NO a las restricciones en el transporte escolar de Garrapinillos

Izquierda Unida de Garrapinillos ha denunciado ante sus grupos municipal y parlamentario la nueva estrategia del Gobierno de Aragón de eliminar las paradas del bus escolar de secundaria en todas las urbanizaciones privadas, barrios asentados tradicionales o viviendas despobladas (que suponen la mitad de la población del barrio).

escuela_publica_de_todos_para_todosEs una nueva interpretación discrecionalmente restrictiva de la igualdad de educación con el propósito escondido (aunque es muy evidente, no puede haber otro) de potenciar el negocio de los colegios privados y concertados, perjudicando a los alumnos de la enseñanza pública que, si quieren coger el transporte escolar, deberán desplazarse hasta el núcleo de Garrapinillos, haciendo hasta 15 Km. para hacer los 10 que le separan de Miralbueno o los 4 de Utebo. Una auténtica odisea para los alumnos y para sus padres. Un aumento del riesgo en carretera y una barrera económica importante para acceder a la educación.

Esta línea de recortes está siendo denunciada por el AMPA del Colegio Público Gustavo Adolfo Bécquer desde 2011 con la llegada del PP-PAR al Gobierno y, especialmente, desde junio de 2013 en todas las Juntas Vecinales convocadas, solicitando que el Presidente (alcalde) eleve petición al Gobierno de Aragón de respetar los servicios públicos educativos existentes en Garrapinillos por su especial característica de dispersión poblacional. Algo a lo que se negó tajantemente después de 6 meses de evasivas y afirmando que debemos creer en las promesas de la Directora del Servicio Provincial, Monserrat Martínez, algo totalmente anómalo en un sistema legal democrático.

Una responsable de Educación no puede reducir drásticamente, como lo está haciendo Dolores Serrat, la calidad de la educación de los alumnos aragoneses. Debe dimitir y dar paso a otra persona más capacitada.

Queremos recordar que en países punteros en Educación, como Finlandia, el Estado financia la gratuidad absoluta de la Educación (transporte, libros, material y comida, para todos los alumnos). Por ello sus contribuyentes están satisfechos con lo que pagan (más que en España) y su nivel educativo es muy superior al nuestro, lo que determina que tengan una capacidad extraordinaria para superar fases de crisis económica. Algo deberemos aprender.

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Izquierda Unida ha denunciado esta mañana la supresión del transporte escolar gratuito para el alumnado que, residiendo en barrios de diferentes municipios o localidades del medio rural, está escolarizado en centros educativos, en niveles obligatorios y no obligatorios. Un nuevo recorte que el Departamento Educación va a ejecutar al interpretar de manera arbitraria y restrictiva la Orden de 14 de mayo de 2013, por la que se dictan normas para la organización y funcionamiento del servicio complementario de transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón.

“Ahora Serrat le da una vuelta de tuerca más al aplicarla con discrecionalidad y arbitrariedad y afectará en el inicio del próximo curso no solo al entorno metropolitano de Zaragoza (Garrapinillos, por ejemplo), también a Tarazona (barrio Cuchillo, especialmente afectado por la medida), Ejea, Sabiñánigo, Alcañiz, Jaca, y barrios rurales gestionados por un mismo Ayuntamiento”, ha explicado el Coordinador de IU Zaragoza Provincia para preguntarse qué van a hacer estos Ayuntamientos ya que al ser la Administración más cercana, se van a ver obligados a subsanar este servicio, los que puedan”.

Exigimos a Educación que garantice el transporte escolar público y gratuito a todo el alumnado que resida en barrios y zonas rurales (artículo completo)

FAPAR denuncia la supresión del transporte escolar de cientos de alumnos en Secundaria.

Los padres de alumnos afectados han decidido elevar un recurso contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica de 7 de mayo de 2014 (accede aquí al formulario y entrégalo duplicado en tu AMPA lo antes posible). Al mismo tiempo, alcaldes, directores, FAPAR y organizaciones políticas intentaremos revertir dicha normativa. Si no lo conseguimos, habrá que recurrir a un proceso contencioso al que acudiremos juntos todos los afectados de Aragón.