MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
D. Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sabiñánigo viene a formular para su aprobación la siguiente
MOCIÓN: aplicación de la legislación penal internacional
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la actual situación planteada por las demandas judiciales de las víctimas del franquismo y la permanente obstrucción de la justicia española para resolverlas,
Se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo considera una exigencia para un estado democrático:
1.- La aplicación en España con todas sus consecuencias de la legislación penal internacional para perseguir los crímenes del franquismo, una legislación que resulta de obligado cumplimiento para perseguir, como es este el caso, los crímenes contra la humanidad, los cuales son imprescriptibles y no amnistiables.
2.- Pese a las limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica, exigimos que, dado que todavía está en vigor, sea aplicada.
3.- Que la memoria democrática sea materia de estudio en el sistema educativo español.
Esta moción será enviada al Gobierno de Aragón y a la presidencia del Estado español.
DECLARACIÓN DE EUROPA LAICA ANTE LA BEATIFICACIÓN DE MÁRTIRES
Ante la beatificación en Tarragona, el próximo 13 de octubre, de 522 “mártires” que murieron, según la Conferencia Episcopal Española, “durante la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX”,
Europa Laica declara:
1-Denunciamos que dicho acto sea calificado como “de humanidad y reconciliación”, mientras que cada vez que se plantea restituir la memoria de las decenas de miles de personas, algunos de ellos cristianos y religiosos, de lo que se denomina como “bando republicano”, la jerarquía católica y la derecha reaccionaria bramen, porque se supuestamente se “reabren” las heridas de la Guerra civil. En contra de la opinión de millones de personas y de organismos internacionales, como la ONU, que viene exigiendo que se persigan los crímenes franquistas
2- Negamos la veracidad histórica respecto a que las personas a canonizar murieran “durante la persecución religiosa de los años treinta”. Por el contrario, la mayoría de los 6.800 eclesiásticos asesinados, así como la inmensa mayoría de los muertos o asesinados republicanos, lo fueron a raíz del golpe militar y la subsiguiente guerra y no durante la II República, como de forma vergonzante pregona la iglesia católica oficial.
3- La jerarquía católica oficial fue inductora del “golpe de Estado fascista”, desde el mismo día de la proclamación de la II República, incluso antes, si nos atenemos a las homilías y soflamas que se lanzaban desde los púlpitos, ya que no querían perder los enormes privilegios de los que disfrutaban como “religión de Estado” y no porque fuera perseguida y no tuviera más remedio, como demuestran las cartas del cardenal primado Isidro Gomá, al Vaticano.
4- A la mayoría de los obispos españoles de la época cabe el “honor” de ser los artífices de convertir la sangrienta contienda en “Cruzada”, a partir de su Carta Colectiva de 1937, intentando convencer al mundo de que la causa de los golpistas era la de la “civilización cristiana” e, incluso, oponiéndose a una “solución pactada” e insistiendo en una rendición incondicional y humillante.
5- La jerarquía católica, con estas beatificaciones, sigue identificándose con los golpistas sediciosos que acabaron por la fuerza con la legalidad republicana. Nos produce indignación el alborozo episcopal por haber sido “agraciados con un gran número de estos testigos privilegiados”, refiriéndose a los eclesiásticos asesinados.
6- Este país está gobernado por unos políticos, que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sin reconocer que el golpe militar de 1936, que devino en guerra, originó una sangrienta y terrorista dictadura que practicó una auténtica “limpieza” étnica e ideológica e implantó, con el apoyo eclesiástico, una dictadura fascista y nacional-católica que adoctrinó las conciencias y eliminó las libertades, durante cuatro décadas.
7-Denunciamos que representantes de los poderes públicos vuelvan a estar presentes en estos actos confesionales, agraviando de forma intolerable, a millones de ciudadanos y ciudadanas de todo tipo de creencias (religiosas o no). Con su presencia y la financiación pública del acto, contaminan el Estado democrático y de Derecho, deslegitiman la democracia, dando así un paso más en la desafección hacia nuestras instituciones públicas.