Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que se celebra mañana 23 de septiembre, reiteramos la urgente necesidad de combatir la esclavitud y el tráfico de las personas, que en un 94% son mujeres jóvenes y menores pobres, mujeres de otros lugares, empobrecidos, mujeres sin derechos.
las víctimas de explotación sexual son las víctimas más invisibles de la violencia machista, no porque no se sepa dónde están, sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el paraguas de la prostitución. “Falta contundencia y compromiso social porque no se trata sólo de perseguir el delito, se trata de poner medidas integrales que sostengan a las víctimas, porque sus vidas nos importan”, señala nuestro Coordinador, Álvaro Sanz.
Y es que al contexto de violencia estructural que somete a las mujeres a la desigualdad y a la opresión, se le añaden la falta de recursos efectivos de protección y apoyo especialmente en materia de vivienda, empleo o salud y la falta de derechos para muchas de estas mujeres, migrantes en situación administrativa irregular, que no pueden acceder a la residencia. Toda esta vulnerabilidad se ha visto acrecentada con la pandemia, con una legislación ambigua que favorece a los explotadores y que las sitúa en la indefensión para acceder a recursos y derechos.
Si bien es cierto que se cerraron los clubes a raíz del decreto del Estado de Alarma, “esto no sucedió en muchos de los otros peldaños que engloban la prostitución”, apunta Sanz para recordar que “tampoco llegaron a muchas de estas mujeres los modelos de respuesta coordinada con garantía habitacional segura y atención socio-sanitaria y fueron las entidades las que dieron respuesta a sus necesidades más inmediatas”.
Por otro lado, lamentamos que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tampoco se ha hecho efectivo para muchas de ellas.
En Aragón, logramos que las Cortes aprobaran el cierre de prostíbulos con medidas de acompañamiento para garantizar las condiciones de vida digna de las mujeres en situación de prostitución así como estudiar su inclusión como beneficiarias en la Prestación Aragonesa Complementaria.
Ahora, nuestro portavoz Álvaro Sanz ha solicitado al Gobierno aragonés información sobre el número de solicitudes de víctimas de explotación sexual que han recibido para acceder a la prestación complementaria, por convocatoria, y cuántas víctimas de la han recibido. También hemos reclamado conocer los datos, y según los informes elaborados por el IAM, relativos al número de mujeres víctimas de explotación sexual susceptibles de recibir la prestación complementaria y cuáles son los factores limitan el acceso a la misma.
Hemos demandado esta información porque hemos sido conocedoras de que las personas en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual están siendo derivados a recursos especializados de entidades que no forman parte de la Administración Pública limitando que los informes que realizan puedan servir para la tramitación de la prestación. Y, además, porque muchas de las víctimas de explotación sexual son personas en situación irregular y al no poder disponer de una cuenta corriente encuentran dificultades para acceder a la prestación. Una situación que se agrava debido al proceso que lleva a que una mujer identificada como víctima de trata consiga un NIE que puede llegar a demorarse un año y que se ha agravado más con la situación de pandemia y la dificultad de conseguir las citas en Extranjería.