“El Departamento de Política Territorial ha sido uno de los más perjudicados del Gobierno de Aragón”, muestra de lo cual es que el recorte del gasto no financiero representa una media del 9,45 por ciento y este es del 15,27 por ciento, ha afirmado el diputado de IU, Luis Ángel Romero, durante la comparecencia del consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, para explicar el presupuesto de su departamento, que cuenta con 38.800.398 euros. Cabe recodar que el Presupuesto para 2012 en Política Territorial e Interior ya sufrió un recorte del 16%.
Para Romero, el acusado descenso del 15,27% va a hacer imposible aplicar políticas que vertebren el territorio aragonés, que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia y que ayuden a resolver el grave problema de la despoblación que sufre nuestro territorio. “Todo ello es imposible con este presupuesto, -ha declarado- que va a significar un agravamiento claro de la crisis y de sus consecuencias para el medio rural aragonés”.
Los Ayuntamientos esperaban un esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón para mejorar el Fondo de Cooperación Municipal, que ha quedado nuevamente congelado en 10,4 millones de euros, cuando en 2009 contaba con 24 millones de euros. Este Fondo es capital para las cuentas municipales por su incondicionalidad en el gasto, utilizándose para pagar las nóminas a los empleados públicos y gastos corrientes.
Por el contrario, las Comarcas recuperan una parte perdida de su presupuesto en los ejercicios anteriores. Es una señal positiva, pero insuficiente para las necesidades que tienen. Además, no se ha aclarado cual va a ser el destino de las partidas presupuestaria ampliadas, motivo que preocupa, no solo a los grupos parlamentarios, sino también a los gobiernos comarcales.
Romero ha hecho hincapié en “el trato de favor” al socio de Gobierno, el PAR. Suárez explicó que la financiación a las comarcas a través del programa de política comarcal se dota con créditos de más de 9 millones de euros y sube un 28,84%. Para el diputado de IU, “llama la atención” como el presupuesto para las Comarcas ha aumentado en un 20%, mientras este Departamento continua asfixiando a los Ayuntamientos que cada año ven reducidas sus posibilidades presupuestarias. En este sentido, Romero ha pedido a Suárez que mejore el presupuesto para las Corporaciones Locales.
En su intervención, Romero ha advertido que “es evidente que los Ayuntamientos contribuyen a consolidar el Estado del Bienestar, gracias a los servicios públicos que prestan a los ciudadanos/as en materia de servicios sociales, educación, cultura, deporte, promoción económica y generación de empleo, industria y desarrollo local, turismo….. a lo que hay que sumar los servicios obligatorios (alumbrado, agua y vertidos, residuos sólidos urbanos, cementerio, limpieza viaria,…)”. “Sin embargo, ha indicado Romero, el presupuesto de este departamento no se ajusta a la realidad de la situación delicada que sufren nuestros Ayuntamientos”.
“Para IU, -ha continuado Romero- la política territorial (municipios y comarcas) es clave para el desarrollo socio-económico y la situamos al igual que los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales,…) en el eje principal de nuestro programa”. Este presupuesto, por mucho que el Gobierno PP-PAR hable de racionalización de las Administraciones públicas, demuestra claramente que no va a plantearse, tampoco en esta ocasión, la supresión de las Diputaciones Provinciales, realizando un vaciado de contenido y servicios, hasta su posible disolución, a favor de las Comarcas.
“También es insuficiente este presupuestos para cubrir los servicios de Protección Civil, la cooperación con las policías locales y la seguridad en su conjunto. No podrá atender las necesidades de todo nuestro territorio”, ha señalado Romero, quien ha criticado “los ajustes en la relación de puestos de trabajo y la política de gasto que el PP ha considerado prioritaria en estos momentos de crisis”. “Es contraproducente aprobar estas cuentas al mismo tiempo que está tramitándose en las Cortes la Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, porque demuestra la carencia presupuestaria para desarrollar una buena Ley de Bomberos que sea capaz de dar soluciones a los problemas de seguridad que reivindica la ciudadanía aragonesa”