La creación de empleo y la protección a las personas en paro debe ser el objetivo prioritario de la política económica del Estado.
Crear empleo a través de inversiones públicas en sectores productivos de la economía, con incremento del empleo público que garantice servicios públicos de calidad. Impedir la destrucción de empleo, negando los EE.RR.EE. a las empresas que hayan obtenido beneficios el año anterior, reducción de la jornada laboral a 35 horas para un reparto del trabajo. Supresión de las ETT y las agencias privadas de colocación.
Acabar con la precarización del mercado laboral, que se ha generalizado progresivamente por medio de la reducción de salarios, el incremento de la temporalidad, el uso masivo de los contratos de formación y la pérdida continuada de derechos sociales y laborales, impidiendo el desarrollo de proyectos vitales entre las personas trabajadoras, y especialmente entre las más jóvenes.
Protección al desempleo: ampliación de la prestación por desempleo y el subsidio, suspensión de los procedimientos de ejecución de los desahucios de viviendas o corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas desempleadas. Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración. Planes específicos de empleo para el colectivo de jóvenes menores de 35 años y de mujeres. Avanzar hacia la gratuidad del Transporte público para las personas desempleadas.
Derogación de las reformas laborales: Recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Eliminación de la contratación temporal injustificada. Reforma de la causalidad del despido improcedente dando la posibilidad a la persona empleada de elegir entre indemnización y readmisión. Acabar con el uso fraudulento de las prácticas no laborales que generan empleo cualificado sumergido, garantizando a las personas que han obtenido una beca unas condiciones de trabajo dignas y una protección social de calidad.
Derogación de la reforma de las pensiones públicas: Sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como es el caso de las pensiones privadas. Revalorización de las pensiones y, en consecuencia, rechazo de cualquier fórmula de reducción o congelación. Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Tope de la cotización máxima necesaria a los 35 años y período máximo de cómputo de cotización de 15 años. Reconocimiento equitativo de los periodos trabajados en cualquier país de la UE.
Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes y establecimiento de un salario máximo, con un tope específico para las Administraciones Públicas, sus organismos dependientes y las empresas con participación pública. Penalización de la causalidad y la siniestralidad en las cláusulas de contratación públicas.
Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal; fomento de la corresponsabilidad del cuidado ampliando y equiparando permisos de paternidad, maternidad y lactancia intransferibles.
El Estado debe intervenir en la economía mediante:
- La articulación de un sector financiero controlado públicamente:
- Creación de una banca pública que intervenga en el flujo de capital, garantizando liquidez a autónomos, PYMES y ciudadanía, constituyéndose en el instrumento principal de la política de crédito publico junto al ICO y al Banco de España
- Nacionalización de las entidades financieras rescatadas con fondos públicos: participación de las administraciones públicas en la gestión y dividendos de toda entidad financiera que reciba fondos públicos.
- Reversión inmediata de la bancarización de las Cajas de Ahorros para garantizar su naturaleza de entidades sin ánimo de lucro, su carácter social, su control público, la participación democrática de impositores y trabajadores; reclamamos, asimismo, la competencia autonómica exclusiva en la materia.
- Establecer mecanismos eficaces para garantizar el control sobre las transacciones financieras en el marco del estado español (Bolsas y Mercados Españoles, BME)
- Revisión del endeudamiento público desde el punto de vista de la rentabilidad social a fin de denunciar aquellos contratos que sean contrarios al interés general.
- El impulso de la economía real
- Recuperación para el sector público de aquellas empresas privatizadas de carácter estratégico, invirtiendo directamente en los sectores indispensables de la economía, para garantizar la creación de empleo estable y de calidad y un modelo productivo sostenible y social basado en la economía productiva y en la I+D+i.
- Apoyo a los sectores productivos desde la perspectiva de una reconversión ecológica y ética de la economía siempre bajo el principio de precaución: apoyo especial a los sectores básicos (construcción, automoción, turismo, producción de alimentación y bebidas); a los sectores emergentes y estratégicos (agricultura, química verde, naval, ferroviario y servicios socio-sanitarios y de energías alternativas) y a los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, medicina, nanotecnología, economía del hidrógeno, cultura, comunicación y nuevas tecnologías de la información).
- Fomento de la economía social mediante medidas e incentivos que favorezcan el autoempleo y los fines sociales y colectivos a través de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades de economía social.
- – Apoyo a las PYMES y a los autónomos mediante el pago a proveedores y a subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 para pequeñas empresas y autónomos). Facilitar la suficiencia económica a través de créditos ICO.
Justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo haciendo que paguen más los que más tienen y más ganan, mediante un sistema tributario progresivo y distributivo. Reforma del IRPF, incrementando los tramos a las rentas más altas. Dejar sin efecto la subida del IVA, incrementando este tributo exclusivamente para los bienes de lujo. Crear una tasa que grave las transacciones financieras. Eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Recuperar el Impuesto del Patrimonio y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre Grandes Fortunas y Patrimonios. Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras. Desarrollar una fiscalidad ambiental que grave las actividades que perjudican el medio ambiente e incentiven las que tengan efectos favorables. Hay que avanzar hacia un modelo fiscal en el que se incorporen los costes sociales y ambientales derivados de los procesos productivos y que dote de carácter finalista a los montos económicos derivados de estas medidas hacia proyectos de restauración de los daños ambientales producidos.
Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados. Reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Mejora de los recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), sus competencias y estructura, así como su control parlamentario. Creación de la Agencias Tributarias autonómicas. Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales y control de todas las operaciones en metálico superiores a 6.000 € tanto entre particulares como en relaciones comerciales.
Nos oponemos al Pacto del Euro y por tanto rechazamos los tratados que desde Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital. Proponemos un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de todas las personas que vivimos en Europa. Proponemos la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales para que incluyan entre sus misiones la de actuar como un verdadero instrumento que garantice la adecuada financiación del sector público sin dejar las emisiones de deuda pública a merced de la codicia de los especuladores.
