Trasladamos a las Cortes de Aragón una reivindicación del movimiento feminista como es que se reconozca legislativamente que “un maltratador no puede ser un buen padre”. En concreto, proponemos que se suspenda cautelarmente la autoridad familiar, la patria potestad, de aquel progenitor inmerso en un proceso judicial por violencia machista contra su cónyuge o hijos/as y que se prive de ella al progenitor que haya sido condenado por este tipo de violencia hasta que se extinga su responsabilidad penal.

Para ello, hemos presentado una enmienda viva para su debate en el Pleno de este jueves, en el que se debatirá la modificación del Código de Derecho Foral aragonés para incluir una medida contemplada en Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que no sea necesario el consentimiento del maltratador a la hora de autorizar la atención y asistencia psicológica de los hijos menores de edad.

Nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha explicado que la Ponencia acordó una posición favorable, salvo la ultraderecha, a la incorporación de esta medida que avanza en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, “no es suficiente” y “se puede ir más allá en el Derecho Foral aragonés y se puede ser más valientes”. “Por ello, hemos presentado esta enmienda con la premisa de que un maltratador no puede ser un buen padre y para empezar a legislar sobre la patria potestad de personas inmersas o condenadas en procesos penales por maltrato”, ha señalado.

“Lo que perseguimos  -concluye es regular lo que hoy es día de sentido común, que un maltratador no puede ser un buen padre, y mandar un mensaje a la sociedad que no es otro que Aragón avanza en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia machista garantizando que a una persona que haya cometido maltrato y violencia machista se le sea suspendida la patria potestad”.

INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA

Además, presentaremos en el Pleno de las Cortes de este jueves una Proposición no de Ley relativa a las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. El pasado mes de febrero, el Gobierno de coalición, respondiendo a un mandato del Congreso de los Diputados del año 2017, aportó el listado con 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. De ellas, 2.075 en Aragón. Álvaro Sanz ha explicado esta propuesta en la rueda de prensa convocada en las Cortes. A través de esta iniciativa parlamentaria, reclamamos la publicación del listado completo y no sólo desde 1998 sino de los inmatriculados desde 1946, así como que se avance en su recuperación y que se habiliten los mecanismos oportunos para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y establecer los procedimientos adecuados para su catalogación y registro posibilitando su reclamación por los titulares.