PP y PAR han aprobado los terceros presupuestos del mandato, nutridos prácticamente en su totalidad de los fondos provenientes del Estado. Una previsión de 138 millones de euros, que fundamentalmente se dedican a repartir subvenciones y convenios (32%) y al gasto propio de su funcionamiento (corriente 18% y personal 30%) Izquierda Unida los valora desde el punto de vista de su utilidad social en estos momentos. En primer lugar, estos presupuestos dejan ver las políticas de recorte a que nos conduce el Partido Popular en otras instituciones, y que imperativamente aquí se aplican o se acatan. Hablamos por ejemplo de la injusta aplicación de la normativa sobre sostenibilidad financiera y estabilidad. Pero lo más grave de todo es que con esta financiación que viene del Estado se quiera modificar la Ley de Bases de las Entidades Locales para que las diputaciones provinciales gestionen servicios municipales, para las que hoy no están preparadas técnicamente, ni dotadas económicamente. En el transcurso del debate, José Ángel Miramón, portavoz de IU cuestionó el valor del documento votado ahora con respecto al que finalmente haya en diciembre de 2014. Y es que la experiencia de estos dos años anteriores nos hace ser muy pesimistas. Porque este año IU ha sido testigo de una gestión que reprobamos; improvisada, llena de errores, reparos, arbitrariedades y rectificaciones sobre la marcha que, desde nuestro punto de vista, rara vez ha respondido al interés general sino, más bien, al cumplimiento estricto de una política de cupos decimonónica y nada transparente. Desconfiamos de estas prácticas opacas, que ni mejoran ni solucionan la gestión, y que lejos de corregir, incrementan de una manera notable el reparto clientelar partidista.

Para IU ha sido muy grave el cese de la interventora general, la persona que tiene que velar por el estricto cumplimiento y el control de la gestión presupuestaria, por no acatar los caprichos presidenciales o de su socio de gobierno. Desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida seguimos reclamando el diálogo para poder llegar a elaborar unas bases justas y proporcionadas en los distintos planes que se elaboran en la institución, pero no se ha producido ese dialogo y gran parte de ellos siguen manteniendo unos vicios que perjudican claramente a unos u otros municipios; muestra de ello han sido el Plan de Concertación, el Plan de Servicios Básicos o el reciente Plan de Apoyo al Desarrollo Industrial Municipal. Así es que dudamos mucho de que la aprobación presupuestaria significara en realidad algo más que el cumplimiento de un trámite legal, que luego cambian a su voluntad, libre albedrío y carente totalmente de transparencia.

Una de las propuestas que hizo IU, fue incrementar el Plan Extraordinario de Empleo, considerando éste como el mayor problema que tiene la provincia; de la misma manera cambiemos los Convenios de Empleo por Planes Provinciales, repartidos con criterios de equidad y concurrencia. Propusimos también un Plan de Apoyo a los Servicios Sociales de Base, actualmente desbordados, y una Red Comarcal de Fomento del Empleo y contra la Exclusión Social.

También pedimos incrementar el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales, y la creación de un nuevo Plan para la realización y mantenimiento de las páginas Web municipales, adecuándolas a la nueva legislación en materia de transparencia, buen gobierno y acceso a la información. Apostamos por incrementar las partidas de Cooperación y Solidaridad y Ayuda Humanitaria de Emergencia, partida que va bajando año tras año y que da muestras de las intenciones del gobierno respecto a este tema. Pretendimos incrementar la partida de Educación de Adultos en el medio rural. Todo esto en detrimento de las partidas que se reparten “a dedo” o las destinadas a la Iglesia Católica y proponiendo un Plan alternativo de Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, sea quien sea su propietario.
Gran parte de las críticas de IU en la institución provincial se han centrado en la minoración de los fondos gestionados con transparencia, igualdad y concurrencia competitiva, frente a aquellos repartidos con discrecionalidad de cupos (partidos).

Nos referimos fundamentalmente a las ayudas de Presidencia cuya metodología enmendamos y se nos rechazó; lo que no resulta tolerable si pretendemos avanzar hacia la transparencia democrática y la equidad en el reparto de fondos públicos. Además, criticó Miramón, la fórmula del convenio se ha generalizado como una nueva forma de repartir subvenciones “a dedo”. Por ello, IU rechazó los presupuestos de la DPZ para 2014, más que el qué o el cuánto, cuestionando el cómo y el a quién.