CARTA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN POLÍTICA
Izquierda Unida de Sabiñánigo quiere terminar esta legislatura valorando el trabajo político que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.
La Asamblea de IU considera acertada la decisión que se tomó al inicio de legislatura de entrar a tomar responsabilidades de gestión sin apoyar con su voto al alcalde ni entrar en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
Nuestro trabajo en las concejalías que nos fueron asignadas ha sido importante, por ello entendemos que nuestro esfuerzo ha repercutido en beneficio de la población.
Debemos aclarar que las formas de hacer política de todos los grupos políticos han sido aceptables, entendiendo que exponer las diferentes opiniones, no debe llegar a la falta de respeto, y el trabajo de los cargos públicos ha variado según la disposición de tiempo y el compromiso de cada uno, dejando claro que no todo el mundo ha dedicado el mismo tiempo y esfuerzo.
Sigue siendo la participación de las asociaciones las que orientan en muchos casos la vida política y deberemos trabajar para que siga siendo así, mejorando los cauces de comunicación entre cargos públicos y ciudadanos individuales o en asociaciones.
Dos cosas nos ha dejado un cierto malestar: la primera de ellas es ver que en ocasiones algunos concejales ha priorizado su interés como partido a su función de representación de los ciudadanos, y la segunda la falta de reconocimiento por parte de la alcaldía, al salir en los medios de comunicación, informando de trabajos gestionamos desde nuestras concejalías sin requerir nuestra presencia, cosa que no hace con las que gestionan los concejales de su equipo de gobierno, que siempre le acompañan en las presentaciones. Véase el periódico comarcal en la información de las obras deportivas en la Corona, o algunos actos dentro de la residencia pública y en ocasiones hasta las reuniones con consejeros del Gobierno de Aragón.
También debemos reconocer que se nos ha dejado gestionar nuestras áreas, en las que hemos practicado siempre la contención presupuestaria por entender que era lo que se necesitaba.
Para concluir, debemos valorar que las poblaciones como Sabiñánigo necesitan la aportación de todos los representantes públicos que tengan interés en trabajar, porque el trabajo cotidiano es necesario para poder conseguir una gestión cercana y enriquecedora.
IZQUIERDA UNIDA DEL ALTO GÁLLEGO PIDE REFLEXIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA SOBRE LOS BONOS DEL AUTOBÚS URBANO.
El Sr. Fernando Gimeno, vicealcalde de Zaragoza, estima lógico diferenciar el precio de los bonos del autobús urbano para que sean más baratos para los empadronados en su ciudad.
Como es sabido, a raíz del Tratado de Maastricht, ya no se diferencia entre residentes y transeúntes o entre vecinos y domiciliados. Simplemente, los que residen habitualmente en el municipio constituyen su población y son los vecinos.
El Padrón, en la actualidad, es un registro administrativo donde se recogen las alteraciones que se van produciendo en la composición de la población.
Por tanto, la mera inscripción en el Padrón no es constitutiva del derecho al disfrute de los derechos del vecino, si no va acompañada de la residencia habitual.
El autobús urbano, es un servicio que lo emplean las personas que residen en la ciudad, estén empadronadas o no, y las causas que llevan a personas no empadronadas a residir en una gran ciudad vienen motivadas por las infraestructuras que alberga, la mayoría de ellas financiadas por administraciones de mayor ámbito que la municipal; dígase las Universidades, hospitales, etc.
Desde nuestra Comarca creemos injusta la pretensión de hacer esa diferenciación entre empadronados y no empadronados, y calificamos esta decisión de estrecha de miras. ¿Cómo vería el vicealcalde que los ciudadanos de segunda residencia en Sabiñánigo le cobráramos otro precio en el autobús por ser de Zaragoza, o cuando van a nuestros polideportivos los jubilados de su ciudad les cobráramos diferente? Pues eso es lo que les pasará a nuestros estudiantes y todas las personas que necesitando estar, durante una etapa de su vida, en su ciudad (comiendo, pagando alquileres y generando riqueza) por necesitar los servicios que no podemos tener en nuestros pueblos y Comarcas. Siendo el único condicionante el de inscribirse en su Padrón dejando de estarlo en el de sus pueblos.
Hay servicios que pueden plantear el requisito de estar empadronados, pero otros no se deben ni proponer porque refleja la intención de ‘mirarse al ombligo’ de la persona que lo propone.
Fdo: Federico Escobar Albertín (Coordinador de Izquierda Unida en el Alto Gállego)
RAZONES PARA VOTAR A IU
§ PORQUE SOMOS ACCESIBLES.
§ PORQUE PENSAMOS EN EL FUTURO CUANDO TOMAMOS UNA DECISIÓN.
§ PORQUE SABEMOS QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, MAS IGUALITARIO Y EN PAZ.
§ PORQUE NOS INDIGNAMOS CON LAS INJUSTICIAS.
§ PORQUE SABEMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON PARA TODOS.
§ PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE SER TRABAJADORES/AS.
§ PORQUE VALORAMOS A LAS PERSONAS COMO VECINOS SIN IMPORTAR LA CONDICIÓN SOCIAL.
§ PORQUE SABEMOS QUE LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA SON LA BASE DE LA PAZ.
§ PORQUE SABEMOS QUE EL RESPETO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA SU DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO.
§ PORQUE SABEMOS QUE LAS LEYES SON PARA TODOS. TAMBIÉN PARA NOSOTROS.
§ PORQUE CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LA TRANSPARENCIA.
§ PORQUE CONTAMOS CON LA OPINIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDAD. TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LOGRAR EL BIENESTAR.
§ PORQUE SABEMOS QUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO HAY QUE COMBINAR LOS SECTORES: AGRARIO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y SERVICIOS.
§ PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE REPRESENTAR A LOS CIUDADANOS.
§ PORQUE NOS BASAMOS EN HECHOS Y NO EN INTENCIONES .
PORQUE NOS GUSTARÍA CONTAR CON VUESTRO APOYO PARA PONER EN PRÁCTICA NUESTRAS IDEAS.
‘COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS SOBRE ALGUNAS CONFUSIONES DE IDENTIFICACIÓN ENTRE LAICISMO Y ATEISMO’
En relación con recientes acontecimientos protagonizados por algunos colectivos ateos que han sido categorizados como supuestos actos de laicismo radical por colectivos confesionales, de forma equívoca y malintencionada, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid declara:
1.- El laicismo, es un movimiento social que pretende crear las condiciones políticas y jurídicas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia. Por tanto, por su propia naturaleza, se enfrenta frontalmente con toda posición que desde el Estado o desde la sociedad pretenda restringir cualquier manifestación de dicha libertad.
2.- En consecuencia, al no ser el laicismo una cosmovisión ni una creencia, no ofrece criterios normativos sobre lo que debe o no debe creerse, o sobre el carácter de veracidad de cualquier creencia o convicción, sea ésta filosófica, política o religiosa, ni interfiere en el libre ejercicio que adopte la exteriorización de cada conciencia individual, ya sea a través de actos o ritos de naturaleza civil o religiosa.
3.- El movimiento laicista no admite, por su propia naturaleza, ningún tipo de adjetivaciones peyorativas. Contra los que pretenden asociarlo a hostilidad ante la religión o ante la práctica de ésta por parte de personas con dichas creencias, declaramos, una vez más, la absoluta falsedad de este argumento.
4.- Nuestro estilo de trabajo se caracteriza por la extensión, la difusión y la práctica seria y consecuente de los principios que defendemos, sin recurrir a fáciles provocaciones que puedan interpretarse como hostiles a ninguna creencia ni convicción.
5.- El laicismo se sitúa frontalmente en contra de los privilegios económicos, políticos, sociales y simbólicos que la Iglesia católica detenta merced a una legislación, a nuestro juicio anticonstitucional, que conculca la libertad de conciencia de tod@s l@s ciudadan@s, la igualdad ante la ley y la no discriminación por motivo de las creencias individuales.
6.- Por eso seguiremos denunciando la pervivencia de unos Acuerdos con la Santa Sede que se impusieron, con nocturnidad y alevosía, sobre la Constitución y sobre toda la legislación civil española. Por eso seguiremos pidiendo la derogación de la Ley Orgánica de Libertad religiosa y su sustitución por una verdadera Ley de libertad de Conciencia. Por eso seguiremos denunciando los privilegios que en el Código Civil se otorgan a las creencias religiosas, a partir de los cuales se trata como delincuentes a personas que expresan sus ideas libremente.
7.- Ello nos lleva a denunciar dichos privilegios, y concretamente la presencia confesional católica, en el ámbito de la Administración del Estado, en las instituciones públicas (hospitales, universidades, escuelas públicas, judicatura, conmemoraciones institucionales,…) y en los comportamientos de unas autoridades públicas que, precisamente, deberían de ser custodias de este supuesto carácter aconfesional del Estado, hoy manifiestamente ignorado.
8.- Asimismo, seguiremos trabajando en todos aquellos ámbitos donde la Iglesia católica, o cualquier otra confesión religiosa, intente imponer su moral particular en el ámbito social o en el de las instituciones públicas. En tal sentido, seguiremos luchando por el derecho a vivir sin imposiciones morales, por el derecho a vivir dignamente, así como también, por el derecho a morir con dignidad. En definitiva, por toda actuación que consideremos atentatoria contra los derechos humanos.
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid Abril 2011
¿Justicia o caza de brujas?
Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.
A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.
Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.
Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.
Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.
Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.
Juan Torres López es catedrático en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
Suscriben el texto otros 38 profesores universitarios:
Joaquín Arriola, Charo Baquero, Francisco José Barba, Javier Barreda, Juan Ramón Capella, Jesús M. Castillo, Elias Cueto, Victoria Delicado, Rosa María Díaz, Enrique Javier Díez, Alicia Durán, Angela Espin, Jesús Esteban Hernández, Armando Fernández Steinko. Mª Jesús Fuentes Rebollo, Lina Gálvez, Manuel García Jiménez, Manuel García Jiménez, Julián Garrido, Manuel Gonzalez Mariscal, Ana Jorge Alonso, Pedro Lacámara, Manuel Ledesma, Vicente Manzano, María Lamuedra, Pedro López, J. Luis Malagón, Leandro del Moral, José Luis Morales, Miguel Ángel Luque, Facundo Muñoz, José Antonio Navarro Fernandez, Emilia Sánchez de la Blanca, Miguel Pérez Sancho, Raquel Rico Linaje, Ramón Sánchez Tabarés, Jesús Sanz Abad y Francisco Sierra Caballero.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.