Izquierda Unida ha presentado hoy una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) que incluye a Rodrigo Rato y a los otros 31 ex consejeros de ambas entidades. La querella señala a lo largo de su argumentación la “probable y posible comisión” de siete delitos cometidos en la fusión y salida a Bolsa, y en la emisión de preferentes, al urdir un “plan de engaño y estafa” con consecuencias para el Estado y los propios ciudadanos.
Entre los delitos descritos destaca el de estafa, así como los de asociación ilícita, delito contable, de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de información económico-financiera con el propósito de captar inversores o depositantes.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y Enrique Santiago, miembro de la dirección federal y letrado que coordina las actuaciones judiciales de la formación fueron los encargados de detallar el contenido de esta actuación judicial en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en la sede federal en Madrid.
El máximo responsable de IU explicó que la presentación de esta querella ahora, después de que en la Audiencia Nacional ya estén en marcha diligencias contra estas entidades, se debe, entre otras razones, a que esta formación ha venido insistiendo en repetidas ocasiones en la vía política para aclarar lo ocurrido. Así, recordó que hasta en cinco ocasiones ha intentado que se cree una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso de los Diputados y otras tantas ha sido rechazada y vetada por el PP gracias a su mayoría absoluta.
Santiago detalló que en el texto registrado hoy reclaman al magistrado que ordene el embargo de los bienes de los ex consejeros por valor de 24.945 millones de euros, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012, medida que extienden también a BFA y Bankia.
Entre los querellados que se apunta están los que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, además de las dos entidades como personas jurídicas.
Además, IU pide como medida cautelar el embargo de los bienes de los ex consejeros que provenían de Caja Madrid por valor de 3.000 millones, cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.
El escrito reclama también al magistrado de la Audiencia Nacional que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía, a través de la Abogacía del Estado, y que los ex consejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos.
Además, precisó Enrique Santiago, señalan al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la perpetración de estos hechos.