IZQUIERDA UNIDA ALTO GÁLLEGO Y JACETANIA NO APOYAN LA UNION DE PISTAS DE ESQUI
Izquierda Unida del Alto Gállego e Izquierda Unida Jacetania quieren mostrar su oposición a la unión de las pistas de esquí entre Formigal y Astún por entender que la afección medioambiental es muy acusada.
Algunos políticos de nuestra zona cada vez que ven caer la nieve vuelven a proponer este proyecto, del que se olvidan los años en que es escasa la nieve. Casualmente, cualquier actuación pasa por desarrollos urbanísticos para financiar infraestructuras, que después de unos años vuelven a mostrar que es una actividad deficitaria, por lo tanto no es una actuación sostenible.
Ellos y nosotros vemos que las infraestructuras actuales tienen suficiente atractivo como para llenar, 4 veces al año, las instalaciones e infraestructuras hoteleras y viarias hasta hacer incomodo el acceso y la practica de este deporte. Quitados esos 4 días las instalaciones no se llenan y en muchos periodos hay muy pocos usuarios.
En estas condiciones entendemos que no es necesario más espacios esquiables y que es beneficioso acceder a cada instalación por su acceso actual, no siendo una mejora sustancial la comunicación entre valles por las propias pistas.
La empresa Aramón financiada por el Gobierno de Aragón y la obra social de IberCaja (al final dinero de todos, vía impuestos o vía ahorro), se beneficia de un vacío legal que el Gobierno de Aragón propicia al no querer hacer una ley de la montaña hasta que hayan acabado sus inversiones destrozando todo el territorio. Aramón no es una empresa que desarrolle el territorio. Hace negocio con el territorio.
Las afecciones medioambientales, por si solas indican que los que deben proteger un entorno como el Pirineo son sus principales destructores, que pretenden saltarse la directiva marco del paisaje, de obligado cumplimiento desde 2008 y las limitaciones de los estudios medioambientales sobre las pistas de esquí, que impiden la ubicación de remontes en los collados. Todo ello argumentando beneficios para los habitantes del pirineo; pero el sector turístico de nuestra zona depende más de los precios de los servicios, de las condiciones económicas de los ciudadanos y de la meteorología, que de una oferta mayor de zona esquiable.
Izquierda Unida no considera prioritaria una inversión pública de grandes dimensiones en el sector de la nieve, por el contrario es necesaria inversión pública en fomentar la desestacionalización del turismo, que permita realizar infraestructuras que ayuden al desarrollo de los pueblos interiores situados fuera de las carretera general, y sobre todo inversión pública en apoyo al sector primario y a la industria.
Al sector primario aplicando todos los conocimientos existentes en la actualidad y las tecnologías más avanzadas para lograr la transformación de lo generado en el territorio en productos elaborados, y a la industria porque garantiza puestos de trabajo menos estacionales que el turismo de la nieve, a un colectivo importante de la población.
Fdo:Federico Escobar Albertín (Coordinador Comarcal del Alto Gállego e Iván Martínez Corrales ( Coordinador de IU Jacetania)
IU propone la creación de un salario social y pide a la Administración que garantice una vida digna a todo ciudadano
1 Marzo, 2011
Izquierda Unida reclama información al Gobierno de Aragón sobre actuaciones previstas para paliar la situación económica por debajo del umbral de la pobreza del 18,8% de la población aragonesa y de un 35% de los mayores de 60 años.
El grupo parlamentario de IU en Las Cortes de Aragón ha formulado una pregunta a la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, ante la grave situación económica de personas por debajo del umbral de la pobreza.
Según el último informe de Cáritas, hay más de 110.000 personas que viven en la ciudad de Zaragoza en situación de pobreza relativa y más de 15.000 en extrema pobreza. En el informe también se alerta del aumento de la precariedad laboral y social, así como la existencia de un grupo significativo de personas mayores con ingresos procedentes de pensiones mínimas que no disponen de familiares o de atención y con problemas de vivienda, que suponen un elemento más que crítico y que cada vez afecta a mayor número de personas que se ven abocadas a vivir en situaciones muy precarias.
A juicio del portavoz de IU, Adolfo Barrena, “la crisis ha incrementado de forma considerable los niveles de pobreza y cada vez son más las personas que se ven amenazadas por este problema”. “La Administración Pública –continua Barrena- debería establecer unos mínimos que garanticen una vida digna a todo ciudadano, así como que se tengan derechos a ciertas prestaciones mínimas, algo que debe formar parte imprescindible de lo que entendemos que debe ser el Estado de Bienestar”.
Para ello, Izquierda Unida propone que la Administración garantice un salario social a quien no tenga otros ingresos, mediante programas específicos que faciliten la integración social de estas personas como medida compensatoria de redistribución de renta para posibilitar la subsistencia de las personas paradas en edad de trabajar que por no haber cotizado a la Seguridad Social o haber agotado la prestación por desempleo no reciban ésta y no hayan conseguido ninguna ocupación en el mercado de trabajo. Como contraprestación, IU propone que deberían de realizar labores socialmente útiles, bien con la realización directa de servicios sociales comunitarios, bien formándose para adquirir habilidades socialmente útiles.
Ante la virulencia de la actual crisis que está poniendo a prueba la resistencia incluso de los dispositivos de protección al desempleo y según los datos recogidos en el informe de Cáritas, IU pregunta a la consejera de Servicios Sociales qué actuaciones tiene previstas adoptar el Gobierno de Aragón para paliar la situación económica por debajo del umbral de la pobreza del 18,8% de la población aragonesa y de un 35% de los mayores de 60 años.
Las Cortes aprueban, a propuesta de IU, la Ley de Muerte digna
28 Marzo, 2011
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó el pasado jueves La Proposición de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en su proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna, a iniciativa de IU. La ley salió adelante con el apoyo de IU, PSOE, CHA y PAR y el rechazo del PP. Así, Aragón es la segunda Comunidad Autónoma que regula esta materia.La nueva ley regula el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte y los deberes del personal sanitario, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar. La calidad de vida, el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la declaración de voluntad vital anticipada, la intervención en el ámbito de la sanidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, la situación terminal o el testamento vital son algunas de las cuestiones relacionadas con el proceso de muerte recogidos en la norma.
Adolfo Barrena, coordinador de la Ponencia que ha trabajado sobre el texto y las enmiendas, señaló en su intervención ante el Pleno que esta Ley es “de derechos, de garantías, de obligaciones”, en el sentido de que su aprobación protegerá a los pacientes en proceso de muerte ante cualquier negativa de los facultativos a respetar su voluntad si colisiona con su moral personal y profesional.
Para Barrena, “con esta Ley damos un paso”, dijo Adolfo Barrena que lamentó que se hayan restringido algunos preceptos que recogía el texto inicial, de IU, antes de que se le incorporaran las enmiendas de los grupos parlamentarios.
Esta Ley reconoce el derecho al consentimiento informado, es decir, que cada ciudadano que afronte el proceso de muerte en un centro sanitario, sea público o privado, tiene derecho a ser informado sobre su pronóstico, así como los tratamientos e intervenciones y, en función de su voluntad personal, podrá autorizarlos o rechazarlos.
Los pacientes tienen derecho a la sedación paliativa y a recibir tratamiento para mitigar su dolor. Todos los enfermos terminales tienen derecho a recibir cuidados paliativos incluso en el domicilio de su elección. Asimismo, se protege el derecho a la intimidad, incluyendo la protección de los datos sanitarios relativos a su proceso de muerte y el derecho al auxilio espiritual.
Los profesionales sanitarios estarán obligados a informar a los enfermos y deberán respetar su voluntad, independientemente de que, moralmente, la voluntad del enfermo o su representante, si el afectado no es dueño de sí mismo, coincida o no con la del profesional. Deberán respetar los valores y creencias de los pacientes y evitarán la “obstinación terapéutica”, también conocida como encarnizamiento terapéutico.
Además, la Ley actualiza la normativa sobre el Registro de últimas voluntades, que tiene carácter autonómico y público. Lo custodia el Gobierno de Aragón y los profesionales sanitarios podrán acceder al mismo desde cualquier centro sanitario, sea público o privado, de la comunidad autónoma, como herramienta para garantizar el respeto a la voluntad del paciente.
La nueva norma dispone la creación de Comités de Ética en cada uno de los ocho sectores sanitarios en que se divide la Comunidad Autónoma. Estos Comités valorarán los casos más complicados. También se crea un Comité de Bioética de Aragón para analizar el tema en función de los avances médicos y la ética.
