Archivo por meses: marzo 2014

Marzo 2014 (2)

CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR

 

Izquierda Unida de Sabiñánigo ha encargado al Grupo de propuestas que lleva haciendo estudios en nuestra localidad desde hace más de dos años, que haga un resumen de los cuadernos de educación Popular escritos por Marta Harnecker en Chile durante el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende.

 Este trabajo es una introducción teórica al socialismo y las conexiones que deben tener el movimiento sindical y la representación política.

 En Izquierda Unida Sabiñánigo consideramos que la educación de los jóvenes está totalmente encaminada a su integración en un modelo capitalista que los va a hacer esclavos o indigentes.

 

Pensamos que el análisis del sistema capitalista desde el materialismo dialéctico les permitirá conocer porqué se encuentran en esta situación y hacia donde deben dirigir sus esfuerzos  si quieren cambiar esta sociedad.

 Lamentablemente los principios socialistas que agruparon a la mayoría trabajadora y social del siglo pasado se han perdido de la mano de unos representantes políticos y sindicales que ni son socialistas ni conocen los objetivos  que esta propuesta persigue. Son personas que desarrollan su carrera al calor de las instituciones capitalistas representando a colectivos sociales que se conforman con las migajas de un sistema que los considera mano de obra barata y no les reconoce los mínimos derechos sociales aunque estén recogidos en la Constitución.

 La situación actual permite ver con mucha más claridad quiénes son y que pretenden. La pena es que toda una generación sufre en silencio, sin entender lo que ocurre, las consecuencias de un sistema capitalista donde no tienen sitio ni como trabajadores ni como personas.

 Desde aquí hago un llamamiento a profundizar en otros modelos de sociedad, a no resignarse ni seguirles el juego. Podemos organizarnos y generar los recursos necesarios para vivir integrados en nuestra sociedad, son ellos los que sobran, no vosotros.

 No perdáis la esperanza, tenemos que empezar casi desde cero, pero considerar que nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado su momento. Ella genera una ilusión y un motivo por el que luchar, luchar cada mañana y hasta terminar el día, porque sabemos que nuestro esfuerzo va dirigido a la mejora de toda la humanidad.

 

MHUEL informa a los ayuntamientos aragoneses sobre las

inmatriculaciones de la iglesia

21 de marzo de 2014.

 

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico  ( MHUEL ) informa  a los Ayuntamientos de Aragón y pone en su conocimiento que la actual ley hipotecaria en vigor en su artículo 206 equipara a la Iglesia Católica  como corporación de derecho público, permitiendo a los diocesanos ( Arzobispos y Obispos )   inmatricular ( Primer registro ) bienes de dominio público sin necesidad de tener que demostrar la propiedad del mismo.

   El citado artículo 206 de la ley y el artículo 304 del reglamento hipotecario conceden sólo a la Iglesia Católica ( Exentas otras confesiones religiosas ) dicho proceder equiparando de «facto » a un Obispo a la categoría de fedatario público a la hora de inmatricular un bien de origen público.

    MHUEL hace un llamamiento a las Corporaciones municipales de Aragón , para que verifiquen si así es su deseo, todas las propiedades sujetas a posibles dudas sobre su titularidad , fincas urbanas o rústicas con poca  documentación registral , así como de terrenos adyacentes a ermitas , abadías etc en los que exista un convencimiento pleno de pertenencia al municipio ( Pinares , frontones , parques , lavaderos etc ).

   La asociación MHUEL respeta en todo momento las creencias o no creencias de la ciudadanía, pero quiere hacer este llamamiento para preservar el bien común público que pertenece al pueblo y que puede ser «expoliado» legalmente por estas leyes en vigor que nos parecen anticonstitucionales y que solo otorgan privilegios.

 Manifestación contra las inmatriculaciones en Pamplona. Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro

Manifestación  inmatriculaciones Pamplona

 

 

«Vamos a por ellos, coño», gritó un mando a los antidisturbios

Lo que pasó el sábado en Madrid es un gravísimo punto de inflexión en la ya intolerable represión del derecho a la protesta y a la manifestación. Disparar pelotas de goma en una plaza con miles de personas, muchas de las cuales son ancianos y niños, se parece demasiado a una declaración de guerra.

Ruth Toledano                                                              22M

Los antidisturbios cargaron violentamente el sábado contra la Marcha por la Dignidad cuando aún no eran las 9 de la noche (hora hasta la que estaba autorizada la manifestación), el coro de la Solfónica cantaba en un escenario abarrotado y la plaza de Colón, el paseo de Recoletos y las calles aledañas estaban llenas de miles de personas, entre ellas numerosos niños y personas mayores. Lanzaron gases lacrimógenos, apalearon con sus porras de metal recubierto, retorcieron brazos con brutalidad, dieron patadas y dispararon sus asquerosas pelotas de goma, que podrían haber dejado tuerto a alguien o matado a uno de esos niños.

La versión oficial asegura que todo empezó porque alguien lanzó objetos a los agentes. Pero los portavoces oficiales no tienen, desde luego, la más mínima autoridad moral para que creamos su versión. Si el Gobierno miente por sistema. Si el Ministerio del Interior miente por sistema. Si han mentido sobre los muertos de Melilla ante todos los medios de comunicación, ante los observadores internacionales y en el mismísimo Congreso de los Diputados, ¿cómo pretenden que creamos que la agresividad de los antidisturbios no fue una provocación preparada con antelación?

No nos creemos la versión oficial porque el hecho de haber dispuesto 1.700 efectivos de la Unidad de Intervención Policial ya era una declaración de intenciones: sabíamos que semejante e innecesario despliegue significaba que iban a cargar. ¿Por qué, si no, tantos antidisturbios para una convocatoria que, según Telemadrid (la misma fuente oficial, a fin de cuentas), solo congregó a 4.000 personas? ¿Por qué se produjeron los enfrentamientos justo a tiempo de enviar imágenes violentas a los telediarios de la noche? ¿Por qué se produjeron a una hora en la que la Marcha no había terminado pero al Ministerio del Interior le daba tiempo de preparar un enlace con fotos y enviarlo a la prensa para su publicación?

No nos creemos la versión oficial porque ya hemos visto otras veces a sus esbirros infiltrados entre los manifestantes para provocar unos enfrentamientos que interesan al Gobierno. El sábado les interesaban especialmente, pues el Gobierno necesitaba desvirtuar con violencia el éxito de la Marcha por la Dignidad, que fue multitudinaria, unida en la diversidad y pacífica. Tenían una poderosa razón para llevar a cabo esas bestiales cargas: si no la lían ellos mismos, las fotos que habrían quedado serían solo las de esa imponente masa de indignados. Ahora tenemos las de los destrozos y las de unos encapuchados que parecen manifestantes violentos pero ayudan a los antidisturbios a esposar a uno en el suelo (mientras, por cierto, le aplastan la cabeza con un escudo policial).

No nos creemos la versión oficial porque, dos días antes, el presidente de la Comunidad de Madrid, ese Ignacio González puesto a dedo a pesar de estar relacionado con diversos delitos y de dedicarse a perseguir periodistas, había comparado el contenido del manifiesto de la Marcha por la Dignidad con el ideario político de los neonazis griegos de Amanecer Dorado y había deseado que el sábado no se produjeran lesiones “para nadie” ni contra “el patrimonio de todos”. Ante tal don visionario y ante un análisis político de tal calado (que ayudó a enriquecer el portavoz de su Gobierno, Salvador Victoria, catalogando las mareas como “izquierda extrema” y diciendo que los sindicalistas andaluces “van a Venezuela en business”), no nos sorprende que los suyos tuvieran previsto reventar, sin más, la fuerza movilizadora de trabajadores, parados, desahuciados y otros cientos de miles de ciudadanos indignados.

No nos creemos la versión oficial porque Cristina Cifuentes ya había advertido en Twitter: “Acampar en Madrid está prohibido fuera de las zonas habilitadas específicamente para ello, y las Fuerzas de Seguridad harán cumplir la ley”. Es decir, tenía a sus huestes aleccionadas para cargar en cuanto hubiera el más mínimo indicio de acampada, como así fue: cuando los antidisturbios arremetieron contra la multitud, se había empezado a levantar un campamento en Recoletos, previsto para permanecer allí hasta el martes, pero unos minutos antes de que empezaran las cargas, decenas de furgones policiales ya se habían acercado a la zona donde se montaban las lonas. Cabe señalar la obviedad de que una acampada, esté o no prohibida, no constituye en sí misma un acto violento. Pero Cifuentes quiere demostrar al PP que tiene la mano suficientemente dura para liderar el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid como su partido considera que hay que hacerlo: a lo tonto, como Botella; a lo mafioso, como González; o a lo bestia, como ella.

No nos creemos la versión oficial porque, aún en el caso de que fueran alborotadores quienes comenzaron los enfrentamientos, los agentes antidisturbios están ahí (les pagamos por ello) precisamente para proteger el curso pacífico de la marcha y la seguridad de los manifestantes, y no, al contrario, para poner en grave peligro su integridad física y su vida. ¿Cómo pretenden que los creamos después de enterarnos de que el hijo del golpista Tejero dirigía una unidad de antidisturbios de la Guardia Civil hasta ser destituido por celebrar en el cuartel el aniversario del 23F? Teniendo en cuenta que esa es la clase de jefes que tienen los distintos grupos de “control de masas”, encaja a la perfección el comportamiento violento de la policía antidisturbios, a quienes el sábado en Colón uno de sus mandos jaleó al tejeril grito de “vamos a por ellos, coño”.

No nos creemos la versión oficial porque es el ministro Fernández Díaz, ese ministro, el de la “ley mordaza”, el de las vallas de Melilla, el de las mentiras sobre los inmigrantes ahogados mientras recibían disparos de pelotas de goma, ese ministro, el que defiende la actuación de los antidisturbios en Madrid y acusa a los manifestantes de atacarlos. ¿Es que piensa que le resta un mínimo de credibilidad?

Lo que pasó el sábado en Madrid es un gravísimo punto de inflexión en la ya intolerable represión del derecho a la protesta y a la manifestación. Es el peligroso estiramiento de la tensión entre una ciudadanía pacífica y un Gobierno de creciente sesgo dictatorial, tensión que no se ha vuelto definitivamente insostenible gracias al aguante, a la resistencia, a la templanza y a la responsabilidad de esta ciudadanía. Pero disparar pelotas de goma en una plaza con miles de personas, muchas de las cuales son ancianos y niños, se parece demasiado a una declaración de guerra. Viene a decir: “Podéis ser más de un millón y ser pacíficos. Nosotros diremos que sois violentos y que no pasáis de 4.000. Pero eso no es todo: vamos a disparar y podemos dar en la cara a vuestros hijos. Así que os lo pensáis antes de volver a la calle. Porque vamos a por vosotros, coño”.

 

Marzo 2014

IZQUIERDA UNIDA APOYA LA GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES CON LA EMPRESA ALUDESA

 

Izquierda Unida de Sabiñánigo ante la escalada de desindustrialización que tiene España como consecuencia de la firma de tratados internacionales en los que se deja en un segundo plano el desarrollo industrial de nuestro país y la continua pérdida de empleo industrial en nuestra localidad, que tiene como origen la eliminación de los costes de transporte de energía eléctrica, que favorecía la instalación de industrias cerca de lugares donde había producción eléctrica, entiende  como una verdadera emergencia la supervivencia de las empresas que aún existen en nuestra localidad.

Fruto de esta necesidad y teniendo en cuenta varias experiencias de eliminación de actividad industrial a través de de compra de las empresas para quedarse con la cartera de clientes y posteriormente cerrarlas, y entendiendo que la globalización exige grandes infraestructuras empresariales, que difícilmente puede lograse con ninguna de las empresas interesadas, pensamos que la opción de compra de los trabajadores de INASA a través de la empresa ALUDESA es la que ofrece mayores garantías de mantenimiento de la actividad  industrial, llegando a pensar que si ellos no son capaces de sacarla adelante, nadie podrá hacerlo.

Nos parece de interés el mantener una empresa mediana, con una limitada exposición al endeudamiento y que se centre en productos de calidad con alta demanda.

Son los trabajadores quienes saben hacer funcionar la empresa, son ellos los mayores interesados en que la misma  perviva, y son los que mayores esfuerzos pueden hacer para conseguirlo.

La gestión de la empresa no tiene porqué ser peor si es realizada por personas que contraten los propios trabajadores y en cambio puede garantizar que sus actuaciones busquen su beneficio y el de la comunidad donde desarrollan su actividad.

Por todo ello Izquierda Unida de Sabiñánigo manifiesta sin ninguna duda su preferencia por la opción presentada por los propios trabajadores.

 Fdo: Miguel Paradís Villacampa: Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo

 

ADHESIONES AL MANIFIESTO INTELECTUALES POR LA III REPÚBLICA

 Han transcurrido treinta y seis años desde que se instauró en España la democracia con una monarquía constitucional como forma de Estado, con un Rey impuesto por el dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía. Éste fue el principal precio que se pagó en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia, al no tener lugar la ruptura democrática y articularse una reforma pactada, bajo la presión ejercida por el Ejército surgido del golpe de Estado de 1936 contra la II República, los poderes económicos y la larga mano de los EE.UU.

 La instauración de esta forma de la Monarquía de Juan Carlos de Borbón fue acompañada, además, por la introducción en la Constitución de 1978 de toda una serie de preceptos que configuran a dicha institución con perfiles claramente antidemocráticos. La clave de bóveda de esta grave contradicción constitucional ra­dica en que el artículo 1.2 proclama que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y por otro lado el artículo 56, apar­tado 3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabili­dad”. Flagrante vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles que proclama la misma Constitución.

 Treinta y cinco años después de aprobada la Constitución que ha regido desde entonces la vida de nuestra sociedad, tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía. Es evidente que los escándalos de todo orden que han salpicado últimamente a la Casa Real han contribuido a acre­centar la desafección entre la ciudadanía hacia la persona del rey y su familia. Para nosotros, no es una cuestión de personas, sino de la institución monárquica en sí, a la que consideramos obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado.

 La profunda crisis que vive hoy nuestro país- no solo económica, sino también política y moral-, recuerda, salvando las distancias temporales que nos separan de aquel periodo histórico, la vivida en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera, que desembocó en el advenimiento de la II República. La Agrupación al Servicio de la República lanzaba entonces un llamamiento a favor de la instauración en España de un régimen republicano. “La Monarquía de Sagunto”- decía ese lla­mamiento- “ha de ser sustituida por una República”. Pero, dado que la Monarquía no iba a ceder “tan galantemente”, y el paso a un sistema de poder público solo se rendiría “ante una formidable presión de la opinión pública”, era urgentísimo or­ganizar esa presión, haciendo que “sobre el capricho monárquico” pesase “con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo”. La Monarquía de hoy, surgida por imposición de un régimen dictatorial y perpetuada por los pactos concertados por los partidos de izquierda con la derecha postfranquista, tampoco es representa­tiva de esa voluntad.

 El Manifiesto de febrero de 1931 se proponía movilizar a la ciudadanía para que formara “un copioso contingente de propagandistas y defensores de la Re­pública española”. Sus autores llamaban a “todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, a los ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley”. También se refería muy es­pecialmente a la necesidad de contar con ”la colaboración de la juventud”, respecto de la cual se expresaban así: “Tratándose de decidir el futuro de España es impres­cindible la presencia activa y sincera de una generación en cuya sangre fermente la sustancia del porvenir”.

 Lo mismo que ayer, nuestro llamamiento va también dirigido hoy a los intelec­tuales- escritores, periodistas, artistas-, a los que desempeñan tareas docentes desde la escuela primaria a la Universidad, a los que ejercen profesiones liberales- médicos, ingenieros, arquitectos, abogados-, a los integrantes de la decisiva comu­nidad científica, a los que ocupan cargos en la función pública, y, por supuesto, a la clase trabajadora, que fue y sigue siendo la que más soporta el peso de las injusticias y desigualdades del salvaje capitalismo neoliberal. Y, de manera muy particular, a las generaciones jóvenes que no participaron en la discusión y aceptación de la Cons­titución de 1978, pero cuyas consecuencias padecen como el resto de la sociedad. Porque nosotros también insistimos en que en su savia nutra el futuro.

 Ha llegado el momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España. Por ello, pedimos la convocatoria de un referéndum, en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre Monarquía o República. En el caso de triunfar esta última opción, se abriría un periodo de Cor­tes Constituyentes, en el que se elaboraría una nueva Constitución y se procedería después a la convocatoria de elecciones para la formación de un nuevo Parlamento como representante de la soberanía popular. La Constitución que se adopte debería prever las modalidades de elección del Presidente de la República del nuevo Estado, que adoptaría la forma de República federal.

 El nuevo Estado no sería aconfesional, como lo es el actual, conforme a la Constitución de 1978, cuyo artículo 16, apartado 3, dice que “ninguna confe­sión tendrá carácter estatal”, sino laico, como estipulaba el artículo 3 de la Consti­tución de 1931: “El Estado español no tiene religión oficial”. En él se fomentarán y divulgarán desde la escuela primaria los valores laicos y republicanos.

 Desde el final de la Guerra Civil hasta hoy la consigna más falaz esgrimida por los vencedores del conflicto no ha sido otra que repetir machaconamente que tanto la I República, la de 1873, como la II, la de 1931, constituyeron un fracaso que condujo a España a la ingobernabilidad provocada por el desorden. Quienes aún hoy se permiten formular esta opinión o bien tergiversan deliberadamente el signi­ficado de las dos experiencias republicanas o son víctimas del lavado de cerebro que desde hace más de dos siglos (1789, Revolución Francesa) han venido persiguiendo los monárquicos volcados en impedir por todos los medios, incluidos los golpes de Estado de los generales Pavía y Franco, la modernización social y cultural que aca­rrearon las dos experiencias republicanas, la II en particular.

 La III República ha de ser la obra de todos los españoles, hombres y mujeres, en un esfuerzo común por dotar a nuestro país de un Estado que esté en con­sonancia con nuestro tiempo. Una de las mayores preocupaciones de los hombres y mujeres de la II República fue la moralización de las instituciones y de la vida pública degradadas por un sistema, también bipartidista, que desembocó en la primera dictadura militar del siglo XX amparada por el monarca Alfonso XIII. Obviamente, entre las tareas primordiales del nuevo régimen republicano figurará el objetivo de apostar por la igualdad social. También la consecución de un moderno Estado de Bienestar asentado en una fiscalidad progresiva más justa cuyas conquis­tas sociales hagan pasar a la historia las hasta ahora conseguidas.

 La III República no es una quimera, no es una utopía. Es una urgente necesidad de regeneración democrática. Y puede ser una realidad, si to­dos nos unimos y luchamos juntos por conseguirlo. Sin olvidar las experien­cias republicanas del pasado, la III República ha de mirar hacia el futuro.

 Ateneo de Madrid, 18 de febrero de 2.014