La insolvencia del Real Zaragoza SAD hace imposible utilizar ninguna fórmula jurídica recogida en el ordenamiento español, como la constitución de una empresa de economía mixta
Según los cálculos estimados en el expediente, hasta el año 2036 la sociedad Nueva Romareda estará en pérdidas
Zaragoza, 13 de diciembre de 2023.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido del “alto riesgo” para las arcas públicas que supone la operación de la Nueva Romareda, que podría llegar a costar más de 180 millones, una cifra que, según ha denunciado la formación, no ha quedado clara en los diferentes informes del expediente ni a lo largo del proceso del proyecto.
El informe de los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza señala que es la insolvencia del Real Zaragoza la que hace imposible utilizar ninguna fórmula jurídica recogida en el ordenamiento español, como la constitución de una empresa de economía mixta o soluciones de corte patrimonial articuladas en tomo al concepto del arrendamiento operativo y del derecho de superficie. Por esta razón, se ha optado por constituir una sociedad mercantil de propósito singular, una fórmula que los expertos en Derecho Mercantil señalan como “de alto riesgo”, además de “alegal”.
La formación ha denunciado que tanto el PP en el Ayuntamiento como el Real Zaragoza SAD han buscado esta fórmula que la propia Asesoría Jurídica del Consistorio señala como de alto riesgo para las arcas públicas. Lo dice así en su informe emitido el 3 de octubre de este año: “La sociedad resultante, de capital mayoritariamente público, cuyo objeto social tendría un indudable interés público pese a su carácter comercial”, con “una muy limitada o más bien inexistente transferencia de riesgo al socio privado”.
Según los cálculos estimados en el expediente, hasta el año 2036 la sociedad Nueva Romareda estará en pérdidas. Sin embargo, la Real Zaragoza SAD podría abandonar la sociedad en el 2029, dejando a las administraciones públicas con toda la carga económica.
“La falta de seguridad jurídica es tal que, a la hora de la presentación del Pacto de Socios, propuesto por el gobierno de Chueca, el propio Registro Mercantil les enmienda tres puntos para que rectifiquen”, ha apostillado la portavoz de ZeC, Elena Tomás.
Zaragoza en Común ha recordado que el convenio con el Real Zaragoza termina el 23 de diciembre, “de ahí las prisas para cerrar esta operación”. Para la edil, el gobierno ha necesitado “más de 433 páginas y multitud de informes e interpretaciones jurídicas y financieras para justificar el montaje de una sociedad con mayoría de capital público y una empresa insolvente como es el Real Zaragoza SAD”.
La sociedad ya dijo en enero que carecía de fondos suficientes para ir a ese concurso en solitario y en septiembre confirmó que tampoco había obtenido la financiación externa que requiere el proyecto.
“El cuento de la lechera”
“Si estamos ante un negocio redondo, una máquina de hacer dinero capaz de generar un negocio de 7.195 millones de euros en 75 años, a una media de casi 96 anuales, ¿cómo nadie se ha dado cuenta antes? Bancos, entidades privadas, fondos de inversión… ¿Cómo no nos han podido llover las ofertas?”, se ha preguntado Tomás.
Es preocupante que el gobierno haya tenido que recurrir a un asesor propio para avalar la viabilidad de esta enorme inversión de dinero público. Un informe lleno de “ocurrencias que nos recuerda al cuento de la lechera”.
La edil ha mostrado su preocupación porque todas estas operaciones estén pensadas para crear “un posible traje a medida para la SAD Real Zaragoza”, y ha recordado que existen “numerosas sentencias que han condenado actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos con “un propósito de satisfacer intereses extraños al bien público”, lo que supondría “un posible caso de desviación de poder”.
Zaragoza en Común ha insistido en que su apuesta es la reforma de la Romareda, por los beneficios económicos, ambientales y de mantenimiento del control público en un momento que podría contar con financiación europea, sin hipotecar las arcas municipales.