Defender con firmeza los intereses de Aragón ante el Gobierno central exigiendo el respeto de su identidad y de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa, velando para que Aragón tenga en el conjunto del Estado el peso y la influencia que le corresponden, en todos los ámbitos de la actividad política, económica, social y cultural. Adopción de nuevos criterios para la distribución de los Fondos de Compensación Interterritorial como la despoblación y la baja densidad, para la inclusión de territorios como Aragón.
Promoveremos el debate sobre la reforma de la Constitución para avanzar hacia una república federal basada en los principios del federalismo cooperativo y solidario, partiendo del respeto de la naturaleza plurinacional del Estado y del derecho a decidir de sus ciudadanos y ciudadanas y diseñando un nuevo marco competencial que otorgue poderes suficientes a las entidades federadas y garantice el bienestar económico, social y cultural de la ciudadanía.
Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de ampliar al máximo el ámbito competencial, atribuyendo a la Comunidad Autónoma todas las competencias que la Constitución no reserva expresamente al Estado, y de otorgar al aragonés y al catalán rango de cooficialidad en las zonas de uso. Hasta que tenga lugar la reforma, desarrollar plenamente el actual Estatuto de Autonomía, exigiendo al Estado el traspaso de funciones, servicios, medios personales y materiales relativos a todas las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. Agotar las posibilidades de transferencia de competencias de titularidad estatal a Aragón por la vía del artículo 150 de la Constitución.
Reordenar la estructura administrativa y política del Estado. Propiciar un acuerdo de Estado para la reforma de las administraciones públicas, con el objeto de reducir los niveles administrativos, redistribuir competencias y conseguir mayor grado de eficiencia en el sistema institucional, que cuenta en la actualidad con hasta seis niveles: europeo, estatal, autonómico, provincial, comarcal y municipal. Con ese objeto se impulsará la desaparición paulatina de las Diputaciones Provinciales y la capacidad de cada comunidad autónoma para decidir sobre su organización provincial. Abogamos por la reducción presupuestaria a la mínima expresión de los Ministerios del gobierno central cuyas competencias hayan sido transferidas –en parte o en su totalidad- a las Comunidades Autónomas.
Transparencia en todas las cuentas de administraciones públicas, información vía web sobre presupuestos y ejecución presupuestaria.
Mejorar la financiación de los Ayuntamientos, de acuerdo a criterios objetivos y equitativos, en los que se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento de los habitantes del medio rural. Equiparación en la participación de los tributos del Estado de todos los Ayuntamientos con la media de las grandes ciudades, esto es, que todos reciban de este Fondo un mínimo de 365 euros por habitante y año.
Fortalecer los mecanismos de relación bilateral entre Aragón y el Estado y desarrollar instrumentos federales de cooperación horizontal entre las Comunidades Autónomas. Garantizar la participación de Aragón en la designación de miembros de instituciones, organismos o empresas estatales y en el proceso de toma de posiciones del Estado que afectan a Aragón ante la Unión Europea.
