http://youtu.be/A691NJPdNOA

 

Modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva contra la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, de manera que la educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la atención a las personas mayores, la igualdad de derechos en el respeto a la diversidad, la salud, el suministro de agua potable, la energía, el transporte público, el servicio postal, el deporte o la cultura sean considerados servicios públicos que dependan de la responsabilidad pública y tengan carácter universal, laico y gratuito, revirtiendo la tendencia a su privatización o externalización. Exigencia de la titularidad y gestión públicas.

 

Desarrollar legalmente la exigencia del cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en  la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, la justicia, etc.; exigencia legal de dedicación a estos fines del mismo porcentaje del Producto Interior Bruto que la media de la Unión Europea.

 

Acceso a la  vivienda basado  en recuperar la ciudad consolidada y mejorar el espacio público, en contra del modelo de ciudad expansiva, insostenible desde criterios económicos, medioambientales y sociales.  Para ello, se trata de incentivar y fomentar:

    • alquiler social
    • ley de rehabilitación bajo criterios de ahorro y eficiencia energética de edificios y viviendas, acompañada de programas de financiación
  • gravamen impositivo a las viviendas vacías
  • Reforma inmediata de los préstamos hipotecarios por ley,  incorporando la dación en pago (que la cesión de la vivienda al banco satisfaga la deuda hipotecaria) y estableciendo límites a los plazos y al sobreendeudamiento.
  • Modificación de la Ley del Suelo, estableciendo límites más severos para declarar urbanizables nuevos suelos y estipulando requerimientos ambientales y energéticos en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Atención Sanitaria universal Pública y de gestión pública en todas las especialidades: blindaje contra el desmantelamiento y fragmentación del sector público sanitario, inclusión en el sistema público de los tratamientos que por las exigencias derivadas de su novedad actualmente estén externalizados. Inclusión en la atención sanitaria de la perspectiva de diversidad cultural, funcional, de género y afectivosexual. Mejoras legislativas para la autonomía del paciente; que los poderes públicos garanticen el derecho a una muerte digna, a la eutanasia y al suicidio asistido. Despenalización y eliminación de sanciones administrativas por el consumo de drogas y el autocultivo de cannabis.

 

Ley estatal de Servicios Sociales, con Carta de Derechos Sociales y catálogos de prestaciones con garantía legal para su dotación de fondos incluido un salario social básico; todo ello para su desarrollo y gestión por las CCAA y financiación compartida.

 

Ley del Tercer Sector de Acción Social, con mecanismos adecuados de interlocución y diálogo civil y un sistema de financiación más justo, adecuado y sostenible.

 

Reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal (Ley de Dependencia), con garantía legal de fondos para su cumplimiento incorporando la cartera de servicios que la componen en el sistema público de la Seguridad Social, de manera que asegure:

  • Cumplimiento efectivo de la Convención de la ONU sobre diversidad funcional a fin de garantizar la vida independiente de todas las personas en igualdad de derechos y oportunidades, no sólo en el ámbito asistencial, educativo y laboral sino en el de la independencia plena en el ocio, la cultura y la vida social y afectivosexual.
  • Elección por las personas dependientes para ser atendidas en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades; prestación económica para los familiares sólo excepcionalmente.
  • Tiempo de espera máximo de seis meses

 

Es función de las Administraciones Públicas potenciar la actividad deportiva de la población, entendiendo el deporte como derecho social y desarrollando  planes y programas que permitan fortalecer su papel para el impulso de nuevos modelos de vida y de ocio más saludables.  El deporte debe convertirse en una vía de  lucha contra la discriminación y en instrumento para el conocimiento, disfrute y respeto del medioambiente. Es preciso acabar con la financiación pública de las Sociedades Anónimas Deportivas.

 

Garantizar la Educación Pública, Laica y Gratuita desde la Educación Infantil (0 años) a la Universidad. Reforma del régimen de conciertos, para dejar clara su subsidiariedad frente a la escuela pública. Implantación efectiva de la educación para la ciudadanía, educación afectivosexual, educación para la igualdad de derechos en la diversidad y para la salud

 

Reforma de la Justicia:

  • Instrucción del proceso penal por el ministerio fiscal.
  • Supresión de la Audiencia Nacional, reforma de los sistemas de elección del Fiscal General del Estado, Tribunal Constitucional y Consejo General del poder judicial.
  • Incremento de la ratio de jueces por habitante a la media europea, reforma de su sistema de acceso. Simplificación de trámites para el acceso a justicia gratuita.
  • Dotación de medios para:
    • Cumplimiento penal en centros adecuados para personas con toxicomanías, enfermedades mentales o graves.
    • Alternativas a la prisión: Mediación Penal, Trabajos en Beneficios a la Comunidad gestionados por instituciones de servicios públicos ajenas a Instituciones Penitenciarias, cumplimiento en tercer grado y en libertad condicional.