Modificar la Ley de Memoria Histórica para:
- anular las sentencias franquistas,
- recuperar y poner en valor la legitimidad de la II República,
- condenar la dictadura franquista calificando los crímenes cometidos como Crímenes de Lesa Humanidad imprescriptibles, y
- establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de toda la sociedad, a conocer la verdad sobre esos hechos y procurar la localización, recuperación e identificación de personas desaparecidas. Debe procederse a la señalización y dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de represaliadas/os durante y tras el conflicto, siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones públicas asumir los gastos derivados de esta reparación.
Exigimos la rescisión de los Concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica, garantizando en todo caso:
- supresión de exenciones fiscales a toda confesión religiosa, eliminación de la gestión por el estado de los donativos a confesiones religiosas a través de la recaudación del IRPF o por cualquier otro sistema.
- igualación en el derecho a optar a subvenciones públicas de carácter finalista en las mismas condiciones que cualquier otra confesión, ONG o asociación, a fin de garantizar la laicidad del Estado.
- uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos
- impedir la intitulación de tierras e inmuebles no registrados por parte de la Iglesia.
- respeto al principio constitucional de aconfesionalidad en los actos y dependencias institucionales
- exclusión de las enseñanzas religiosas del currículum y del horario lectivo
Oposición a la guerra en todas sus formas, promoción de la paz y el desarrollo:
- Prohibición inmediata y efectiva de la exportación de armas a zonas de conflicto e impulso de un Tratado internacional sobre Control de Armas como primeros pasos al cese de exportación de armas desde España.
- Exigimos la retirada de las tropas españolas de Afganistán y Libia.
- Abogamos por la salida de España de la OTAN.
- Retirada de las bases de la OTAN; negativa a la conversión de Rota en sede del escudo antimisiles y a cualquier otra participación de territorio español en infraestructuras militares supraestatales.
- Apuesta por el transarme: medidas hacia la sustitución del modelo de defensa militarista por un modelo de defensa social no violenta; incorporación del derecho a la Objeción fiscal a los Gastos Militares con derivación a gastos sociales o de cooperación; reducción drástica del presupuesto militar reinvirtiéndolo en:
- Sustitución del principio de intervención militar humanitaria por el de cooperación civil humanitaria, mediante políticas económicas y diplomáticas de apoyo a las fuerzas democráticas; multiplicación de políticas de cooperación vinculadas a la promoción de derechos humanos, tanto civiles como sociales; financiación de actividades de interlocución, resolución de conflictos y formación en la mediación.
- conversión de las unidades militares de emergencia para catástrofes en unidades totalmente desmilitarizadas de protección civil especializada;
- desvinculación universitaria de la investigación militar; promoción de la investigación, educación y cultura para la paz
- Desmilitarización del territorio: cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Desmilitarización total del aeropuerto de Zaragoza y del campo de maniobras de San Gregorio retornándolos para usos públicos.
- Desaparición del Código Penal Militar y de la Justicia Militar.
- Cumplimiento de la recomendación internacional de destinar el 0,7% del presupuesto del Estado a la Cooperación al Desarrollo, como primer paso para alcanzar el 1%. Exclusión de los créditos para la exportación de productos y servicios españoles (créditos FAD) de la consideración de Ayuda al Desarrollo. Eliminación de las ayudas públicas españolas a empresas gestoras de privatización de servicios públicos en países en desarrollo.
- Cumplimiento de protocolos de Compra Pública Ética y Sostenible en la adquisición de productos y servicios de todas las administraciones y empresas públicas bajo criterios de racionalidad, reducción de consumo y criterios ambientales y sociales; promoción pública del Comercio Justo, medidas legales contra el dumping social; obligación de etiquetado sobre origen y garantía social de los productos, control público y consideración como contractual del etiquetado y de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa.
- Apoyamos el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia del Pueblo Saharaui. Apoyamos el derecho del Pueblo Palestino a tener su propio Estado.
- Reforma legal para la concesión del asilo político en función de la persecución legal en el país de origen en vulneración de derechos reconocidos en el Estado Español, sin necesidad de prueba sobre la persecución nominal a la persona solicitante.
