El cambio de contrata de la empresa que presta el servicio de apoyo en los aularios infantiles de los colegios públicos de Aragón ha supuesto que un centenar de auxiliares pierdan su puesto de trabajo. La normativa laboral obliga a proteger a estos trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo con el cambio de contrata de la empresa que presta el servicio. El Gobierno de Aragón ha de dar una solución urgente al conflicto surgido a raíz del último concurso en Educación que afecta a 103 auxiliares de infantil y que, por error, han quedado en situación de desempleo.
La normativa laboral obliga a proteger a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su actividad en servicios subcontratados por la Administración y, a pesar de omitir en el último pliego de condiciones una cláusula expresa sobre la subrogación, tienen derecho a continuar desempeñando sus funciones y la nueva empresa adjudicataria la obligación de contratarlos.
No es posible que, ante la situación laboral tan delicada que atravesamos, más de cien trabajadores y trabajadores queden sin cobertura y desamparados. El Departamento de Educación debe actuar con responsabilidad y de inmediato para zanjar esta situación y reflexionar para saber qué camino elegir a futuro con respecto a la calidad de este servicio.
La baja económica no puede ser el principal baremo que resuelva un concurso en educación, debiendo incorporarse otros parámetros que, a nuestro criterio, son más importantes como la experiencia que deben acreditar las empresas ofertantes en el sector de la educación. Centrar la adjudicación en torno al dinero no contribuye a construir un sistema educativo de calidad y, además, profundiza en la precariedad laboral al tener que hacer lo mismo con menos dinero, siempre pagando este problema las y los trabajadores.
Izquierda Unida estará vigilante para que la promesa de no recortar en Educación, realizada por la Consejera de Educación y, con anterioridad, de la presidenta del Gobierno de Aragón, se cumpla.