http://youtu.be/4JlNmhBZMG4
Transformación democrática del Estado.
- Reforma de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía (Iniciativa Legislativa Popular, referéndum vinculante, presupuestos participativos y consultas populares) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar la participación popular y desarrollar nuevas fórmulas de participación política, como las consultas por internet, o las asambleas ciudadanas.
- Ampliación del derecho a voto a colectivos ciudadanos actualmente excluidos:
- jóvenes entre 16 y 18 años en todas las elecciones
- ciudadan@s comunitari@s con un determinado plazo de residencia en elecciones autonómicas y generales
- inmigrantes residentes en el Estado en las elecciones municipales.
- Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual, en las elecciones generales y en las autonómicas, aplicando criterios de territorialidad. Reducción del límite en el gasto electoral de los partidos en unas elecciones generales a menos de la mitad, fijándolo para cada formación en función de las circunscripciones en que se presente y no del resultado en las últimas elecciones.
- Convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, reformando el sistema de elección de sus miembros y otorgándole plenas facultades legislativas en las leyes que afectan directamente a las Comunidades Autónomas
Medidas de regeneración de la vida democrática. Apuesta decidida por otras formas de hacer política, con medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declaración de los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, ley de revocación de los cargos públicos y reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos para garantizar la transparencia, impedir la condonación de préstamos concedidos por entidades financieras y limitar las donaciones.
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que los tribunales puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a las personas imputadas por delitos graves de corrupción, agilizando y priorizando los procedimientos. Reformar el Código Penal con la finalidad de elevar las penas previstas para las personas corruptas y las corruptoras e imponer la incompatibilidad de que puedan trabajar en empresas privadas que presten cualquier servicio a la Administración Pública. Avanzar en la especialización de jueces y fiscales en materia de lucha contra los delitos urbanísticos, dotándoles de medios humanos y económicos adecuados para cumplir con su función.
