La irrupción de la Covid 19 nos enfrentó, a escala planetaria, al miedo y a la vulnerabilidad como nunca antes habiamos padecido en las últimas décadas.
Tanto las regiones desarrolladas como los pueblos oprimidos por las primeras sufrieron por igual los azotes de un virus desconocido que superaba con creces el conocimiento y ponía en jaque nuestro modelo de vida y las dinámicas globales. En suma, los pilares del funcionamiento de un sistema económico global que sufrió el shock más importante de oferta y demanda conocido a escala global por las generaciones presentes.
Las llamadas a la responsabilidad colectiva, a la solidaridad y los aplausos a los y las trabajadoras sanitarias y esenciales parecían alumbrar una nueva forma de afrontar este reto civilizatorio.
Lamentablemente, pasados los meses, y a pesar de los esfuerzos por tener muy presente que lo primero es la salud y paliar los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia, de la necesidad de sostener la vida por encima de todo pasamos a la necesidad de buscar un peligroso equilibrio entre salud y economía por cómo ha venido entendiéndose.
Sin duda era necesario sostener la estructura económica pero, a nuestro juicio, siempre para garantizar la vida de las clases populares y trabajadoras y utilizar las políticas de sostén para reorientar la actividad productiva, devolviéndole a lo público las capacidades que se le están exigiendo y que la pandemia ha señalado como imprescindibles.
IU Aragón considera que en nuestra Comunidad el devenir de la gestión de la crisis no ha atendido debidamente este objetivo, priorizandose la sostenibilidad empresarial, profundizando en el modelo económico insostenible previo a la crisis que desoye sus aprendizajes, y dejando atrás medidas fundamentales para garantizar una salida justa de la misma.
Hoy, día de la Justicia Social, no podemos dejar de denunciar que se están agrandando las brechas sociales, que la pobreza previa a la crisis no solo no se atiende, sino que se incrementa.
La carencias en la cobertura social contrastan con el afán por centrar el debate exclusivamente en los esfuerzos que acaban decantándose en favor de grandes empresas, dejando atrás a la pequeña empresa y al autoempleo que tienen que cerrar sus negocios, a quienes no tienen techo, a quienes no reciben otra cosa que el maltrato institucional cuando requieren amparo social público o a quienes ven pender de un hilo sus trabajos.
La justicia social pasa por garantizar un reparto justo de la riqueza y de las cargas que va a implicar está salida de la crisis y permitir, por encima de todo, la atención de quienes no tienen nada.
Es urgente fortalecer los servicios públicos, si algo nos ha enseñado la pandemia es eso.
Es urgente una reforma fiscal progresiva que haga que las grandes rentas, los grandes patrimonios asuman su responsabilidad fiscal, también en Aragón.
Es urgente una profunda reforma del mercado del trabajo en nuestro país. Necesitamos un cambio de modelo productivo para superar la precariedad, la desigualdad, la desvertebración y el abandono del territorio. Un cambio para avanzar hacia una nueva forma de producir que permita la vida y los cuidados de forma repartida y corresponsable y relacionarnos y desplegarnos sobre la naturaleza de otro modo.
Es urgente, hoy más que nunca, cuando enfrentamos una amenaza mundial, garantizar que la salida de la crisis se hace desde una óptica internacionalista y solidaria, la justicia social no puede tener fronteras. Las vacunas deben llegar hasta el último lugar del planeta lo que implica garantizar su carácter público y su acceso gratuito.
Justicia social también es garantizar la libertad y los derechos culturales que permiten la emancipación de las personas y de los pueblos. Una sociedad con justicia social necesariamente ha de ser antifascista.
En definitiva hoy más que nunca, el fortalecimiento de lo público, desde una óptica solidaria y de clase, es la única forma de salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás, viva donde viva, y de ese modo hacerlo con Justicia Social.