Este martes trasladaremos a la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón la PNL propuesta por la Plataforma por un Convenio Autonómico para Protección y Reforma de Menores en Aragón que hoy en rueda de prensa ha exigido la elaboración de un convenio autonómico que mejore y dignifique las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores de protección y reforma de menores.
“Con esta iniciativa, que IU ha hecho suya, se busca garantizar condiciones dignas y superar la precariedad en el trabajo de estos profesionales que son fundamentales para el servicio público”, ha explicado nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz en la rueda de prensa convocada para explicar la PNL junto con Beni Esteban y Sonsoles Jiménez, representantes de la citada Plataforma.
En la iniciativa se exige al Gobierno de Aragón que constituya una mesa de negociación, incluyendo a sindicatos, empresas y organizaciones del sector con el objetivo de para analizar la situación y elaborar un convenio que mejore las condiciones laborales de este colectivo. Así, una vez firmado el convenio de Reforma y Protección de Menores para Aragón por todas las partes implicadas, el Ejecutivo adaptará las licitaciones, convenios o conciertos para adecuarlas al nuevo marco laboral.
Según Sanz, hoy los trabajadores y trabajadoras de protección y reforma de menores en Aragón están viviendo y atravesando una “situación de precariedad tremenda” que no puede seguir produciéndose por cuanto estamos hablando de servicios públicos y de competencia de menores, que es competencia autonómica. “En este sentido, lo que Izquierda Unida vuelve a exigir a la Administración es que se moje y no se lave las manos, se siente por las partes y trabaje para la elaboración de ese convenio marco que facilite superar esa situación de precariedad”, ha subrayado Sanz para quien “el Gobierno de Aragón no puede inhibirse de garantizar la prestación de un servicio tan sensible como este, que es público”. De hecho, todos los centros donde trabajan estas personas o son públicos o están concertados y, por lo tanto, “es responsabilidad directa del gobierno de Aragón garantizar que el trabajo que se desarrolle en estos centros se trabaje en las condiciones óptimas y, por supuesto, sin precariedad”, ha aseverado.
Por otra parte, desde la Plataforma, Berni Esteban ha reclamado compromisos reales por parte de los grupos parlamentarios después de que hace aproximadamente un año expusieran estas reivindicaciones en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas. “Logramos buenas palabras y apoyo de muchos de ellos que no han surtido más efecto”, ha lamentado para recordar que son un colectivo de trabajadores “pequeño”, unos 600 en toda la Comunidad, que atienden a niños y jóvenes desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad en centros de titularidad pública con gestión externalizada.
“Favorecer el trabajo de cuidados empieza por dignificar las condiciones de ese trabajo”, ha argumentado para denunciar que, “pese a haber sido esenciales en la pandemia o cuando se declaran en huelga y se establece el 100 % de servicios mínimos, se encuentran en la más absoluta precariedad con sueldos de 1.000 euros en un trabajo que requiere formación universitaria y en el que se exponen a una carga laboral brutal y situaciones de estrés y de violencia”.
Su compañera Sonsoles Jiménez ha criticado “la lamentable tendencia a considerarlo un trabajo precario”, recalcando que lo realizan mayoritariamente mujeres y que la situación del sector “perpetúa estereotipos de género y la feminización de la pobreza”.
“El papel de las mujeres en el cuidado de los menores es fundamental”, ha continuado Jiménez, destacando que requiere “un compromiso emocional profundo para abordar las complejas necesidades emocionales y sociales de estos menores”.
“Que se valore el papel que desarrollamos y que se negocie un convenio autonómico que garantice condiciones laborales justas y sería un paso importancia hacia un sistema de cuidado de menores más justo y equitativo en Aragón”, ha concluido.