TP presentó alegaciones, consideraciones y aportaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona la semana pasada para solicitar la anulabilidad por numerosas incidencias de carácter procedimental y técnico, e iniciar un debate entre los grupos con un proceso de participación ciudadana que corrija las deficiencias y permita la elaboración de un documento de mayor consenso que el actual
El grupo municipal de Tarazona Plural (TP) considera que el procedimiento se precipitó demasiado por un interés “meramente electoral”, lo que provocó la aprobación deficiente del documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Así queda patente en los informes de los servicios técnicos municipales y en las inconcreciones de muchos de los asuntos que estos informes indicaban”, manifiesta su portavoz, Jesús García Usón.
García Usón motiva la presentación de las alegaciones en las que TP “apuesta por un desarrollo urbanístico que prime la ciudad consolidada frente a un modelo de expansión en forma de estrella con desarrollos lineales y distorsiones en el tránsito entre el campo y la ciudad, mejorando su dotación de aparcamientos o su movilidad interior frente a los planteamientos expansivos y caducos del documento aprobado”.
Según el concejal de TP, “al documento le faltan elementos de diagnóstico, sobre las necesidades de vivienda y suelo industrial, que nos hagan a plantear una solución adecuada; además, la estructura que se propone hace que su ejecución sea insostenible financieramente e irracional ambientalmente”.
Por otra parte, se señala como “seria” la falta de reflejo del área de flujo preferente de avenidas junto al cauce del río Queiles delimitada por la CHE, “donde no es posible construir y sin embargo se plantea alguna unidad urbanizable”, añade.
Además del las diferencias sobe el modelo de ciudad, las alegaciones de TP se centran en otros aspectos importantes como son la “falta de previsión” del impacto de los nuevos desarrollos sobre los sistemas y servicios actuales, como la red de abastecimiento o saneamiento, y la carencia de un estudio económico, que analizara específicamente el impacto del plan en la hacienda municipal, ya que desde su punto de vista resulta “inasumible”.