Adolfo Barrena, alerta “de las graves e indeseables consecuencias que puede acarrear al profesorado y a la comunidad educativa la propuesta del Gobierno de Aragón de otorgar a las y los docentes la consideración de autoridad pública, ya que se puede judicializar la acción con el alumnado”. Barrena hace estas declaraciones tras la aprobación del Consejo de Gobierno de un proyecto de ley de Autoridad del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otra parte, el también Coordinador de IU Aragón señala que tiene “serias dudas de que Aragón tenga competencia para considerar autoridad pública al profesorado de la enseñanza privada concertada, con lo que se incurriría en un claro y grave caso de inseguridad jurídica que afectaría a un servicio esencial como es el educativo”.
Izquierda Unida es partidaria de que se reconozca la figura de los profesores y profesoras como un factor de calidad educativa, “pero no entendemos las prisas del Gobierno PP-PAR por seguir los pasos de Esperanza Aguirre para convertir al profesorado en ‘autoridad pública’, mientras se olvida de dotar de más medios a los centros, congela plantillas y llena los colegios públicos de barracones”, denuncia Barrena.
Por otra parte, el portavoz de IU recuerda que “la Fiscalía General del Estado ya remitió una circular donde se plasma la autoridad pública de los docentes, siempre que estos sufran una agresión en el ejercicio de sus funciones y, por ello, no creemos necesaria esta medida”.
Barrena considera que “propiciar un mayor reconocimiento de los docentes desde las instituciones no ha pasado ni ahora ni nunca por ofrecer una nueva figura legal, sino por prestar más apoyo a los profesores y profesoras, por dotar a los centros de más recursos educativos para prevenir los posibles problemas de convivencia antes de que se produzca un conflicto y por fomentar la formación en valores democráticos”.
“Si se pretende mejorar la convivencia en los centros escolares, -asevera- se tendría que empezar por crear las condiciones adecuadas, tales como la dotación de equipos de mediadores, con personas cualificadas o promover la participación de las AMPAS y las familias en los consejos escolares”.
Por último, Barrena incide en la necesidad de reequilibrar el alunado de diversidad y evitar los “centros gueto”. “Y, especialmente, la distribución equilibrada de todos los centros del alumnado de diversidad que se encuentra concentrado al máximo en los centros públicos y no en los privados-concertados; y también con carácter primordial la eliminación de “centros guetos” en los que se pierde notablemente la calidad de la enseñanza”, concluye.