FONDOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO RURAL

Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha presentado una Moción al pleno de la Corporación, con el fin de reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente que no retire la financiación comprometida en este programa que busca facilitar el desarrollo rural y en el que participaron diferentes entidades y agentes sociales y económicos de la Comarca. La moción incluye para su aprobación tres puntos:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo rechaza el unilateral incumplimiento que hace el MARM de la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible que supone un grave frenazo al Desarrollo Rural de nuestras Comarcas que confiaron en el Plan de Desarrollo Rural elaborado con la participación de las entidades y agentes sociales y económicos de cada una de ellas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo acuerda dirigirse al Gobierno de Aragón para que urgentemente reclame ante el MARM el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado el 4 de junio de 2010, con una dotación para el periodo 2010-2014 de 1810 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

3.-Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados solicitándoles que requieran al MARM para que cumpla estrictamente lo recogido en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por el gobierno el 4 de junio de 2010.

ORGANIZACIÓN COMARCA ALTO GÁLLEGO

Izquierda Unida del Alto Gállego votó en contra de la propuesta de organización de la Comarca del Alto Gállego presentada por su actual Presidente, (nombrado por 7 votos del PAR y 6 votos del PP).

La derecha nacional y la autonómica, que tanto han reclamado austeridad, dan un primer paso creando 2 Vicepresidencias. Una cobrando 39.000 euros (PAR) y la otra 18.000 (PP).

Izquierda Unida ya se opuso la legislatura anterior a que las Vicepresidencias cobraran pluses diferentes a los demás consejeros (600 €). Izquierda Unida entiende que deben cobrar las asistencias motivadas por su trabajo con la limitación establecida.

En las Comarcas no está justificado ni el trabajo a tiempo completo del Presidente, pero mucho menos el de dos Vicepresidentes, aunque en este caso se quiera justificar con que el Presidente no tenga sueldo.

Señor Presidente, Si no quiere cobrar su sueldo, nos parece algo loable, sobre todo si no lo necesita, pero la representación de la Comarca corresponde al Presidente. Si no va a hacer su trabajo debería dejar el puesto, y si lo va a hacer, de ninguna manera se justifica una Vicepresidencia y mucho menos dos.

Izquierda Unida quiere hacer una oposición constructiva y el primer paso es dar a conocer las contradicciones de quienes gobiernan la Comarca y el segundo será reconocer los trabajos que se hagan bien y criticar los que no se hagan o se hagan mal, aportando las propuestas de mejora que nuestra asamblea sea capaz de establecer.

AUDITORIA MUNICIPAL ¿PARA QUE?

La Asamblea Local de IU en Sabiñánigo decide no apoyar la propuesta del Partido Popular de hacer una auditora económica y organizativa en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Izquierda Unida cree que la vigilancia de las actividades de las Corporaciones Locales en una democracia, reside en la honestidad de los cargos públicos, en la profesionalidad de los funcionarios públicos, en los controles de la propia administración y en el control de la oposición.

Los casos de corrupción que se dan por algunos cargos públicos deben ser detectados con más agilidad y desde luego denunciados ante el juzgado correspondiente para saber la responsabilidad de todos los órganos y personas implicadas,

Lo que no parece aceptable es que se generalice la sospecha sobre las administraciones públicas, ni sobre los ciudadanos que ejercen la función temporal de representar a los ciudadanos, ni sobre los funcionarios de las administraciones.

Mucho menos aceptable es que un grupo político pretenda gastar dinero en auditorías, internas o externas, con el fin de que le hagan el trabajo de control que deberían hacer ellos en su función de oposición.

Pero lo verdaderamente curioso es que se pretenda contratar a una empresa para que nos haga una propuesta de organización municipal, siendo que cualquier grupo político puede presentar una propia para su estudio y una propuesta de modificación de la actual. Nadie mejor que los responsables de los departamentos municipales saben donde se necesita más personal y donde, por la reducción de actividad, se puede hacer un cambio de funciones de los trabajadores.

Por ello, Izquierda Unida no ve motivo para gastar dinero en una auditoría económica, que ya la hace el Tribunal de Cuentas del Estado todos los años, ni de una auditoría organizativa, ya que considera perfectamente capacitados para organizar nuestro ayuntamiento a los funcionarios y responsables políticos.

Izquierda Unida en su control de la gestión política no ha detectado actitudes que deban denunciarse ante el juzgado en nuestro ayuntamiento, y las que no comparte políticamente las defiende en los órganos correspondientes y lo comunica a la opinión pública. Por ello invita a los demás grupos a que si son conocedores de actitudes ilegales lo comuniquen, si tienen propuestas, las presenten, pero no se colabore a dar una mala imagen de las administraciones públicas, que al final son un reflejo de la propia sociedad en la que vivimos.

Izquierda Unida propondrá que las cuentas de 2010, pasado el periodo de exposición pública, se envíen al Tribunal de Cuentas como se hace siempre, pero después, se habrá un período de dos meses más de exposición pública para que los ciudadanos puedan consultarlas y formular las preguntas, dudas o sugerencias que estimen oportunas, así como cualquier actuación municipal que considere que debe ser estudiada, siendo atendido por algún funcionario en los casos explicativos y enviado a la comisión de atención al ciudadano los casos diferentes.

La trasparencia y la confianza son necesarias en la vida pública.

Dueños de nuestra propia suerte

La iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones del Estado no se lo otorgasen.(29/06/2011 ANTONIO Aramayona. Profesor de Filosofía)

En la Grecia y la Roma clásicas, la ocupación filosófica prioritaria era cómo llegar a ser feliz, es decir, cuál es el camino que conduce a una forma de vida y un estado de ánimo que proporcionen auténtico placer y ayuden a asumir de forma positiva las desgracias y las frustraciones. La gente amaba la vida e intentaba pasarlo bien, ahuyentando en lo posible la tristeza y los estados depresivos. En resumidas cuentas, querían llevar una vida buena y una buena vida, por lo que también aceptaban con naturalidad que la muerte debía ser igualmente buena y digna. Acabar con la propia vida era un derecho socialmente aceptado, e incluso la ley romana contemplaba el suicidio por cansancio de vivir como un motivo aceptable, ya que la vida pertenece solo a cada persona, que tiene plena autonomía para decidir libre y responsablemente cómo vivir y cómo morir bien.

Sin embargo, en esa misma época los esclavos y los soldados tenían prohibido suicidarse. Para el resto, se trataba incluso de un acto honorable, pero soldados y esclavos no tenían ese derecho porque su vida no les pertenecía: los soldados pertenecían al Estado y los esclavos, a su amo. Salvo en esos casos, consideraban que bien vivir y bien morir es un acto de libertad personal, que nadie puede suplantar o vedar, de tal modo que cualquier pretensión de controlarlo atentaría contra el derecho inalienable de todos y de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte con plena autonomía.

Pues bien, los obispos católicos hispanos vuelven a arremeter contra la timorata Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (conocida como ley de muerte digna) prevista para el próximo período de sesiones parlamentarias. Hace unas fechas, el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, concertó con el católico militante ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que la iglesia católica no se opondría a la mencionada Ley, al menos hasta que el señor Ratzinger hubiese visitado Madrid en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud y hasta haber constatado la colaboración del Gobierno español en el éxito de dicha Jornada. Sin embargo, los obispos y las facciones más reaccionarias de entre las huestes católicas ven en los plácidos molinos de viento de esa Ley un intento de «colar la eutanasia», comparándola con «la matanza de ancianos», por lo que vuelven a expresar su condena respecto de la Ley de muerte digna.

Lo que realmente está en juego es la autonomía y la libertad de cada persona. Los obispos critican «una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta», pues afirman que la vida y la muerte pertenecen en último término a su dios, del que se declaran servidores e intérpretes. Poco hay que comentar a este respecto: si así lo creen, no tienen más que vivir y morir como crean conveniente, siempre que tuvieren claro que a los demás nos asiste el derecho fundamental e inalienable de decidir libre y responsablemente cómo vivir y morir bien y dignamente, y que nada ni nadie puede negar o controlar tal derecho. Mi autonomía es absoluta, pues depende de mí, solo de mí y nada más que de mí mismo. Mi vida y mi muerte no pertenecen a nadie, salvo a mí mismo, puesto que no tengo amo ni dueño.

En cualquier caso, la iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones públicas del Estado no se lo otorgasen de facto. Rouco Varela tendría los mismos derechos y obligaciones, ni uno más ni uno menos, que mi vecino de escalera, si Zapatero, Jáuregui, Bono o Juan Carlos de Borbón le reconociesen el mismo poder y los mismos privilegios que a cualquier otro ciudadano. La iglesia católica sigue recibiendo más de 10.000 millones de euros al año porque hasta el momento no ha habido un Gobierno o un Parlamento que hayan resuelto derogar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. La iglesia católica podría celebrar como cualquier otra institución privada su Jornada Mundial de la Juventud con tal de que pagasen de su bolsillo los viajes y los fastos, sin que el 50% estuviese financiado con dinero público, sin que Esperanza Aguirre obligase a los centros públicos de enseñanza madrileños a entregar llaves, abrir puertas y poner a disposición funcionariado público a los católicos que acuden a tal evento privado.

En 1974, 40 personalidades de la ciencia y de la cultura, entre ellas tres premios Nobel, dieron a conocer un Manifiesto sobre la eutanasia, que, entre otras cosas, dice: «Creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Esto implica que se le trate con respeto y se le deje libre para poder decidir razonablemente sobre su propia suerte».

La supeditación de las instituciones representativas a la banca

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo.

Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

Artículo publicado en El Plural

REPRESENTANTES DE IU EN LAS COMISIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Miembros de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública