Septiembre 2011

ARREGLEMOS EL PUEBLO

 

Izquierda Unida de Sabiñánigo ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que reclame, a la empresa propietaria de las instalaciones de  la antigua Aludisc, el arreglo de  la valla exterior que da a la avenida de Huesca; por el riesgo que supone para los viandantes el mal estado de la misma.

Izquierda Unida cree que los propietarios de las instalaciones de empresas deben tener las mismas exigencias que los propietarios de las parcelas urbanas, y debe exigírseles el mantenimiento adecuado de las instalaciones que  limitan con la zona pública. Por ello, y tras el esfuerzo hecho, por otra empresa de la misma avenida, al acondicionar su valla exterior, entendemos que es un buen momento para solicitar  la sustitución de los tramos  de valla deteriorada del resto de la avenida de Huesca.

También ha solicitado  que informen a los responsables de la salida de desagües industriales, en la misma zona,  que es conveniente el corte de la hierba por el riesgo de incendio en estas fechas de altas temperaturas.

                                      EMPLEO INDUSTRIAL PARA SABIÑÁNIGO

 

Izquierda Unida reclama empleo industrial para Sabiñánigo, y pide a la población  en general, empresarios, trabajadores en activo, parados, jubilados, y jóvenes, de todos los sexos y sea cual sea su posición política o sindical, que tomen conciencia de la importancia de estar unidos  y movilizarse para reclamar empleo industrial para nuestra población.

 

Sabiñánigo viene perdiendo empleo industrial sistemáticamente, pero la situación actual se muestra más preocupante que en etapas anteriores. La sociedad no actúa ante la pérdida de empleo. La individualización de la vida social sugiere a los ciudadanos buscar soluciones a sus problemas, a los de su empresa o la de su familia de forma individual. Confía en la representación social, a través del Consejo de Fomento, y en la Política, a través de los grupos políticos municipales, para buscar alternativas a la pérdida de empleo industrial; pero todo esto no es suficiente.

En este momento es necesaria la movilización social, que haga ver la situación de emergencia en la que está entrando Sabiñánigo, como Ciudad que nació por la industria y que tendrá serios problemas para sobrevivir sin ella.

El problema de Sabiñánigo es que ha perdido el principal atractivo, que hizo venir a la mayoría de empresas existentes a nuestra localidad, que no es otro que las condiciones favorables en el precio de la energía. Esta ventaja se eliminó socializando el precio del transporte de la energía, lo que benefició a muchas poblaciones, pero perjudicó a la nuestra.

La mejora de las comunicaciones y la abundancia de agua son insuficientes para mantener un número de empleo en grandes empresas, de las que dependen muchas de las empresas pequeñas, ya sean talleres, tiendas de alimentación, vestido o complementos, cuya  actividad depende de los trabajadores de estas empresas y sus familias.

La situación actual afecta a todos, por lo que todos debemos reaccionar. El cierre de Dequisa o la reducción de plantilla de INASA, son indicadores de que el empleo industrial se sigue reduciendo en nuestra población, y que nos muestran que en un sistema capitalista las empresas se guían por criterios económicos y que ninguna Ley del sistema puede impedir que cierren o que se vayan, a pesar de una excelente actuación sindical y de las autoridades laborales.

Por ello, Sabiñánigo debe reclamar un compromiso de empleo industrial, que reconozca y compense el esfuerzo de socializar el precio del transporte de la energía, con una cantidad determinada de puestos de trabajo en grandes empresas, que puede fijarse en los existentes en diciembre de 2005, por considerar que: por debajo de esta cantidad de empleo industrial, el empleo en las pequeñas empresas de la zona puede entrar en una caída escalonada. Transportistas, talleres, comercios… no podrán subsistir con la actividad turística del territorio.

JOSÉ LUÍS SANPEDRO

Carta a Don José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente del estado Español.

Y al resto de las señorías que portan la representatividad parlamentaria. Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha. Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido. Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional. Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación. Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo. De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla. Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo. Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución. Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot. Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto. Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia. Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía. Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos. Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.  Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas. Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó. Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo. Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Así lo espero.

La escuela y la necesidad ética de ser anticlerical

Pedro L. Angosto   Rebelión

En palabras de los profesores Suárez Cortina y La Parra López, autores del libro Anticlericalismo español contemporáneo, a nuestro juicio uno de los mejores estudios sobre la cuestión realizados en España, el anticlericalismo es simplemente la lucha contra el clericalismo, un fenómeno que se desarrolla más en aquellos países donde el predominio y la influencia del clero es más significativo en aspectos mundanos de la vida, adquiriendo, también en esos países, connotaciones extremas que han desembocado a veces en episodios violentos. Sin embargo, no es la violencia una característica consustancial al anticlericalismo, todo lo contrario. Normalmente, los anticlericales han sido personas de una enorme formación humanística, incluso cristiana, hasta el punto que en muchos de ellos el gesto anticlerical nacía de un rechazo frontal a la tergiversación y manipulación que la Iglesia católica había hecho de la doctrina cristiana primigenia en beneficio de su jerarquía y de las clases dominantes más retardatarias, aunque la verdadera razón de ser del anticlericalismo hay que inscribirla necesariamente en el proceso de secularización, racionalización y modernización de la sociedad que entre nosotros comienza en el siglo XIX.

Anticlericales españoles ilustres fueron Moratín, Blanco White, Goya, Pérez Galdós, Clarín, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Pi y Margall, el Dr. Rico, Antonio Machado, Verdes Montenegro, Eugenio Noel, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Pérez de Ayala, Marcelino Domingo, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Augusto Barcia, Roberto Castrovido, Odón y Demófilo de Buen, Manuel Azaña y, en definitiva, buena parte de los intelectuales españoles de los dos últimos siglos. Pero fue quizá Manuel Azaña, en el célebre discurso parlamentario en defensa del artículo 26 de la Constitución de 1931, quien mejor ha sabido definir las esencias del anticlericalismo español. Fue en aquella alocución cuando Azaña dijo que “España había dejado de ser católica”, frase manipulada hasta la extenuación por el franquismo y sus seguidores actuales. Empero, nunca como en aquella ocasión, político alguno tuvo palabras más encomiásticas para la Iglesia católica española, para aquella Iglesia que durante unos siglos se confundió con el propio Estado, con la producción intelectual, con el ser de España, pero que al terciar el siglo XX se había convertido en una auténtica rémora para el progreso social de España, unida e identificada como estaba a los sectores más reaccionarios del país. Se quiso entonces –con mala fortuna, es evidente- aplicar a España las leyes laicistas que estaban en vigor en Francia desde 1905. Se trataba únicamente de que los creyentes sufragasen los gastos de la Iglesia, de que los clérigos se dedicasen exclusivamente a su “oficio” y no a moldear y controlar las mentes de los niños, de que el Estado no otorgase privilegios ni tratos de favor a confesión religiosa de ningún tipo. Nada más.

Hoy, después de cuarenta años de nacional-catolicismo criminal, unas semanas después de que las distintas administraciones se hayan gastado más de cincuenta millones de euros en la visita a España del Jefe del Estado Vaticano, mientras la insignia educativa de Gobiernos autonómicos derechistas como el valenciano, el madrileño, el catalán o el manchego sigue siendo dar miles de millones a los colegios católicos en detrimento de los estatales dentro de un ataque sin precedentes al sistema educativo público que, so escusas económicas insostenibles, pretenden desamortizar a favor de las órdenes religiosas; abrumados por la implicación política de la Iglesia católica española, que sigue unida a las facciones más ultramontanas de la sociedad española y empeñada en la desestabilización política y reaccionaria del país que promueve su partido –el popular- y medios propios y afines como la COPE o El Mundo, que continúa atada a lo mundano tanto como cualquier buscador de fortuna, somos muchos los españoles que nos sentimos anticlericales, que reclamamos el derecho a ser anticlericales, que exigimos al Estado –hace casi un lustro, el 1 de enero de 2007 se cumplió el plazo pactado hace ya años para que la Iglesia se autofinanciase- que suprima el presupuesto destinado al clero, que deje de subvencionar colegios confesionales, racistas y clasistas y dedique ese presupuesto a armar una enseñanza pública de calidad y laica, que, en fin, ya está bien, rompa cualquier tipo de amarras –salvo las diplomáticas- con una institución privada que debe ser sostenida sólo y exclusivamente por sus “socios” pagando por los servicios que de ella reciban.

España, todas las tierras de España, tienen un problema gravísimo con la Iglesia católica. Desde el siglo de las luces, esa institución se ha negado a cualquier tipo de progreso, ha influido en los poderes públicos para expulsar de nuestras universidades a los profesores e investigadores más valiosos, negó la teoría de la evolución y obligó a que todo el país la negara, impidió que Pérez Galdós obtuviese el premio Nobel de literatura, se opuso y se opone a los derechos civiles más esenciales, sobre todo aquellos que afectan a las mujeres, a la condición sexual de las personas y a la igualdad de todos ante la ley, ya que no paga impuesto alguno por el inmenso patrimonio que posee; en su locura por el dominio de las conciencias estuvo en el origen de la guerra civil de 1936 y amparó la terrible represión franquista. Lejos de mostrar arrepentimiento o de haber recapacitado sobre su lugar en el mundo de los vivos, hoy la Iglesia católica española recibe más de un billón de pesetas de las distintas Administraciones y, de acuerdo con su brazo político, pretende hacerse con el monopolio de la educación en España, lo que sin duda sería una catástrofe para un país que debe gran parte de su atraso, de su mala educación, de su amoralidad, de sus corruptelas, de sus chanchullos y de su fatalismo al dominio que sobre las conciencias han ejercido desde la noche de los tiempos quienes obedecen al Papa Santo de Roma y buscan, muy por encima del interés general, el de su empresa.

No hay en estas palabras –enseguida alguien saldrá hablando de odio, de rencor, de guerracivilismo y otras patrañas- la más mínima animadversión hacia la Iglesia romana, todo lo contrario, hay en ellas un anhelo regeneracionista que enlaza directamente con las palabras de los teólogos Jon Sobrino, Miret Magdalena y Hans Küng: La Iglesia católica sólo será ella misma cuando vuelva los ojos al Evangelio y no dependa económicamente más que de sus feligreses; también, como no, el deseo de que el Estado español sea totalmente laico, lo que nunca entrará en contradicción con el hecho de que los españoles puedan ser o creer en lo que quieran o apetezcan.