MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

D. Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sabiñánigo viene a formular para su aprobación la siguiente                                                MOCIÓN

INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 i 2010 en en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala yno tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el

artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.

Por ello  se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente

ACUERDO

Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a

disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha

comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EDITADAS POR EL MOVIMIENTO SINDICAL

Elige la opción que más te interese:
¿Qué prefieres?

A.     Cambiar TODAS las papeleras de la ciudad de Madrid (coste: 76 millones de €)

B.     Hacer que 3.300 profesionales sigan trabajando en la educación y no vayan al paro (coste: 80 millones de €)
¿Qué prefieres?

A.     Ver por todas partes en carteles que somos «la suma de todos» y que el metro de Madrid vuela (coste en 2011: 111 millones de €)

B.     Mantener una red de educación pública que pueda dar a TODOS la oportunidad de prepararse y llegar hasta donde quieran (coste: 80 millones de €)

¿Qué prefieres?

A.     Destinar dinero público a los que más lo necesitan (aulas de compensación educativa, desdobles para los alumnos con más problemas, departamentos de orientación que ayudan a alumnos con situaciones complicadas, aulas de enlace para alumnos que llegan y no conocen el idioma …) (coste: 80 millones de €)

B.     Destinar dinero público a los que más tienen (desgravación fiscal para las familias que llevan a sus hijos a colegios PRIVADOS) (coste: 65 – 90 millones de €)

¿De verdad crees que quitan recursos a la escuela pública para ahorrar dinero?

¿Aún piensas que la crisis es la causa de los recortes en la escuela pública? Si así fuese, ¿te has preguntado por qué no recortan también de la privada?

No te dejes engañar, en Madrid están intentando acabar con la Educación Pública para todos e imponer la Educación Privada para unos pocos, ¿LO VAS A PERMITIR?

DIFUNDE ESTE MENSAJE Y ACUDE A LAS MANIFESTACIONES, RECUERDA QUE TUS HIJOS SERÁN LOS PRINCIPALES AFECTADOS.

CARTA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN POLÍTICA

Izquierda Unida de Sabiñánigo quiere terminar esta legislatura valorando el trabajo político que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

La Asamblea de IU considera acertada la decisión que se tomó al inicio de legislatura de entrar a tomar responsabilidades de gestión sin apoyar con su voto al alcalde ni entrar en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

Nuestro trabajo en las concejalías que nos fueron asignadas ha sido importante, por ello entendemos que nuestro esfuerzo ha repercutido en beneficio de la población.

Debemos aclarar que las formas de hacer política de todos los grupos políticos han sido aceptables, entendiendo que exponer las diferentes opiniones, no debe llegar a la falta de respeto,   y el trabajo de los cargos públicos ha variado según la disposición de tiempo y el compromiso de cada uno, dejando claro que no todo el mundo ha dedicado el mismo tiempo y esfuerzo.

Sigue siendo la participación de las asociaciones las que orientan en muchos casos la vida política y deberemos trabajar para que siga siendo así, mejorando los cauces de comunicación entre cargos públicos y ciudadanos individuales o en asociaciones.

Dos cosas nos ha dejado un cierto malestar: la primera de ellas es ver que en ocasiones algunos concejales ha priorizado su interés como partido a su función de representación  de los ciudadanos, y la segunda la falta de reconocimiento por parte de  la alcaldía, al salir en los medios de comunicación, informando de trabajos  gestionamos desde nuestras concejalías sin requerir nuestra presencia, cosa que no hace con las que gestionan los concejales de su equipo de gobierno, que siempre le acompañan en las presentaciones. Véase el periódico comarcal en la información de las obras deportivas en la Corona, o algunos actos dentro de la residencia pública y en ocasiones hasta las reuniones con consejeros del Gobierno de Aragón.

También debemos reconocer que se nos ha dejado gestionar nuestras áreas, en las que hemos practicado siempre la contención presupuestaria    por entender que era lo que se necesitaba.

Para concluir, debemos valorar que las poblaciones como Sabiñánigo necesitan la aportación de todos los representantes públicos que tengan interés en trabajar, porque el trabajo cotidiano es necesario para poder conseguir una gestión cercana y enriquecedora.

IZQUIERDA UNIDA DEL ALTO GÁLLEGO PIDE REFLEXIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA SOBRE LOS BONOS DEL AUTOBÚS URBANO.

El Sr.  Fernando Gimeno, vicealcalde de Zaragoza, estima lógico diferenciar el precio de los bonos del autobús urbano para que sean más baratos para los empadronados en su ciudad.

Como es sabido, a raíz del Tratado de Maastricht, ya no se diferencia entre residentes y transeúntes o entre vecinos y domiciliados. Simplemente, los que residen habitualmente en el municipio constituyen su población y son los vecinos.

El Padrón, en la actualidad, es un registro administrativo donde se recogen las alteraciones que se van produciendo en la composición de la población.

Por tanto, la mera inscripción en el Padrón no es constitutiva del derecho al disfrute de los derechos del vecino, si no va acompañada de la residencia habitual.

El autobús urbano, es un servicio que lo emplean las personas que residen en la ciudad, estén empadronadas o no, y las causas que llevan a personas no empadronadas a residir en una gran ciudad vienen motivadas por las infraestructuras que alberga, la mayoría de ellas financiadas por administraciones de mayor ámbito que la municipal; dígase las Universidades, hospitales, etc.

Desde nuestra Comarca creemos injusta la pretensión de hacer esa diferenciación entre empadronados y no empadronados, y calificamos esta decisión de estrecha de miras. ¿Cómo vería el vicealcalde que los ciudadanos de segunda residencia en Sabiñánigo le cobráramos otro precio en el autobús por ser de Zaragoza, o cuando van a nuestros polideportivos los jubilados de su ciudad les cobráramos diferente? Pues eso es lo que les pasará a nuestros estudiantes y todas las personas que necesitando estar, durante una etapa de su vida, en su ciudad (comiendo, pagando alquileres y generando riqueza) por necesitar los servicios que no podemos tener en nuestros pueblos y Comarcas. Siendo el único condicionante el de inscribirse en su Padrón dejando de estarlo en el de sus pueblos.

Hay servicios que pueden plantear el requisito de estar empadronados, pero otros no se deben ni proponer porque refleja la intención de ‘mirarse al ombligo’ de la persona que lo propone.

Fdo: Federico Escobar Albertín (Coordinador de Izquierda Unida en el Alto Gállego)

RAZONES PARA VOTAR A IU

§  PORQUE SOMOS ACCESIBLES.

§  PORQUE PENSAMOS EN EL FUTURO CUANDO TOMAMOS UNA DECISIÓN.

§  PORQUE SABEMOS QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, MAS IGUALITARIO Y EN PAZ.

§  PORQUE NOS INDIGNAMOS CON LAS INJUSTICIAS.

§  PORQUE SABEMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON PARA TODOS.

§  PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE SER TRABAJADORES/AS.

§  PORQUE VALORAMOS A LAS PERSONAS COMO VECINOS SIN IMPORTAR LA CONDICIÓN SOCIAL.

§  PORQUE SABEMOS QUE LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA SON LA BASE DE LA PAZ.

§  PORQUE SABEMOS QUE EL RESPETO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA SU DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO.

§  PORQUE SABEMOS QUE LAS LEYES SON PARA TODOS. TAMBIÉN PARA NOSOTROS.

§  PORQUE CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LA TRANSPARENCIA.

§  PORQUE CONTAMOS   CON   LA OPINIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDAD. TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LOGRAR EL BIENESTAR.

§  PORQUE SABEMOS QUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO HAY QUE COMBINAR LOS SECTORES: AGRARIO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y SERVICIOS.

§  PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE REPRESENTAR A LOS CIUDADANOS.

§  PORQUE NOS BASAMOS EN HECHOS  Y NO EN INTENCIONES .

PORQUE NOS GUSTARÍA CONTAR CON VUESTRO APOYO PARA PONER EN PRÁCTICA NUESTRAS IDEAS.

‘COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS SOBRE ALGUNAS CONFUSIONES DE IDENTIFICACIÓN ENTRE LAICISMO Y ATEISMO’

En relación con recientes acontecimientos protagonizados por algunos colectivos ateos que han sido categorizados como supuestos actos de laicismo radical por colectivos confesionales, de forma equívoca y malintencionada, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid declara:

1.- El laicismo, es un movimiento social que pretende crear las condiciones políticas y jurídicas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia. Por tanto, por su propia naturaleza, se enfrenta frontalmente con toda posición que desde el Estado o desde la sociedad pretenda restringir cualquier manifestación de dicha libertad.

2.- En consecuencia, al no ser el laicismo una cosmovisión ni una creencia, no ofrece criterios normativos sobre lo que debe o no debe creerse, o sobre el carácter de veracidad de cualquier creencia o convicción, sea ésta filosófica, política o religiosa, ni interfiere en el libre ejercicio que adopte la exteriorización de cada conciencia individual, ya sea a través de actos o ritos de naturaleza civil o religiosa.

3.- El movimiento laicista no admite, por su propia naturaleza, ningún tipo de adjetivaciones peyorativas. Contra los que pretenden asociarlo a hostilidad ante la religión o ante la práctica de ésta por parte de personas con dichas creencias, declaramos, una vez más, la absoluta falsedad de este argumento.

4.- Nuestro estilo de trabajo se caracteriza por la extensión, la difusión y la práctica seria y consecuente de los principios que defendemos, sin recurrir a fáciles provocaciones que puedan interpretarse como hostiles a ninguna creencia ni convicción.

5.- El laicismo se sitúa frontalmente en contra de los privilegios económicos, políticos, sociales y simbólicos que la Iglesia católica detenta merced a una legislación, a nuestro juicio anticonstitucional, que conculca la libertad de conciencia de tod@s l@s ciudadan@s, la igualdad ante la ley y la no discriminación por motivo de las creencias individuales.

6.- Por eso seguiremos denunciando la pervivencia de unos Acuerdos con la Santa Sede que se impusieron, con nocturnidad y alevosía, sobre la Constitución y sobre toda la legislación civil española. Por eso seguiremos pidiendo la derogación de la Ley Orgánica de Libertad religiosa y su sustitución por una verdadera Ley de libertad de Conciencia. Por eso seguiremos denunciando los privilegios que en el Código Civil se otorgan a las creencias religiosas, a partir de los cuales se trata como delincuentes a personas que expresan sus ideas libremente.

7.- Ello nos lleva a denunciar dichos privilegios, y concretamente la presencia confesional católica, en el ámbito de la Administración del Estado, en las instituciones públicas (hospitales, universidades, escuelas públicas, judicatura, conmemoraciones institucionales,…) y en los comportamientos de unas autoridades públicas que, precisamente, deberían de ser custodias de este supuesto carácter aconfesional del Estado, hoy manifiestamente ignorado.

8.- Asimismo, seguiremos trabajando en todos aquellos ámbitos donde la Iglesia católica, o cualquier otra confesión religiosa, intente imponer su moral particular en el ámbito social o en el de las instituciones públicas. En tal sentido, seguiremos luchando por el derecho a vivir sin imposiciones morales, por el derecho a vivir dignamente, así como también, por el derecho a morir con dignidad. En definitiva, por toda actuación que consideremos atentatoria contra los derechos humanos.

Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid     Abril 2011    

¿Justicia o caza de brujas?

Juan Torres López (Rebelión)

Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.

Juan Torres López es catedrático en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
Suscriben el texto otros 38 profesores universitarios:
Joaquín Arriola, Charo Baquero, Francisco José Barba, Javier Barreda, Juan Ramón Capella, Jesús M. Castillo, Elias Cueto, Victoria Delicado, Rosa María Díaz, Enrique Javier Díez, Alicia Durán, Angela Espin, Jesús Esteban Hernández, Armando Fernández Steinko. Mª Jesús Fuentes Rebollo, Lina Gálvez, Manuel García Jiménez, Manuel García Jiménez, Julián Garrido, Manuel Gonzalez Mariscal, Ana Jorge Alonso, Pedro Lacámara, Manuel Ledesma, Vicente Manzano, María Lamuedra, Pedro López, J. Luis Malagón, Leandro del Moral, José Luis Morales, Miguel Ángel Luque, Facundo Muñoz, José Antonio Navarro Fernandez, Emilia Sánchez de la Blanca, Miguel Pérez Sancho, Raquel Rico Linaje, Ramón Sánchez Tabarés, Jesús Sanz Abad y Francisco Sierra Caballero.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

ARREGLEMOS EL PUEBLO

Izquierda Unida de Sabiñánigo ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que reclame, a la empresa propietaria de las instalaciones de  la antigua Aludisc, el arreglo de  la valla exterior que da a la avenida de Huesca; por el riesgo que supone para los viandantes el mal estado de la misma.

Izquierda Unida cree que los propietarios de las instalaciones de empresas deben tener las mismas exigencias que los propietarios de las parcelas urbanas, y debe exigírseles el mantenimiento adecuado de las instalaciones que  limitan con la zona pública. Por ello, y tras el esfuerzo hecho, por otra empresa de la misma avenida, al acondicionar su valla exterior, entendemos que es un buen momento para solicitar  la sustitución de los tramos  de valla deteriorada del resto de la avenida de Huesca.

También ha solicitado  que informen a los responsables de la salida de desagües industriales, en la misma zona,  que es conveniente el corte de la hierba por el riesgo de incendio en estas fechas de altas temperaturas.

                                      EMPLEO INDUSTRIAL PARA SABIÑÁNIGO

Izquierda Unida reclama empleo industrial para Sabiñánigo, y pide a la población  en general, empresarios, trabajadores en activo, parados, jubilados, y jóvenes, de todos los sexos y sea cual sea su posición política o sindical, que tomen conciencia de la importancia de estar unidos  y movilizarse para reclamar empleo industrial para nuestra población.

Sabiñánigo viene perdiendo empleo industrial sistemáticamente, pero la situación actual se muestra más preocupante que en etapas anteriores. La sociedad no actúa ante la pérdida de empleo. La individualización de la vida social sugiere a los ciudadanos buscar soluciones a sus problemas, a los de su empresa o la de su familia de forma individual. Confía en la representación social, a través del Consejo de Fomento, y en la Política, a través de los grupos políticos municipales, para buscar alternativas a la pérdida de empleo industrial; pero todo esto no es suficiente.

En este momento es necesaria la movilización social, que haga ver la situación de emergencia en la que está entrando Sabiñánigo, como Ciudad que nació por la industria y que tendrá serios problemas para sobrevivir sin ella.

El problema de Sabiñánigo es que ha perdido el principal atractivo, que hizo venir a la mayoría de empresas existentes a nuestra localidad, que no es otro que las condiciones favorables en el precio de la energía. Esta ventaja se eliminó socializando el precio del transporte de la energía, lo que benefició a muchas poblaciones, pero perjudicó a la nuestra.

La mejora de las comunicaciones y la abundancia de agua son insuficientes para mantener un número de empleo en grandes empresas, de las que dependen muchas de las empresas pequeñas, ya sean talleres, tiendas de alimentación, vestido o complementos, cuya  actividad depende de los trabajadores de estas empresas y sus familias.

La situación actual afecta a todos, por lo que todos debemos reaccionar. El cierre de Dequisa o la reducción de plantilla de INASA, son indicadores de que el empleo industrial se sigue reduciendo en nuestra población, y que nos muestran que en un sistema capitalista las empresas se guían por criterios económicos y que ninguna Ley del sistema puede impedir que cierren o que se vayan, a pesar de una excelente actuación sindical y de las autoridades laborales.

Por ello, Sabiñánigo debe reclamar un compromiso de empleo industrial, que reconozca y compense el esfuerzo de socializar el precio del transporte de la energía, con una cantidad determinada de puestos de trabajo en grandes empresas, que puede fijarse en los existentes en diciembre de 2005, por considerar que: por debajo de esta cantidad de empleo industrial, el empleo en las pequeñas empresas de la zona puede entrar en una caída escalonada. Transportistas, talleres, comercios… no podrán subsistir con la actividad turística del territorio.

JOSÉ LUÍS SANPEDRO

Carta a Don José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente del estado Español.

Y al resto de las señorías que portan la representatividad parlamentaria. Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha. Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido. Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional. Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación. Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo. De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla. Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo. Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución. Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot. Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto. Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia. Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía. Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos. Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.  Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas. Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó. Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo. Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Así lo espero.

La escuela y la necesidad ética de ser anticlerical

Pedro L. Angosto   Rebelión

En palabras de los profesores Suárez Cortina y La Parra López, autores del libro Anticlericalismo español contemporáneo, a nuestro juicio uno de los mejores estudios sobre la cuestión realizados en España, el anticlericalismo es simplemente la lucha contra el clericalismo, un fenómeno que se desarrolla más en aquellos países donde el predominio y la influencia del clero es más significativo en aspectos mundanos de la vida, adquiriendo, también en esos países, connotaciones extremas que han desembocado a veces en episodios violentos. Sin embargo, no es la violencia una característica consustancial al anticlericalismo, todo lo contrario. Normalmente, los anticlericales han sido personas de una enorme formación humanística, incluso cristiana, hasta el punto que en muchos de ellos el gesto anticlerical nacía de un rechazo frontal a la tergiversación y manipulación que la Iglesia católica había hecho de la doctrina cristiana primigenia en beneficio de su jerarquía y de las clases dominantes más retardatarias, aunque la verdadera razón de ser del anticlericalismo hay que inscribirla necesariamente en el proceso de secularización, racionalización y modernización de la sociedad que entre nosotros comienza en el siglo XIX.

Anticlericales españoles ilustres fueron Moratín, Blanco White, Goya, Pérez Galdós, Clarín, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Pi y Margall, el Dr. Rico, Antonio Machado, Verdes Montenegro, Eugenio Noel, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Pérez de Ayala, Marcelino Domingo, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Augusto Barcia, Roberto Castrovido, Odón y Demófilo de Buen, Manuel Azaña y, en definitiva, buena parte de los intelectuales españoles de los dos últimos siglos. Pero fue quizá Manuel Azaña, en el célebre discurso parlamentario en defensa del artículo 26 de la Constitución de 1931, quien mejor ha sabido definir las esencias del anticlericalismo español. Fue en aquella alocución cuando Azaña dijo que “España había dejado de ser católica”, frase manipulada hasta la extenuación por el franquismo y sus seguidores actuales. Empero, nunca como en aquella ocasión, político alguno tuvo palabras más encomiásticas para la Iglesia católica española, para aquella Iglesia que durante unos siglos se confundió con el propio Estado, con la producción intelectual, con el ser de España, pero que al terciar el siglo XX se había convertido en una auténtica rémora para el progreso social de España, unida e identificada como estaba a los sectores más reaccionarios del país. Se quiso entonces –con mala fortuna, es evidente- aplicar a España las leyes laicistas que estaban en vigor en Francia desde 1905. Se trataba únicamente de que los creyentes sufragasen los gastos de la Iglesia, de que los clérigos se dedicasen exclusivamente a su “oficio” y no a moldear y controlar las mentes de los niños, de que el Estado no otorgase privilegios ni tratos de favor a confesión religiosa de ningún tipo. Nada más.

Hoy, después de cuarenta años de nacional-catolicismo criminal, unas semanas después de que las distintas administraciones se hayan gastado más de cincuenta millones de euros en la visita a España del Jefe del Estado Vaticano, mientras la insignia educativa de Gobiernos autonómicos derechistas como el valenciano, el madrileño, el catalán o el manchego sigue siendo dar miles de millones a los colegios católicos en detrimento de los estatales dentro de un ataque sin precedentes al sistema educativo público que, so escusas económicas insostenibles, pretenden desamortizar a favor de las órdenes religiosas; abrumados por la implicación política de la Iglesia católica española, que sigue unida a las facciones más ultramontanas de la sociedad española y empeñada en la desestabilización política y reaccionaria del país que promueve su partido –el popular- y medios propios y afines como la COPE o El Mundo, que continúa atada a lo mundano tanto como cualquier buscador de fortuna, somos muchos los españoles que nos sentimos anticlericales, que reclamamos el derecho a ser anticlericales, que exigimos al Estado –hace casi un lustro, el 1 de enero de 2007 se cumplió el plazo pactado hace ya años para que la Iglesia se autofinanciase- que suprima el presupuesto destinado al clero, que deje de subvencionar colegios confesionales, racistas y clasistas y dedique ese presupuesto a armar una enseñanza pública de calidad y laica, que, en fin, ya está bien, rompa cualquier tipo de amarras –salvo las diplomáticas- con una institución privada que debe ser sostenida sólo y exclusivamente por sus “socios” pagando por los servicios que de ella reciban.

España, todas las tierras de España, tienen un problema gravísimo con la Iglesia católica. Desde el siglo de las luces, esa institución se ha negado a cualquier tipo de progreso, ha influido en los poderes públicos para expulsar de nuestras universidades a los profesores e investigadores más valiosos, negó la teoría de la evolución y obligó a que todo el país la negara, impidió que Pérez Galdós obtuviese el premio Nobel de literatura, se opuso y se opone a los derechos civiles más esenciales, sobre todo aquellos que afectan a las mujeres, a la condición sexual de las personas y a la igualdad de todos ante la ley, ya que no paga impuesto alguno por el inmenso patrimonio que posee; en su locura por el dominio de las conciencias estuvo en el origen de la guerra civil de 1936 y amparó la terrible represión franquista. Lejos de mostrar arrepentimiento o de haber recapacitado sobre su lugar en el mundo de los vivos, hoy la Iglesia católica española recibe más de un billón de pesetas de las distintas Administraciones y, de acuerdo con su brazo político, pretende hacerse con el monopolio de la educación en España, lo que sin duda sería una catástrofe para un país que debe gran parte de su atraso, de su mala educación, de su amoralidad, de sus corruptelas, de sus chanchullos y de su fatalismo al dominio que sobre las conciencias han ejercido desde la noche de los tiempos quienes obedecen al Papa Santo de Roma y buscan, muy por encima del interés general, el de su empresa.

No hay en estas palabras –enseguida alguien saldrá hablando de odio, de rencor, de guerracivilismo y otras patrañas- la más mínima animadversión hacia la Iglesia romana, todo lo contrario, hay en ellas un anhelo regeneracionista que enlaza directamente con las palabras de los teólogos Jon Sobrino, Miret Magdalena y Hans Küng: La Iglesia católica sólo será ella misma cuando vuelva los ojos al Evangelio y no dependa económicamente más que de sus feligreses; también, como no, el deseo de que el Estado español sea totalmente laico, lo que nunca entrará en contradicción con el hecho de que los españoles puedan ser o creer en lo que quieran o apetezcan.

FONDOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO RURAL

Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha presentado una Moción al pleno de la Corporación, con el fin de reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente que no retire la financiación comprometida en este programa que busca facilitar el desarrollo rural y en el que participaron diferentes entidades y agentes sociales y económicos de la Comarca. La moción incluye para su aprobación tres puntos:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo rechaza el unilateral incumplimiento que hace el MARM de la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible que supone un grave frenazo al Desarrollo Rural de nuestras Comarcas que confiaron en el Plan de Desarrollo Rural elaborado con la participación de las entidades y agentes sociales y económicos de cada una de ellas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo acuerda dirigirse al Gobierno de Aragón para que urgentemente reclame ante el MARM el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado el 4 de junio de 2010, con una dotación para el periodo 2010-2014 de 1810 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

3.-Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados solicitándoles que requieran al MARM para que cumpla estrictamente lo recogido en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por el gobierno el 4 de junio de 2010.

ORGANIZACIÓN COMARCA ALTO GÁLLEGO

Izquierda Unida del Alto Gállego votó en contra de la propuesta de organización de la Comarca del Alto Gállego presentada por su actual Presidente, (nombrado por 7 votos del PAR y 6 votos del PP).

            La derecha nacional y la autonómica, que tanto han reclamado austeridad, dan un primer paso creando 2 Vicepresidencias. Una cobrando 39.000 euros (PAR) y la otra 18.000 (PP).

             Izquierda Unida ya se opuso la legislatura anterior a que las Vicepresidencias cobraran pluses diferentes a los demás consejeros (600 €).  Izquierda Unida entiende que deben cobrar las asistencias motivadas por su trabajo con la limitación establecida.

             En las Comarcas no está justificado ni el trabajo a tiempo completo del Presidente, pero mucho menos el de dos Vicepresidentes, aunque en este caso se quiera justificar con que el Presidente no tenga sueldo.

           Señor Presidente, Si no quiere cobrar su sueldo, nos parece algo loable, sobre todo si no lo necesita, pero la representación de la Comarca corresponde al Presidente. Si no va a hacer su trabajo debería dejar el puesto, y si lo va a hacer, de ninguna manera se justifica una Vicepresidencia y mucho menos dos.

              Izquierda Unida quiere hacer una oposición constructiva y el primer paso es dar a conocer las contradicciones de quienes gobiernan la Comarca y el segundo será reconocer los trabajos que se hagan bien y criticar los que no se hagan o se hagan mal, aportando las propuestas de mejora que nuestra asamblea sea capaz de establecer.

AUDITORIA MUNICIPAL ¿PARA QUE?

La Asamblea Local de IU en Sabiñánigo decide no apoyar la propuesta del Partido Popular de hacer una auditora económica y organizativa en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Izquierda Unida cree que la vigilancia de las actividades de las Corporaciones Locales en una democracia, reside en la honestidad de los cargos públicos, en la profesionalidad de los funcionarios públicos, en los controles de la propia administración y en el control de la oposición.

            Los casos de corrupción que se dan por algunos cargos públicos deben ser detectados con más agilidad y desde luego denunciados ante el juzgado correspondiente para saber la responsabilidad de todos los órganos y personas implicadas,

            Lo que no parece aceptable es que se generalice la sospecha sobre las administraciones públicas, ni sobre los ciudadanos que ejercen la función temporal de representar a los ciudadanos, ni sobre los funcionarios de las administraciones.

            Mucho menos aceptable es que un grupo político pretenda gastar dinero en auditorías, internas o externas, con el fin de que le hagan el trabajo de control que deberían hacer ellos en su función de oposición.

            Pero lo verdaderamente curioso es que se pretenda contratar a una empresa para que nos haga una propuesta de organización municipal, siendo que cualquier grupo político puede presentar una propia para su estudio y una propuesta de modificación de la actual. Nadie mejor que los responsables de los departamentos municipales saben donde se necesita más personal y donde, por la reducción de actividad, se puede hacer un cambio de funciones de los trabajadores.

            Por ello, Izquierda Unida no ve motivo para gastar dinero en una auditoría económica, que ya la hace el Tribunal de Cuentas del Estado todos los años, ni de una auditoría organizativa, ya que considera perfectamente capacitados para organizar nuestro ayuntamiento a los funcionarios y responsables políticos.

             Izquierda Unida en su control de la gestión política no ha detectado actitudes que deban denunciarse ante el juzgado en nuestro ayuntamiento, y las que no comparte políticamente las defiende en los órganos correspondientes y lo comunica a la opinión pública. Por ello invita a los demás grupos a que si son conocedores de actitudes ilegales lo comuniquen, si tienen propuestas, las presenten, pero no se colabore a dar una mala imagen de las administraciones públicas, que al final son un reflejo de la propia sociedad en la que vivimos.

            Izquierda Unida propondrá que las cuentas de 2010, pasado el periodo de exposición pública, se envíen al Tribunal de Cuentas como se hace siempre, pero  después, se habrá un período de dos meses más de exposición pública para que los ciudadanos puedan consultarlas y formular las preguntas, dudas o sugerencias que estimen oportunas, así como cualquier actuación municipal que considere que debe ser estudiada, siendo atendido por algún funcionario en los casos explicativos y enviado a la comisión de atención al ciudadano los casos diferentes.

            La trasparencia y la confianza son necesarias en la vida pública.

Dueños de nuestra propia suerte

La iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones del Estado no se lo otorgasen.(29/06/2011 ANTONIO Aramayona. Profesor de Filosofía)

En la Grecia y la Roma clásicas, la ocupación filosófica prioritaria era cómo llegar a ser feliz, es decir, cuál es el camino que conduce a una forma de vida y un estado de ánimo que proporcionen auténtico placer y ayuden a asumir de forma positiva las desgracias y las frustraciones. La gente amaba la vida e intentaba pasarlo bien, ahuyentando en lo posible la tristeza y los estados depresivos. En resumidas cuentas, querían llevar una vida buena y una buena vida, por lo que también aceptaban con naturalidad que la muerte debía ser igualmente buena y digna. Acabar con la propia vida era un derecho socialmente aceptado, e incluso la ley romana contemplaba el suicidio por cansancio de vivir como un motivo aceptable, ya que la vida pertenece solo a cada persona, que tiene plena autonomía para decidir libre y responsablemente cómo vivir y cómo morir bien.

Sin embargo, en esa misma época los esclavos y los soldados tenían prohibido suicidarse. Para el resto, se trataba incluso de un acto honorable, pero soldados y esclavos no tenían ese derecho porque su vida no les pertenecía: los soldados pertenecían al Estado y los esclavos, a su amo. Salvo en esos casos, consideraban que bien vivir y bien morir es un acto de libertad personal, que nadie puede suplantar o vedar, de tal modo que cualquier pretensión de controlarlo atentaría contra el derecho inalienable de todos y de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte con plena autonomía.

Pues bien, los obispos católicos hispanos vuelven a arremeter contra la timorata Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (conocida como ley de muerte digna) prevista para el próximo período de sesiones parlamentarias. Hace unas fechas, el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, concertó con el católico militante ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que la iglesia católica no se opondría a la mencionada Ley, al menos hasta que el señor Ratzinger hubiese visitado Madrid en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud y hasta haber constatado la colaboración del Gobierno español en el éxito de dicha Jornada. Sin embargo, los obispos y las facciones más reaccionarias de entre las huestes católicas ven en los plácidos molinos de viento de esa Ley un intento de «colar la eutanasia», comparándola con «la matanza de ancianos», por lo que vuelven a expresar su condena respecto de la Ley de muerte digna.

Lo que realmente está en juego es la autonomía y la libertad de cada persona. Los obispos critican «una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta», pues afirman que la vida y la muerte pertenecen en último término a su dios, del que se declaran servidores e intérpretes. Poco hay que comentar a este respecto: si así lo creen, no tienen más que vivir y morir como crean conveniente, siempre que tuvieren claro que a los demás nos asiste el derecho fundamental e inalienable de decidir libre y responsablemente cómo vivir y morir bien y dignamente, y que nada ni nadie puede negar o controlar tal derecho. Mi autonomía es absoluta, pues depende de mí, solo de mí y nada más que de mí mismo. Mi vida y mi muerte no pertenecen a nadie, salvo a mí mismo, puesto que no tengo amo ni dueño.

En cualquier caso, la iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones públicas del Estado no se lo otorgasen de facto. Rouco Varela tendría los mismos derechos y obligaciones, ni uno más ni uno menos, que mi vecino de escalera, si Zapatero, Jáuregui, Bono o Juan Carlos de Borbón le reconociesen el mismo poder y los mismos privilegios que a cualquier otro ciudadano. La iglesia católica sigue recibiendo más de 10.000 millones de euros al año porque hasta el momento no ha habido un Gobierno o un Parlamento que hayan resuelto derogar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. La iglesia católica podría celebrar como cualquier otra institución privada su Jornada Mundial de la Juventud con tal de que pagasen de su bolsillo los viajes y los fastos, sin que el 50% estuviese financiado con dinero público, sin que Esperanza Aguirre obligase a los centros públicos de enseñanza madrileños a entregar llaves, abrir puertas y poner a disposición funcionariado público a los católicos que acuden a tal evento privado.

En 1974, 40 personalidades de la ciencia y de la cultura, entre ellas tres premios Nobel, dieron a conocer un Manifiesto sobre la eutanasia, que, entre otras cosas, dice: «Creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Esto implica que se le trate con respeto y se le deje libre para poder decidir razonablemente sobre su propia suerte».

La supeditación de las instituciones representativas a la banca

 Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo.

Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

Artículo publicado en El Plural

REPRESENTANTES DE IU EN LAS COMISIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Miembros de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Comisión de Economía y Empleo

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Comisión de Política Territorial e Interior

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

JUNTA DE PORTAVOCES

Portavoces titulares

Sr. D. Antonio Torres Millera (GPPCA)

Sr. D. José Javier Sada Beltrán (GPS)

Sr. D. Alfredo Valeriano Boné Pueyo (GPPAR)

Sra. Dña. Nieves Ibeas Vuelta (GPCHA)

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

LA SEÑAL DE TELEVISIÓN  DIGITAL

Izquierda Unida de Sabiñánigo ante las reiteradas manifestaciones de descontento  con el servicio que ofrece RETEVISIÓN – Abertis,  invita a todos los ciudadanos y asociaciones de la localidad, que tengan una deficiente visión de  la televisión, a que entreguen una queja en la recepción del Ayuntamiento o la depositen en el buzón de sugerencias que hay a la entrada, con la finalidad de dejar constancia escrita del malestar general de la población por la lentitud en resolver las deficiencias de la televisión en Sabiñánigo y la constatación de que las reclamaciones del Ayuntamiento no han dado sus frutos.

Por este mismo motivo Izquierda Unida de Sabiñánigo reclama una rápida solución a los problemas técnicos existentes ya que hay zonas extensas de la población donde es penoso ver la televisión.

                                               Quebrantahuesos 2011

UN PARTIDO NO ES UN PUEBLO,

PERO LOS CARGOS PÚBLICOS SI REPRESENTAN AL PUEBLO.

         Izquierda Unida quiere felicitar al Concejal de deportes, elegido concejal en las listas del partido Socialista, por haber tenido en unos días el reconocimiento que el anterior concejal de deportes, elegido concejal en las listas  Izquierda Unida, no tuvo en sus cuatro años de responsabilidad de representar al pueblo en esa concejalía.

La quebrantahuesos siempre ha tenido un especial cuidado en que no se acercaran más cargos públicos que el Alcalde a sus actos, suponemos que con la intención de que no se capitalizara políticamente lo que es un gran esfuerzo de muchos ciudadanos que arropan a una asociación que es referente nacional en la organización de actos como la Quebrantahuesos. Así lo hemos entendido y así lo hemos aceptado desde Izquierda Unida. La invitación a cortar la cinta de salida al  nuevo Concejal de Deportes siendo que en los cuatro años anteriores no se ha tenido ninguna relación con el Concejal responsable, nos hace pensar que algo tenía que ver con que fuera de Izquierda Unida, por lo que nos vemos en la necesidad de recordar que un cargo público  no representa a su partido sino al pueblo y mostrar nuestra extrañeza y nuestra preocupación por ver que la familia socialista  que tanto se resaltó en la toma de posesión de cargos públicos, es más una familia que solo reconoce a quienes pertenecen a ella y no a cualquier ciudadano.

La quebrantahuesos, como prueba, no puede ser criticada por ser un logro su sola existencia, pero sin crítica no hay corrección ni mejora. Por ello, sea la responsabilidad de esta actuación de la organización de la prueba, o sea de la continua obsesión del Partido Socialista de resaltar a sus cargos públicos se lo hayan ganado o no, hacemos pública esta actuación porque queremos que esta prueba sea de todos, ya que surge de un proyecto de voluntariado iniciado por una asociación en beneficio del pueblo, y no ayuda a este objetivo el que haya actuaciones diferentes, según quien ocupa un cargo público, que parecen ser interesadas.

El PSOE ha orquestado la campaña sobre la “pinza” para ganar en los medios de comunicación las alcaldías que ha perdido en las urnas, acusando injustamente de su pérdida a IU, pues en el 83% de los casos en los que IU pudo dar la alcaldía por acción u omisión al PSOE o al PP, optó por el primero. Un ejemplo bien cercano es la ciudad más importante de España en la que va a gobernar el PSOE, Zaragoza. Sin los votos de IU y CHA hoy habría gobierno popular pero incluso, en Aragón, se da por buena en distintos medios la teoría de “la pinza”. Campaña en la que se le imputa la culpa a IU y asunto concluido.

En las pasadas elecciones municipales y autonómicas, IU y PSOE firmaron un pacto estatal para garantizar gobiernos de izquierda. El PSOE se lo saltó a la torera cuando le interesó y no precisamente por culpa de IU. Ejemplos cercanos hay varios. En la vecina localidad de Biescas, el PSOE entregó el Ayuntamiento al PAR, pudiendo gobernar con IU y CHA. Lo mismo sucedió en la Comarca del Cinca Medio, donde IU y CHA formamos un tripartito en Monzón, seguramente, porque para ellos era imprescindible matemáticamente. Pero en la Comarca donde, igualmente, se pudo hacer, el PSOE negoció con el PAR sin mayor problema. Y un ejemplo mucho más grave: El Gobierno de Aragón, donde la izquierda sumaba, Marcelino y sus gentes prefirieron al PAR sin tan siquiera sentarse a negociar con la izquierda. Hoy se quejan de que el PAR los pueda dejar tirados y pueda irse con el PP según les den, que ese es el Aragón que defiende el PAR y que Marcelino consintió.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y el candidato del PSOE, el ideólogo mayor del reino, señor Rubalcaba, ha diseñado una estrategia para ganar votos por su izquierda sin cambiar la política de derechas de su gobierno. Para ello, nada mejor que desprestigiar a IU con la teoría de la pinza, cuando la realidad objetiva es que la derecha avanza a pasos agigantados, políticamente e ideológicamente, entre los ciudadanos de este país y la culpa de ello es, fundamentalmente, de quien ha tenido la mayor responsabilidad de gobierno en este país en los últimos años, que no es otro que el PSOE. Desgastar a IU con la maquinaria mediática del PSOE es fácil para este gigante de la política que sabe que, como los palestinos, tenemos pocas armas para defendernos de semejantes injurias. En cualquier caso, nos queda claro, una vez más, que no quieren la unidad de la izquierda en base a propuestas concretas, si no la sumisión de la misma, algo que dista mucho de ir con nosotros y nosotras.

IZQUIERDA UNIDA NO APOYARÁ A NINGÚN CANDIDATO A LA ALCALDÍA

La asamblea local de Izquierda Unida Sabiñánigo ha acordado no apoyar a ningún candidato a alcalde de otros grupos políticos.

Izquierda Unida se Sabiñánigo tras analizar los resultados electorales decide orientar el trabajo de su concejal al control de la gestión municipal y a la aportación de propuestas concretas destinadas a cambiar la actuación política en la orientación que nos reclaman nuestros votantes. Por este motivo, tampoco asumirá ninguna concejalía, justificándolo en   que un solo concejal no puede llevar el control político de todas las áreas y gestionar concejalías.

En esta ocasión cualquiera de los grupos que accedan a la alcaldía tendrán al menos 7 concejales para gestionar las áreas, siendo que el año anterior había 5 concejales del grupo de gobierno y 2 de izquierda Unida, que asumió esta responsabilidad, sin apoyar al alcalde ni entrar en el grupo de gobierno, con el fin de dar estabilidad al Ayuntamiento y que hubiera una atención adecuada a los ciudadanos.

También acordó la asamblea proponer a Jesús Escartín (Concejal de Biescas) como Consejero Comarcal para ocupar la única plaza que nos corresponde.

Para terminar la asamblea acordó agradecer a nuestros votantes su decisión y transmitirles nuestra voluntad de seguir trabajando como grupo político y acercarnos a los ciudadanos para facilitar la transmisión de sus propuestas a la corporación municipal.

         IZQUIERDA UNIDA AGRADECE EL VOTO  A  SU CANDIDATURA

IU de Sabiñánigo quiere agradecer el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que han votado nuestra candidatura. Eso nos ha permitido conservar la presencia en el Ayuntamiento, en un momento en que la realidad política a nivel local y nacional hace necesaria la voz de la izquierda.

Hemos trabajado durante estos últimos cuatro años en dos concejalías, hemos conseguido activar la permuta de terrenos que permitirá la construcción de la nueva zona deportiva en la que ya se han hecho las primeras actuaciones, hemos desarrollado el reglamento de participación ciudadana, realizado consultas ciudadanas para mejorar servicios como el del autobús urbano, hemos conseguido reducir el presupuesto local para evitar más deuda en nuestro Ayuntamiento, y en definitiva, hemos intentado estar cerca de la realidad social para trabajar mejor por la ciudadanía.

Comenzamos con ilusión esta nueva etapa con el compromiso electoral de nuestro programa. Intentaremos estar cerca del tejido asociativo de la localidad y atentos a la mayor preocupación actual de la ciudadanía: el paro. Para ello, trabajaremos propuestas que mejoren las cifras tan altas de población desempleada. Sin olvidar luchar contra la corrupción, velando por la máxima transparencia en la toma de decisiones.

Nuestra página web, así como nuestro grupo está a disposición de todo el que quiera hacernos llegar sus propuestas o sugerencias.

Sólo nos queda reafirmar nuestra gratitud a los que han considerado que podemos trabajar para Sabiñánigo desde el Ayuntamiento.

RELIGIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA (ÓSCAR CELADOR)

Profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado y de Libertades Públicas

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de intentar desenredar la compleja madeja jurídica tejida en torno al régimen jurídico de los profesores de religión católica, al establecer que el hecho de que la Iglesia católica solicitase que no le fuera renovado el contrato a una profesora de religión por casarse civilmente con un divorciado lesiona los derechos de la docente a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar.
La presencia de profesores de religión en la escuela pública es una situación atípica, pues su labor docente consiste en adoctrinar a sus alumnos sobre un concreto credo religioso. Asimismo, debido a la naturaleza confesional de la enseñanza, la Iglesia católica debe decidir quiénes son las personas adecuadas para transmitir sus principios religiosos a los escolares, por lo que se trata del único colectivo docente que no ha superado una oposición o concurso soportado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. De esta manera, cada curso escolar la Iglesia católica selecciona quiénes son las personas más idóneas para enseñar su credo en la escuela, y las administraciones educativas las contratan para ese curso escolar, pero –y esta es la principal aportación de la sentencia del TC– la Iglesia no puede solicitar la no renovación de sus profesores exclusivamente porque su vida privada no se ajuste con el credo que enseñan en clase.
La hipocresía de las partes implicadas en el asunto es mayúscula. La profesora fue contratada a dedo porque se comprometió a enseñar unos principios religiosos que ella misma incumple, y le parece discriminatorio que el mismo dedo que le discriminó favorablemente antaño ahora no la señale. La Iglesia católica no quiere contratar a los profesores que ella misma selecciona para no asumir responsabilidades legales incómodas. Los gobiernos que se han sucedido en democracia, y en especial el actual, han cedido a todas las pretensiones de la Iglesia católica en este terreno. Y por último, el TC ha venido avalando un modelo laboral manifiestamente inconstitucional, y deliberadamente ha evitado pronunciarse sobre la esencia del problema, y es que ¿acaso no es inconstitucional que se imparta enseñanza de la religión confesional en la escuela pública?

 POR UN ESTADO LAICO

Miles de personas en el funeral por las víctimas de Lorca. Muchos otros ausentes por una ceremonia excluyente y confesional en un Estado que legalmente no lo es, pero cuya práctica no se aparta gran cosa del nacional-catolicismo franquista. ¿Tanto hubiera costado celebrar una ceremonia de Estado, sin simbología religiosa, centrada en el dolor y los sentimientos compartidos por todos y que tras ella cada cual procediera según sus creencias?

Señor presidente del Gobierno: ya no espero su ley de libertad religiosa. Pero ni en los pequeños gestos hay forma de encontrar un ápice de aquel talante con el que llegó a La Moncloa.

ALBERGUE DE ACUMUER

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

D. Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sabiñánigo viene a formular para su aprobación la siguiente

 MOCIÓN

PONER EN FUNCIONAMIENTO EL RECURSO ECONÓMICO: ALBERGUE DE ACUMUER

ANTECEDENTES:

El albergue de Acumuer es una infraestructura municipal, que estuvo en funcionamiento para realizar actividades de campamentos de verano en 1989. Posteriormente se han hecho intentos de poner en funcionamiento este inmueble con el fin de dar actividad económica a un territorio que, por su atractivo medioambiental, se presta a actuaciones relacionadas con el turismo de montaña.

En el concurso de adjudicación aprobado por la Junta de Gobierno Local el 26 de noviembre de 2009 fijó unas condiciones para concesión del inmueble como albergue turístico, que se han demostrado excesivas para los interesados en su desarrollo.

Siendo que hay interesados en el desarrollo de esta actividad, que tienen la preparación suficiente, siendo que el proyecto encaja perfectamente en el desarrollo de una zona de montaña, y siendo que el principal problema se centra en el arreglo del edificio que en todo caso queda en propiedad municipal, Izquierda Unida ve necesario hacer un esfuerzo para que sea posible la apertura de este servicio.

Por ello  se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente

 ACUERDO

• El Ayuntamiento de Sabiñánigo a través del Agente de Desarrollo Local         buscará las ayudas posibles para poder hacer las reparaciones necesarias en el Albergue de Acumuer.
• El Ayuntamiento de Sabiñánigo revisará las condiciones del contrato de forma que sea posible la apertura del centro, aplicando sistemas de compensación del canon por mejoras en las instalaciones y sistemas flexibles de fijación de la tasa, con una parte fija y otra relacionada con los beneficios.

Sabiñánigo, a 13 junio de 2011

 19-J: Contra el pacto del euro. Democracia real en Europa ¡ya!

El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.

Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.

El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.

Por un lado es falso porque  la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.

Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.

Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.

La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?

Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.

El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales  y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.

Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.

La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.

* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org

Julio Anguita renuncia a su pensión vitalicia como ex-parlamentario

Julio Anguita renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario, argumentando que con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. Julio Anguita o ¿por qué no todos los políticos son iguales? Cuando José María Aznar y Felipe González nos dictan al común de los ciudadanos una lección de indecoro e insolidaridad, cuando nos enteramos que María Dolores de Cospedal gana al año 241.000   con el cobro de tres sueldos públicos y la Pajin otro tanto por el estilo, cuando sabemos que el presidente de la Diputación de Castellón no tiene mas remedio que declarar un patrimonio de 3,9 millones de euros cuando hace cinco años NO declaraba ninguno, nos enteramos que, de manera totalmente accidental, se ha sabido que hace siete años, Julio Anguita renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex parlamentario, argumentando que con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante . Genio y figura. Julio Anguita viene a demostrarnos que el dicho populista de  todos los políticos son iguales  no se verifica, al menos en su totalidad. Que hay distintas formas de ser y estar en la política, de entender los compromisos éticos y ejemplarizantes de un cargo público y que la erosión que afecta a nuestra moral pública tiene un freno.

Julio Anguita |EFE

No todo es poder y dinero. Tengo la fortuna de ser amigo personal y haber sido de un equipo de gobierno de Julio. Conozco la sobriedad espartana de su espíritu. Sé que en pocas personas se verifica una mayor consecuencia entre lo que dice y piensa y su modo de vida. Nunca había acabado de entender por qué considera un punto de felicidad dormir la siesta en verano sobre una manta tendida en el suelo, ni por qué su mayor consideración del lujo y del ocio es jugar una partida de dominó al atardecer, cuando está de vacaciones. En esta dura mitología del capitalismo, Julio juega contracorriente. Y su compromiso consigo mismo y con la sociedad, gana. Julio Anguita hace suyo el lema de Ghandi de vivir sencillamente, para que los demás puedan, sencillamente, vivir. Y desde su antisimetría con el político al uso nos aporta soluciones a nuestros graves problemas con la ética y la estética del cargo público. Maestro vocacional, traslada la pedagogía a cualquier escenario, y cuando la acción política diaria, quema y unta, Julio la quiere convertir en lección a pequeña y gran escala. Los ideólogos y profetas de la modernidad, reunidos en torno a un gran medio informativo nacional, pensaron que lo invalidaban para la política cuando acuñaron aquello de  honrado pero desfasado . Su huella llegó hasta el Parlamento en voz de algún replicante moderno . ¡Bendito desfasamiento! Es decir, exentos de las jactanciosas modernidades de los políticos pendientes de la dieta, la nómina y el futuro cargo en el Consejo de Administración de cualquier sucursal del Gran Capital, Julio Anguita, sin contárselo a nadie, y mucho menos a esos sistemas mediáticos que encumbran la vulgaridad y el populismo, le había dado una soberana patada en el culo al sistema. ¡Métanse su degradante paga vitalicia donde les quepa! ¿Porqué no seguirán su ejemplo otros ? Esto también lo hizo la cantante griega Nana Mouskouri que estuvo en política, hasta llegó a ser la representante de Grecia en el Parlamento Europeo y viendo la situación que se avecinaba en su país hizo lo mismo. ¡Qué pocos actúan así!, contados con una mano y sobran dedos…