubiese visitado Madrid en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud y hasta haber constatado la colaboración del Gobierno español en el éxito de dicha Jornada. Sin embargo, los obispos y las facciones más reaccionarias de entre las huestes católicas ven en los plácidos molinos de viento de esa Ley un intento de «colar la eutanasia», comparándola con «la matanza de ancianos», por lo que vuelven a expresar su condena respecto de la Ley de muerte digna.

Lo que realmente está en juego es la autonomía y la libertad de cada persona. Los obispos critican «una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta», pues afirman que la vida y la muerte pertenecen en último término a su dios, del que se declaran servidores e intérpretes. Poco hay que comentar a este respecto: si así lo creen, no tienen más que vivir y morir como crean conveniente, siempre que tuvieren claro que a los demás nos asiste el derecho fundamental e inalienable de decidir libre y responsablemente cómo vivir y morir bien y dignamente, y que nada ni nadie puede negar o controlar tal derecho. Mi autonomía es absoluta, pues depende de mí, solo de mí y nada más que de mí mismo. Mi vida y mi muerte no pertenecen a nadie, salvo a mí mismo, puesto que no tengo amo ni dueño.

En cualquier caso, la iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones públicas del Estado no se lo otorgasen de facto. Rouco Varela tendría los mismos derechos y obligaciones, ni uno más ni uno menos, que mi vecino de escalera, si Zapatero, Jáuregui, Bono o Juan Carlos de Borbón le reconociesen el mismo poder y los mismos privilegios que a cualquier otro ciudadano. La iglesia católica sigue recibiendo más de 10.000 millones de euros al año porque hasta el momento no ha habido un Gobierno o un Parlamento que hayan resuelto derogar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. La iglesia católica podría celebrar como cualquier otra institución privada su Jornada Mundial de la Juventud con tal de que pagasen de su bolsillo los viajes y los fastos, sin que el 50% estuviese financiado con dinero público, sin que Esperanza Aguirre obligase a los centros públicos de enseñanza madrileños a entregar llaves, abrir puertas y poner a disposición funcionariado público a los católicos que acuden a tal evento privado.

En 1974, 40 personalidades de la ciencia y de la cultura, entre ellas tres premios Nobel, dieron a conocer un Manifiesto sobre la eutanasia, que, entre otras cosas, dice: «Creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Esto implica que se le trate con respeto y se le deje libre para poder decidir razonablemente sobre su propia suerte».

La supeditación de las instituciones representativas a la banca

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo.

Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

Artículo publicado en El Plural

REPRESENTANTES DE IU EN LAS COMISIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Miembros de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)