Programa definitivo  CHA-IU: La izquierda de Aragón, La izquierda Plural

Vivimos un momento crucial: con la excusa de la crisis económica, estamos asistiendo a una ofensiva neoliberal, que busca eliminar las conquistas sociales, los derechos y libertades logrados en los últimos 30 años, a la vez que afrontamos una involución en el proceso autonómico.

Pero por otro lado, una nueva y enorme respuesta ciudadana exige en Aragón y en el resto del mundo recuperar su poder de decisión y el dinero que nos roban los causantes de la crisis. En esta situación, CHA-IU: La Izquierda de Aragón, sumamos fuerzas con la iniciativa social para construir un dique de contención y abrir nuevas vías frente a las políticas de derechas. Lanzamos un mensaje de unidad para movilizar el voto progresista, el voto de la gente de izquierdas, porque existe una salida social a la crisis. Queremos ser cauce de participación de la ciudadanía aragonesa para devolver la voz de Aragón a las Cortes Generales. Queremos reforzar la respuesta de la izquierda a la crisis y llevar la indignación al Parlamento, transformándola en rebeldía política que nos permita empezar a cambiar las cosas. Súmate!

Súmate a la regeneración de la democracia, a la participación y a la transparencia

Transformación democrática del Estado.

• Reforma de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía (Iniciativa Legislativa Popular, referéndum vinculante, presupuestos participativos y consultas populares) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar la participación popular y desarrollar nuevas fórmulas de participación política, como las consultas por internet, o las asambleas ciudadanas.
• Ampliación del derecho a voto a colectivos ciudadanos actualmente excluidos:
  • jóvenes entre 16 y 18 años en todas las elecciones
  • ciudadan@s comunitari@s con un determinado plazo de residencia en elecciones autonómicas y generales
  • inmigrantes residentes en el Estado en las elecciones municipales.
• Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual, en las elecciones generales y en las autonómicas, aplicando criterios de territorialidad. Reducción del límite en el gasto electoral de los partidos en unas elecciones generales a menos de la mitad, fijándolo para cada formación en función de las circunscripciones en que se presente y no del resultado en las últimas elecciones.
• Convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, reformando el sistema de elección de sus miembros y otorgándole plenas facultades legislativas en las leyes que afectan directamente a las Comunidades Autónomas

 

Medidas de regeneración de la vida democrática. Apuesta decidida por otras formas de hacer política, con medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declaración de los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, ley de revocación de los cargos públicos y reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos para garantizar la transparencia, impedir la condonación de préstamos concedidos por entidades financieras y limitar las donaciones.

 

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que los tribunales puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a las personas imputadas por delitos graves de corrupción, agilizando y priorizando los procedimientos. Reformar el Código Penal con la finalidad de elevar las penas previstas para las personas corruptas y las corruptoras e imponer la incompatibilidad de que puedan trabajar en empresas privadas que presten cualquier servicio a la Administración Pública. Avanzar en la especialización de jueces y fiscales en materia de lucha contra los delitos urbanísticos, dotándoles de medios humanos y económicos adecuados para cumplir con su función.

Súmate a la democratización de la economía, por tus derechos laborales y por el empleo

La creación de empleo y la protección a las personas en paro debe ser el objetivo prioritario de la política económica del Estado.

Crear empleo a través de inversiones públicas en sectores productivos de la economía, con incremento del empleo público que garantice servicios públicos de calidad. Impedir la destrucción de empleo, negando los EE.RR.EE. a las empresas que hayan obtenido beneficios el año anterior, reducción de la jornada laboral a 35 horas para un reparto del trabajo. Supresión de las ETT y las agencias privadas de colocación.

Acabar con la precarización del mercado laboral, que se ha generalizado progresivamente por medio de la reducción de salarios, el incremento de la temporalidad, el uso masivo de los contratos de formación y la pérdida continuada de derechos sociales y laborales, impidiendo el desarrollo de proyectos vitales entre las personas trabajadoras, y especialmente entre las más jóvenes.

 

Protección al desempleo: ampliación de la prestación por desempleo y el subsidio, suspensión de los procedimientos de ejecución de los desahucios de viviendas o corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas desempleadas. Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración. Planes específicos de empleo para el colectivo de jóvenes menores de 35 años y de mujeres. Avanzar hacia la gratuidad del Transporte público para las personas desempleadas.

 

Derogación de las reformas laborales: Recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Eliminación de la contratación temporal injustificada. Reforma de la causalidad del despido improcedente dando la posibilidad a la persona empleada de elegir entre indemnización y readmisión. Acabar con el uso fraudulento de las prácticas no laborales que generan empleo cualificado sumergido, garantizando a las personas que han obtenido una beca unas condiciones de trabajo dignas y una protección social de calidad.

 

Derogación de la reforma de las pensiones públicas: Sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como es el caso de las pensiones privadas. Revalorización de las pensiones y, en consecuencia, rechazo de cualquier fórmula de reducción o congelación. Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Tope de la cotización máxima necesaria a los 35 años y período máximo de cómputo de cotización de 15 años. Reconocimiento equitativo de los periodos trabajados en cualquier país de la UE.

 

Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes y establecimiento de un salario máximo, con un tope específico para las Administraciones Públicas, sus organismos dependientes y las empresas con participación pública. Penalización de la causalidad y la siniestralidad en las cláusulas de contratación públicas.

 

Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal; fomento de la corresponsabilidad del cuidado ampliando y equiparando permisos de paternidad, maternidad y lactancia intransferibles.

 

El Estado debe intervenir en la economía mediante:

• La articulación de un sector financiero controlado públicamente:
  • Creación de una banca pública que intervenga en el flujo de capital, garantizando liquidez a autónomos, PYMES y ciudadanía,  constituyéndose en el instrumento principal de la política de crédito publico junto al ICO y al Banco de España
  • Nacionalización de las entidades financieras rescatadas con fondos públicos: participación de las administraciones públicas en la gestión y dividendos de toda entidad financiera que reciba fondos públicos.
  • Reversión inmediata de la bancarización  de las Cajas de Ahorros para garantizar su naturaleza de entidades sin ánimo de lucro, su carácter social, su control público, la participación democrática de impositores y trabajadores; reclamamos, asimismo, la competencia autonómica exclusiva en la materia.
  • Establecer mecanismos eficaces para garantizar el control sobre las transacciones financieras en el marco del estado español (Bolsas y Mercados Españoles, BME)
  • Revisión del endeudamiento público desde el punto de vista de la rentabilidad social a fin de denunciar aquellos contratos que sean contrarios al interés general.
• El impulso de la economía real
  • Recuperación para el sector público de aquellas empresas privatizadas de carácter estratégico, invirtiendo directamente en los sectores indispensables de la economía, para garantizar la creación de empleo estable y de calidad y un modelo productivo sostenible y social basado en la economía productiva y en la I+D+i.
  • Apoyo a los sectores productivos desde la perspectiva de una reconversión ecológica y ética de la economía siempre bajo el principio de precaución: apoyo especial a los sectores básicos (construcción, automoción, turismo, producción de alimentación y bebidas); a los sectores emergentes y estratégicos (agricultura, química verde, naval, ferroviario y servicios socio-sanitarios y de energías alternativas) y a los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, medicina, nanotecnología, economía del hidrógeno, cultura, comunicación y nuevas tecnologías de la información).
  • Fomento de la economía social mediante medidas e incentivos que favorezcan el autoempleo y los fines sociales y colectivos a través de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades de economía social.
  • –         Apoyo a las PYMES y a los autónomos mediante el pago a proveedores y a subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 para pequeñas empresas y autónomos). Facilitar la suficiencia económica a través de créditos ICO.

Justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo haciendo que paguen más los que más tienen y más ganan, mediante un sistema tributario progresivo y distributivo. Reforma del IRPF, incrementando los tramos a las rentas más altas. Dejar sin efecto la subida del IVA,  incrementando este tributo exclusivamente para los bienes de lujo. Crear una tasa que grave las transacciones financieras. Eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Recuperar el Impuesto del Patrimonio y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre Grandes Fortunas y Patrimonios. Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras. Desarrollar una fiscalidad ambiental que grave las actividades que perjudican el medio ambiente e incentiven las que tengan efectos favorables. Hay que avanzar hacia un modelo fiscal en el que se incorporen los costes sociales y ambientales derivados de los procesos productivos y que dote de carácter finalista a los montos económicos derivados de estas medidas hacia proyectos de restauración de los daños ambientales producidos.

 

Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados. Reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Mejora de los recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), sus competencias y estructura, así como su control parlamentario. Creación de la Agencias Tributarias autonómicas. Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales y control de todas las operaciones en metálico superiores a 6.000 € tanto entre particulares como en relaciones comerciales.

 

Nos oponemos al Pacto del Euro y por tanto rechazamos los tratados que desde Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital. Proponemos un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de todas las personas que vivimos en Europa. Proponemos la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales para que incluyan entre sus misiones la de actuar como un verdadero instrumento que garantice la adecuada financiación del sector público sin dejar las emisiones de deuda pública a merced de la codicia de los especuladores.

Súmate por una República Federal y plurinacional

Defender con firmeza los intereses de Aragón ante el Gobierno central exigiendo el respeto de su identidad y de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa, velando para que Aragón tenga en el conjunto del Estado el peso y la influencia que le corresponden,  en todos los ámbitos de la actividad política, económica, social y cultural. Adopción de nuevos criterios para la distribución de los Fondos de Compensación Interterritorial como la despoblación y la baja densidad, para la inclusión de territorios como Aragón.

Promoveremos el debate sobre la reforma de la Constitución para avanzar hacia una república federal basada en los principios del federalismo cooperativo y solidario, partiendo del respeto de la naturaleza plurinacional del Estado y del derecho a decidir de sus ciudadanos y ciudadanas y diseñando un nuevo marco competencial que otorgue poderes suficientes a las entidades federadas y garantice el bienestar económico, social y cultural de la ciudadanía.

 

Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de ampliar al máximo el ámbito competencial, atribuyendo a la Comunidad Autónoma todas las competencias que la Constitución no reserva expresamente al Estado, y de otorgar al aragonés y al catalán rango de cooficialidad en las zonas de uso. Hasta que tenga lugar la reforma, desarrollar plenamente el actual Estatuto de Autonomía, exigiendo al Estado el traspaso de funciones, servicios, medios personales y materiales relativos a todas las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. Agotar las posibilidades de transferencia de competencias de titularidad estatal a Aragón por la vía del artículo 150 de la Constitución.

 

Reordenar la estructura administrativa y política del Estado. Propiciar un acuerdo de Estado para la reforma de las administraciones públicas, con el objeto de reducir los niveles administrativos, redistribuir competencias y conseguir mayor grado de eficiencia en el sistema institucional, que cuenta en la actualidad con hasta seis niveles: europeo, estatal, autonómico, provincial, comarcal y municipal. Con ese objeto se impulsará la desaparición paulatina de las Diputaciones Provinciales y la capacidad de cada comunidad autónoma para decidir sobre su organización provincial. Abogamos por la reducción presupuestaria a la mínima expresión de los Ministerios del gobierno central cuyas competencias hayan sido transferidas –en parte o en su totalidad- a las Comunidades Autónomas.

Transparencia en todas las cuentas de administraciones públicas, información  vía web sobre presupuestos y ejecución presupuestaria.

 

Mejorar la financiación de los Ayuntamientos, de acuerdo a criterios objetivos y equitativos, en los que se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento de los habitantes del medio rural. Equiparación en la participación de los tributos del Estado de todos los Ayuntamientos con la media de las grandes ciudades, esto es, que todos reciban de este Fondo un mínimo de 365 euros por habitante y año.

 

Fortalecer los mecanismos de relación bilateral entre Aragón y el Estado y desarrollar instrumentos federales de cooperación horizontal entre las Comunidades Autónomas. Garantizar la participación de Aragón en la designación de miembros de instituciones, organismos o empresas estatales y en el proceso de toma de posiciones del Estado que afectan a Aragón  ante la Unión Europea.

Súmate a la construcción de un estado social avanzado que garantice nuestros derechos

Modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva contra la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, de manera que la educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la atención a las personas mayores, la igualdad de derechos en el respeto a la diversidad, la salud, el suministro de agua potable, la energía, el transporte público, el servicio postal, el deporte o la cultura sean considerados servicios públicos que dependan de la responsabilidad pública y tengan carácter universal, laico y gratuito, revirtiendo la tendencia a su privatización o externalización. Exigencia de la titularidad y gestión públicas.

 

Desarrollar legalmente la exigencia del cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en  la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, la justicia, etc.; exigencia legal de dedicación a estos fines del mismo porcentaje del Producto Interior Bruto que la media de la Unión Europea.

 

Acceso a la  vivienda basado  en recuperar la ciudad consolidada y mejorar el espacio público, en contra del modelo de ciudad expansiva, insostenible desde criterios económicos, medioambientales y sociales.  Para ello, se trata de incentivar y fomentar:

• alquiler social
• ley de rehabilitación bajo criterios de ahorro y eficiencia energética de edificios y viviendas, acompañada de programas de financiación

• gravamen impositivo a las viviendas vacías
• Reforma inmediata de los préstamos hipotecarios por ley,  incorporando la dación en pago (que la cesión de la vivienda al banco satisfaga la deuda hipotecaria) y estableciendo límites a los plazos y al sobreendeudamiento.
• Modificación de la Ley del Suelo, estableciendo límites más severos para declarar urbanizables nuevos suelos y estipulando requerimientos ambientales y energéticos en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Atención Sanitaria universal Pública y de gestión pública en todas las especialidades: blindaje contra el desmantelamiento y fragmentación del sector público sanitario, inclusión en el sistema público de los tratamientos que por las exigencias derivadas de su novedad actualmente estén externalizados. Inclusión en la atención sanitaria de la perspectiva de diversidad cultural, funcional, de género y afectivosexual. Mejoras legislativas para la autonomía del paciente; que los poderes públicos garanticen el derecho a una muerte digna, a la eutanasia y al suicidio asistido. Despenalización y eliminación de sanciones administrativas por el consumo de drogas y el autocultivo de cannabis.

 

Ley estatal de Servicios Sociales, con Carta de Derechos Sociales y catálogos de prestaciones con garantía legal para su dotación de fondos incluido un salario social básico; todo ello para su desarrollo y gestión por las CCAA y financiación compartida.

 

Ley del Tercer Sector de Acción Social, con mecanismos adecuados de interlocución y diálogo civil y un sistema de financiación más justo, adecuado y sostenible.

 

Reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal (Ley de Dependencia), con garantía legal de fondos para su cumplimiento incorporando la cartera de servicios que la componen en el sistema público de la Seguridad Social, de manera que asegure:

• Cumplimiento efectivo de la Convención de la ONU sobre diversidad funcional a fin de garantizar la vida independiente de todas las personas en igualdad de derechos y oportunidades, no sólo en el ámbito asistencial, educativo y laboral sino en el de la independencia plena en el ocio, la cultura y la vida social y afectivosexual.
• Elección por las personas dependientes para ser atendidas en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades; prestación económica para los familiares sólo excepcionalmente.
• Tiempo de espera máximo de seis meses

 

Es función de las Administraciones Públicas potenciar la actividad deportiva de la población, entendiendo el deporte como derecho social y desarrollando  planes y programas que permitan fortalecer su papel para el impulso de nuevos modelos de vida y de ocio más saludables.  El deporte debe convertirse en una vía de  lucha contra la discriminación y en instrumento para el conocimiento, disfrute y respeto del medioambiente. Es preciso acabar con la financiación pública de las Sociedades Anónimas Deportivas.

 

Garantizar la Educación Pública, Laica y Gratuita desde la Educación Infantil (0 años) a la Universidad. Reforma del régimen de conciertos, para dejar clara su subsidiariedad frente a la escuela pública. Implantación efectiva de la educación para la ciudadanía, educación afectivosexual, educación para la igualdad de derechos en la diversidad y para la salud

 

Reforma de la Justicia:

• Instrucción del proceso penal por el ministerio fiscal.
• Supresión de la Audiencia Nacional, reforma de los sistemas de elección del Fiscal General del Estado, Tribunal Constitucional y Consejo General del poder judicial.
• Incremento de la ratio de jueces por habitante a la media europea, reforma de su sistema de acceso. Simplificación de trámites para el acceso a justicia gratuita.

• Dotación de medios para:
  • Cumplimiento penal en centros adecuados para personas con toxicomanías, enfermedades mentales o graves.
  • Alternativas a la prisión: Mediación Penal, Trabajos en Beneficios a la Comunidad gestionados por instituciones de servicios públicos ajenas a Instituciones Penitenciarias, cumplimiento en tercer grado y en libertad condicional.

Súmate por una cultura crítica y emancipadora

Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura:

• por gestionar de forma pública los derechos de autores y autoras, sustituyendo el canon digital y la ley de propiedad intelectual por nuevas normas en función de sus intereses y los del público (en vez de los de las grandes empresas intermediarias y de telecomunicaciones) y reconociendo las licencias de distribución libre.
• por el software libre (especialmente en todas las administraciones públicas)
• por una política cultural que apoye a creadoras y creadores desde la base mejorando la inversión pública y el tratamiento fiscal a la cultura, y que difunda las artes entre todos los niveles de la población, con acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural; mediatecas y bibliotecas.

Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura local, autonómica y estatal. Garantizar el acceso mediante banda ancha como servicio universal e impulsar medidas para garantizar la neutralidad en la red.

Exigimos al gobierno central un funcionamiento ágil y eficaz del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón -en el que quede garantizada la participación preeminente de Aragón- y la devolución de la documentación aragonesa del Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

Súmate a la Igualdad

Construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Modificar la Ley Electoral para garantizar que las listas electorales incluyan un 50% de personas de cada sexo y establecer un reglamento que instaure la paridad institucional. Trabajar por la erradicación de la brecha salarial y social entre mujeres y hombres. Elaborar un plan de lucha contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados y la feminización de la pobreza.  Implantación de medidas efectivas de lucha contra la violencia machista. Desarrollar la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Promoción de la eliminación de estereotipos de género en la comunicación, la publicidad y la producción cultural. Garantizar la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la sanidad pública, y el acceso a la píldora postcoital; garantizar de forma efectiva la aplicación de la Ley de reproducción asistida y la cesión de óvulos en parejas de lesbianas en la sanidad publica; todo ello sin interferencias ideológicas de l@s profesionales implicad@s. Garantía de los derechos de las víctimas de trata, independientemente de su colaboración con la justicia, sin internamientos ni expulsiones; supresión de las normativas que conculcan la libre circulación de las prostitutas, criminalizan, estigmatizan y empeoran sus condiciones de vida.

 

Garantizar la igualdad de derechos para la diversidad afectivosexual; incluso promoviendo la reforma constitucional en caso de que prospere el recurso del PP contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ley integral que penalice las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género y recoja un apartado específico sobre violencia doméstica en las parejas del mismo sexo. Aseguramiento del derecho a la adopción y la filiación conjunta de las parejas del mismo sexo.

 

Modificación de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad, para el acceso garantizado a los tratamientos de reasignación de sexo en la sanidad pública y para la modificación registral de nombre y de mención de sexo; todo ello desde la autonomía informada y la libre decisión de las personas transexuales. Consideración de las personas transexuales como colectivos en riesgo de exclusión laboral

 

Defensa de los derechos de la población migrante, regularización de todas las personas “sin papeles”; desaparición de los Centros de Internamientos para Extranjeros, las expulsiones masivas y los controles policiales selectivos basados en rasgos físicos como el color de piel o la procedencia.

Súmate a otro modelo de desarrollo y a otra forma de vivir

Debemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales y de incremento de emisiones para lograr un desarrollo social y ecológicamente sostenible y perdurable dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas.  Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria. Garantizar la presencia activa y la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión ambiental. Integrar de forma efectiva la lucha contra el cambio climático en la planificación de todos los sectores de la actividad económica.

 

Nuevo modelo energético

• Medidas de ahorro y eficiencia energética en el uso residencial e industrial y en el transporte, hasta conseguir una reducción de la demanda final total del 28% en 2020 respecto a 2007 y del 55% en 2050 respecto a 2007.
• Priorización de la participación de energías renovables en el mix energético, en particular las más próximas al lugar de consumo, hasta alcanzar en 2020 el 64% y el 100% para 2050, abandonando urgentemente la energía generada en reactores nucleares para 2020. Abandonar los planes de cementerios nucleares hasta el cierre de todas las centrales.
  Avanzar en la progresiva sustitución de las centrales térmicas desarrollando previamente alternativas productivas que garanticen la viabilidad económica y el futuro de las comarcas mineras.
• Reduccción urgente de las emisiones de CO2 derivadas de la energía, en un 68% en 2020 respecto a las producidas en 1990 y alcanzando el nivel 0 para 2050.
• Desarrolllo de normativa que impulse la introducción de energías renovables para el autoconsumo: desaparición de trabas administrativas, impulsar la introducción de los contadores de energía neta.

Definir estrategias y medidas de adaptación al cambio climático para cada tipo de territorio, población y sector productivo

Impulsar una política hidráulica respetuosa con los principios de unidad de cuenca, eficiencia, uso racional, respeto medioambiental, control de la demanda y recuperación de costes en el marco de la Nueva Cultura del Agua:

• Democratización de los órganos de gestión de cuenca.
• Ley para el ahorro y el uso sostenible del agua que garantice una gestión pública y  racional  para avanzar en la reducción de la demanda.
• Impulso de efectivo del Plan Nacional de Calidad de Aguas, el deslinde del Dominio Público Hidráulico y el Plan Nacional de Restauración de Ríos, priorizando los ríos que estén incluidos en espacios protegidos.
• Rechazo rotundo de cualquier transferencia de agua entre cuencas, en especial el trasvase del Ebro.

 

Impulsar la agricultura y producción ecológica y rechazar los cultivos y productos transgénicos.

• Impulsar la vigente Ley para el Desarrollo sostenible del medio rural.
• Defender los principios de proximidad o cercanía, seguridad y soberanía alimentaria como los más sostenibles desde el punto de vista ambiental y los que mejor garantizan el desarrollo y la supervivencia del medio rural, la solidaridad internacional y el propio futuro de la humanidad. La política agraria común  (PAC) debe ir dirigida a favorecer un modelo productivo agrario sostenible y diversificado en el que las explotaciones familiares agrarias y los agricultores a título principal sean protagonistas. Se debe apoyar a las Cooperativas y fomentar la agroindustria para evitar los tremendos abusos de las multinacionales que controlan la producción de insumos y la distribución alimentaria, apostando por un modelo que garantice la soberanía alimentaria y vertebre el territorio.

 

Avanzar en la defensa de los derechos de los animales, promoviendo una ley estatal de protección animal y, entre otras medidas, endureciendo las penas por abandono y maltrato animal.

 

Defender la biodiversidad  garantizando:

• Adecuada gestión y financiación de la Red Natura 2000, impulsando un nuevo modelo de desarrollo rural, conciliando las necesidades de la población y del medio natural.
• Cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaborar los planes sectoriales.
• Desarrollar Estrategias Nacionales para la recuperación de especies en peligro de extinción, teniendo en consideración el impacto del cambio climático.
• Impulsar la creación del Parque Nacional de los Pirineos.

 

Apostar decididamente por el transporte público: Ley del Transporte Público y Ley de Movilidad Sostenible que en 2016 reduzcan un 20 % el tráfico por carretera. Potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril. Exigir la reapertura inmediata del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y la Travesía ferroviaria Central del Pirineo (TCP) después. Acelerar el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Priorización de la intermodalidad y del sistema de cercanías.

• Rediseñar el sistema aeroportuario desde criterios de racionalidad y sostenibilidad.
• Carreteras: ejecución de todas las infraestructuras necesarias para Aragón con criterios de sostenibilidad como elementos de vertebración e impulso económico del territorio, especialmente una red de carreteras intercomarcales que posibilite el desarrollo del medio rural. Exigir el desdoblamiento de la N-232 hasta el Mediterráneo y la N-II;  liberalización total del peaje mientras se ejecuten las obras; en cualquier caso, exigimos la no renovación de ninguna concesión administrativa a las empresas que explotan de forma privada las autopistas. Exigimos igualmente la terminación de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida y acelerar los trámites para comenzar la construcción de la autovía A-40 Cuenca-Teruel .
• Estudios de evaluación de la movilidad generada por nuevas planificaciones urbanísticas o actividades e implicación de los promotores en su resolución.

 

Establecer objetivos cuantificables y medidas legales efectivas para reducir planificadamente la generación de residuos, mediante la mejora de los procesos productivos, el fomento de la reutilización de envases (Depósito, Devolución y Retorno) y el reciclaje y recogida separada de biorresiduos para obtención de compost comercial.

Legislación para implantar estrategias coordinadas de las administraciones contra riesgos químicos.

Súmate a una sociedad no violenta, justa, solidaria, laica y con memoria

Modificar la Ley de Memoria Histórica para:

• anular las sentencias franquistas,
• recuperar y poner en valor la legitimidad de la II República,
• condenar  la dictadura franquista calificando los crímenes cometidos como Crímenes de Lesa Humanidad imprescriptibles, y
• establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de toda la sociedad, a conocer la verdad sobre esos hechos y procurar la localización, recuperación e identificación de personas desaparecidas.  Debe procederse a la señalización y dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de represaliadas/os durante y tras el conflicto, siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones públicas asumir los gastos derivados de esta reparación.

 

Exigimos la rescisión de los Concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica, garantizando en todo caso:

• supresión de exenciones fiscales a toda confesión religiosa, eliminación de la gestión por el estado de los donativos a confesiones religiosas a través de la recaudación del IRPF o por cualquier otro sistema.
• igualación en el derecho a optar a subvenciones públicas de carácter finalista en las mismas condiciones que cualquier otra confesión, ONG o asociación, a fin de garantizar la laicidad del Estado.
• uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos
• impedir la intitulación de tierras e inmuebles no registrados por parte de la Iglesia.
• respeto al principio constitucional de aconfesionalidad en los actos y dependencias institucionales
• exclusión de las enseñanzas religiosas del currículum y del horario lectivo

 

Oposición a la guerra en todas sus formas, promoción de la paz y el desarrollo:

• Prohibición inmediata y efectiva de la exportación de armas a zonas de conflicto e impulso de un Tratado internacional sobre Control de Armas como primeros pasos al cese de exportación de armas desde España.
• Exigimos la retirada de las tropas españolas de Afganistán y Libia.
• Abogamos por la salida de España de la OTAN.
• Retirada de las bases de la OTAN; negativa a la conversión de Rota en  sede del escudo antimisiles y a cualquier otra participación de territorio español en infraestructuras militares supraestatales.
• Apuesta por el transarme: medidas hacia la sustitución del modelo de defensa militarista por un modelo de defensa social no violenta; incorporación del derecho a la Objeción fiscal a los Gastos Militares con derivación a gastos sociales o de cooperación; reducción drástica del presupuesto militar reinvirtiéndolo en:
  •  Sustitución del principio de intervención militar humanitaria por el de cooperación civil humanitaria, mediante políticas económicas y diplomáticas de apoyo a las fuerzas democráticas; multiplicación de políticas de cooperación vinculadas a la promoción de derechos humanos, tanto civiles como sociales; financiación de actividades de interlocución, resolución de conflictos y formación en la mediación.
  • conversión de las unidades militares de emergencia para catástrofes en unidades totalmente desmilitarizadas de protección civil especializada;
  • desvinculación universitaria de la investigación militar; promoción de la investigación, educación  y cultura para la paz

• Desmilitarización del territorio: cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Desmilitarización total del aeropuerto de Zaragoza y del campo de maniobras de San Gregorio retornándolos para usos públicos.
• Desaparición del Código Penal Militar y de la Justicia Militar.
• Cumplimiento de la recomendación internacional de destinar el 0,7% del presupuesto del Estado a la Cooperación al Desarrollo, como primer paso para alcanzar el 1%. Exclusión de los créditos para la exportación de productos y servicios españoles (créditos FAD) de la consideración de Ayuda al Desarrollo. Eliminación de las ayudas públicas españolas a empresas gestoras de privatización de servicios públicos en países en desarrollo.
• Cumplimiento de protocolos de Compra Pública Ética y Sostenible en la adquisición de productos y servicios de todas las administraciones y empresas públicas bajo criterios de racionalidad, reducción de consumo y criterios ambientales y sociales; promoción pública del Comercio Justo, medidas legales contra el dumping social; obligación de etiquetado sobre origen y garantía social de los productos, control público y consideración como contractual del etiquetado y de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa.
• Apoyamos el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia del Pueblo Saharaui. Apoyamos el derecho del Pueblo Palestino a tener su propio Estado.
• Reforma legal para la concesión del asilo político en función de la persecución legal en el país de origen en vulneración de derechos reconocidos en el Estado Español, sin necesidad de prueba sobre la persecución nominal a la persona solicitante.