Esta semana se han estrenado las instalaciones potabilizadoras que “ponen fin” a la crisis del protozoo que provocó una crisis sanitaria en varios municipios aragoneses de la ribera del río Queiles, aunque verdaderamente no se ha finalizado nada, se ha metido la basura debajo de la alfombra, ya que seguimos sin conocer fehacientemente el origen que provocó la contaminación del río y las redes de abastecimiento de agua potable de cuatro poblaciones aragonesas, y mientras las responsabilidades las asume el erario público.
El Queiles, pese a su corto recorrido, atraviesa tres territorios, nace en la provincia de Soria, cruza por Aragón y desemboca en el Ebro a su paso por Navarra. Aunque la crisis sanitaria y las medidas restrictivas del uso del agua de boca se produjeran en cuatro municipios aragoneses (Los Fayos, Torrellas, Tarazona y Novallas), los efectos de la contaminación requieren la coordinación de las tres administraciones autonómicas (con competencias en sanidad, en protección civil y en medio ambiente), de los ayuntamientos que toman el agua del río y de la administración estatal, por la vía de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Tras los primeros análisis de contaminantes más comunes en el suministro de agua potable con resultado negativo, se profundizó y se determinó que el origen del brote se debía a un protozoo del género Crytosporidium, para el que no servían los métodos de potabilización convencional, y por lo tanto se decretaron medidas y recomendación de restricción en el consumo de agua de la red, mientras se investigaba el origen y se adoptaban soluciones estructurales.
Las primeras analíticas a los pacientes que sufrieron el brote gastroenteritis en el mes de septiembre, informaban de que se trataba concretamente de la especie Cryptosporidium parvum, que afecta a los humanos, pero que también se aloja en otras especies de mamíferos y peces, por lo que la investigación del origen de la enfermedad se centró en la búsqueda del foco en instalaciones o vertidos de origen animal.
El Cryptosporidium no llegó porque sí, pero ninguna entidad, tras innumerables análisis, se atreve a asegurar y, por supuesto a reclamar responsabilidades.
El Consejero de Sanidad, en su comparecencia específica sobre el brote en las Cortes de Aragón el día 5 de octubre, expuso con claridad los resultados de los análisis de las tomas de muestra efectuadas por el Seprona a finales de septiembre en diferentes tramos del río Queiles en su parte castellana, concretamente, dando negativo en el nacedero del río y resultando positivo aguas debajo de la piscifactoría.
Luego, el foco de la contaminación se encontraría entre el nacedero del río y la salida de los vertidos de la piscifactoría ubicada en la margen izquierda del río, un tramo de apenas 300 metro a lo largo de los cuales no existe otra actividad. Así, podíamos leer algún titular que las fuentes de la investigación apuntaban a la piscifactoría como foco de la contaminación.
En cambio, Eurotrucha, la empresa pìscicultora, sacó un comunicado negando su responsabilidad y aludiendo al resultado de los análisis que había encargado y cuyos resultados habían salido negativo en este patógeno.
Recientemente, el Gobierno del Estado español contestó a la pregunta parlamentaria efectuada por Jorge Pueyo, de Sumar, que “se ha recibido recientemente información que confirma a día 17 de octubre de 2023 que la especie es Cryptosporidium hominis”, una especie que se aloja en seres humanos y no en otros animales, lo que contraría los resultados iniciales, en los que se había producido algún error, pero que no explica el hecho de que la mayor concentración de ooquistes en el agua se haya producido en la muestra de agua tomada debajo de la piscifactoría.
Todos los esfuerzos comunicativos, además del obligado servicio público preventivo, han ido dirigidos a pasar la patata caliente a los demás. Sin embargo, la fiscalía no centrará sus investigaciones en el “y tú más” entre administraciones y deberá determinar responsabilidades. Desde luego, tiene la difícil tarea de aclarar cómo un protozoo de origen humano, según indican los últimos resultados microbiológicos, dio su mayor concentración justo aguas debajo de la piscifactoría y por encima de la primera población de la cuenca.
Una vez dispuestas las instalaciones de potabilización con la tecnología ultravioleta en las ETAP de los cuatro municipios aragoneses afectados y de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que también toma el agua del río Queiles para abastecer a Malón y a otros ocho municipios navarros, no puede darse por solucionado el problema sufrido, esto es un cierre en falso. La investigación, el esclarecimiento de lo sucedido y la determinación de las responsabilidades, es una tarea en la que se tienen que centrar ahora las administraciones, para que no vuelva a ocurrir y para que quien haya contaminado pague, de forma que no nos encontramos ante un nuevo caso de socialización de las pérdidas mientras las ganancias están privatizadas.
La realidad es que desde la década de los ochenta, que se instaló una macrogranja de truchas junto al nacedero del río Queiles, un verdadero fenómeno de la naturaleza, se vienen sufriendo brotes de gastroenteritis de manera recurrente, lo obliga a los ayuntamientos a reforzar las instalaciones potabilizadoras.
La sensibilidad social, los requerimientos y la legislación ambiental, casi cuarenta años después han cambiado, y las administraciones competentes están obligadas a cumplir con la protección de las aguas y a hacer cumplir a las empresas cuyas actividades contaminan para que dejen de hacerlo.
Las aguas del Moncayo sufren muchas amenazas que fueron objeto de visita y denuncia en la Eco-Marcha que organizó Ecologistas en Acción en 2021 recorriendo la sierra durante varios días: la contaminación del embalse del Val, macrogranjas, industrias que no depuran, piscifactoría, mina de Borobia y la sobre explotación de los acuíferos.
El episodio que ha generado un problema de salud pública y de contaminación durante estos meses, debe aclararse y no caer en el olvido, pero, además, debe servir para poner la preservación de nuestro entorno y de la calidad de las aguas como una prioridad política y social.
Jesús García Usón, responsable de modelo productivo y ecologismo de IU Aragón.