Este jueves el pleno de las Cortes de Aragón presentamos una proposición no de ley con propuestas sobre el precio de la energía eléctrica y la regulación del sector eléctrico. “Medias a medio y largo plazo y de carácter más estructural que las recientemente tomadas por el Ejecutivo central y que son imprescindibles”, ha explicado nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, en una rueda de prensa convocada esta mañana.
La subida del precio de la energía en los mercados y del precio de las materias primas tiene un innegable efecto sobre las actividades económicas y las rentas de los hogares. Una tendencia iniciada antes de la guerra en Ucrania y acelerada tras su inicio alcanzando un IPC histórico desde los años 80 y cuya primera consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo. También Sanz ha lamentado la devaluación salarial que ha perdido 4 puntos con respecto al PIB tras la crisis de la década pasada.
“En este contexto la incertidumbre es lo que determina el día a día de la ciudadanía y entendemos que lo que se debe hacer es actuar”, ha aseverado el diputado quien ha recordado que, entre el momento en el que el grupo parlamentario registró esta proposición no de ley y el día de hoy, ha habido dos hitos relevantes.
En primer lugar, el Consejo Europeo de presidentes abordó la situación de la energía en la UE y se acordó permitir esa “excepción ibérica” propuesta por España y Portugal para establecer el precio de referencia del gas para producción eléctrica y que en unos días, “esperamos conocer” y, por otra parte, la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Un decreto que en su globalidad tiene una virtualidad limitada en el tiempo, hasta el 30 de junio, además de otras medidas. En lo que atañe al mercado eléctrico, el decreto mejora y prorroga del bono social eléctrico (hasta 2 millones de hogares); se extiende el mecanismo para la reducción en el exceso de beneficios en el mercado eléctrico por el precio del gas; se actualiza el régimen retributivo de la cogeneración y propone medidas de medidas de apoyo a industria electrointensiva durante todo el 2022.
Sanz ha destacado el “importante” esfuerzo público que supone, con 6.000 millones de euros en ayudas directas y otros 10.000 millones de euros en créditos ICO para “mitigar” el impacto de los altos precios de la energía y su impacto inflacionario.
Sin embargo, ha denunciado, el decreto no interviene para fijar precios máximos ni regulados en el mercado minorista, ni acaba con los enormes beneficios caídos del cielo ni con la sobre retribución del oligopolio energético. “Es decir, no atiende a problemas estructurales para superar los problemas que hoy nos amenazan y contiene medidas que no nos parecen positivas”, ha dicho Sanz para anunciar que para corregirlas y mejorar el decreto se presentarán enmiendas porque entiende que deberá ser tramitado como proyecto de ley en las Cortes Generales.
Por otra parte, “es cierto” que agiliza proyectos renovables, pero sólo para el ámbito privado, potenciando, según Sanz, las afecciones de éstos al medio ambiente y el despliegue desordenado de estas instalaciones al eliminar la necesidad del estudio de impacto ambiental en parques de menos de 75MV en eólicos y menos de 50MV en fotovoltaicos.
Son medidas para mitigar los efectos de la inflación del precio de la energía pero son, para Sanz, “insuficientes”. Por ello, cree que es momento de avanzar en medidas de más calado que reconfiguren el sector productivo, el mercado oligopólico y, por lo tanto, que devuelvan al sector público cierta garantía de intervención como es la que se está solicitando en el marco de la UE para garantizar el derecho a la energía a precios asequibles.
Mientras la derecha propone desfiscalizar, acabar con la capacidad redistributiva del Estado y al mismo tiempo pedir ayudas, “cuestiones incompatibles, demagógicas que profundizan en los recortes”, proponemos que se debatan medidas que sirvan para dar soluciones duraderas, justas y pensadas en favor de la mayoría social. “Y eso pasa por recudir el poder del oligopolio, en beneficio del interés general”, ha reiterado Sanz para quien “es necesario el diseño de un nuevo mercado eléctrico en el que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema en el que prevalezca el control público”.
Además, reclamamos modificar el sistema marginalista de conformación de precios de la energía para adecuarlo al coste real de producción adaptado a cada tecnología con un margen de beneficio razonable. Y esto implica desindexar el precio del gas. “Es una cuestión justa y estructural a la que el Gobierno de la nación no puede renunciar”, apunta.
Por último Sanz exigirá este jueves en las Cortes que el Gobierno de Aragón inste al de España a crear una empresa pública de energía, subordinada al interés general como ya la tienen otros países de la UE que han podido responder a esta crisis sin pedir permiso a las corporaciones eléctricas, y que pueda dar satisfacción de las necesidades sociales y económicas de demanda energética. “Es una cuestión de voluntad política para convertir el acceso a la energía en un derecho y no en un negocio”, ha concluido.