Ya hace años que desde Izquierda Unida venimos proponiendo medidas contra la corrupción, mucho antes de que sus efectos comenzaran a ser visibles judicialmente. Nuestras propuestas han sido sistemáticamente ninguneadas y tumbadas por PP y PSOE, porque dificultarían enormemente el cobro de comisiones ilegales.
Izquierda Unida no se limita a las condenas políticas, por altisonantes y efectistas que resulten, contra la corrupción, a la que Cayo Lara califica de “cáncer de la democracia”. Mientras algunos se escuchan a sí mismos en sus intervenciones en tertulias televisivas, y se regodean de lo bien que lo hacen sin aportar ni una sola propuesta alternativa, el grupo parlamentario de IU presentó el día 3 de noviembre en el Registro del Congreso de los Diputados la iniciativa parlamentaria que, como proposición no de ley, desarrolla las 45 propuestas del Plan Integral para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción elaboradas por la coalición.
Entre estas 45 medidas contra la corrupción, con la que, para Cayo Lara, ha tenido mucho que ver una “legislación débil e insuficiente” que hay que reformar y que, afectan a una decena de leyes, se encuentran la eliminación de la prescripción para “los delitos económicos relacionados con la corrupción”, la ampliación “hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público” para los condenados por este tipo de delitos, y el establecimiento de una “responsabilidad económica subsidiaria” para las instituciones financieras que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes y capitales.
Además de las ya señaladas, el resto incide, principalmente, en intensificar la persecución de los delitos de corrupción, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, el control de los procesos de contratación de las administraciones públicas y de los procedimientos urbanísticos, la regulación de la labor de los cargos públicos, las campañas electorales, los partidos políticos, medidas contra el transfuguismo y el control de los ‘lobbies’.
Asimismo, en la proposición no de ley de IU se detalla la ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de penas en el Código Penal para corruptos y corruptores, el establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos o la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.
