el Plan de Zona de la Comarca de Tarazona y el Moncayo se elaboró con el trabajo de los representantes del tejido asociativo y todos los grupos políticos y supone un montante de 4,13 millones de euros cofinanciados por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma; repartidos en medidas para el fomento del empleo y la actividad económica, la mejora de las infraestructuras y los servicios o la preservación del patrimonio y el medio ambiente
El grupo municipal del Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Tarazona ha presentado una moción, para su debate y aprobación en el pleno de mañana, en la que reivindica el desbloqueo del Plan de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2011-2015.
El texto presentado por CC-IU exige a los ministerios de Medio Ambiente Rural y Marino y de Economía desbloquear esta partida presupuestaria, “a través de la cual se articulan importantes medidas e inversiones para mejora de las condiciones de vida de los habitantes de medio rural”, señala el portavoz del grupo municipal de CC-IU, Jesús García Usón, quien explica que “son medidas destinadas al fomento de la actividad económica y el empleo, a la prestación de servicios, la mejora de infraestructuras y equipamientos, a la valorización de los recursos turísticos y a la conservación del medio ambiente”. En definitiva, “inversiones vitales para nuestros municipios, en estos momentos tan críticos”, añade.
A su entender, “dentro de los planes de zona hay medidas e inversiones que ya se han reflejado en el presupuesto del propio Ayuntamiento de Tarazona”. “Además, -apunta- en los Planes de Zona se incluyen proyectos reales que hoy se encuentran bloqueados y que resultan imprescindibles para el desarrollo de nuestros pueblos”.
El concejal recuerda que “el Plan de Zona de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, se elaboró cumpliendo los plazos fijados, con el trabajo de los representantes del tejido asociativo y todos los grupos políticos y supone un montante de 4,13 millones de euros cofinanciados por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma; repartidos en medidas para el fomento del empleo y la actividad económica, la mejora de las infraestructuras y los servicios o la preservación del patrimonio y el medio ambiente.