El servicio público no debe ser un negocio del que obtener enormes beneficios con escasos riesgos. El caso de FCC en Zaragoza nos debe hacer reconsiderar que el servicio público debe, principalmente, servir a la sociedad. No sólo con el servicio realizado, sino también, y principalmente, exigiendo que las empresas que lo realizan aporten a la sociedad elementos esenciales como un buen servicio, respeto a los trabajadores y ciudadanos o al medio ambiente. Es decir, la contrata de servicios públicos debe respetar unos mínimos principios sociales que actualmente se vulneran. En el Ayuntamiento de Zaragoza, los concejales de Izquierda Unida, luchan en este sentido.

Fernando Rivarés lo cuenta muy acertadamente.