Estamos satisfechas por la puesta en marcha, por parte del Instituto Aragonés de la Mujer, de medidas relacionadas con la atención psicológica a menores en situaciones de violencia machista y que se realiza cuando se hayan visto afectados como hijos/as de una mujer que ha sufrido una situación de violencia física, psíquica y/o agresiones sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de edad.
Estas medidas surgen a raíz de la pregunta que nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, formuló a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales el pasado mes de febrero en relación con este servicio recogido en los convenios firmados por el Gobierno de Aragón, a través del IAM y las Comarcas, para la atención psicológica a mujeres que sufran multidiscriminación y cualquier tipo de violencia, y que incluye, además, la atención de sus hijo/as menores de edad.
La diputada pidió información al Gobierno porque la realidad de la aplicación de este convenio en lo que se refiere a menores, choca con los criterios deontológicos del Colegio Profesional de Psicología de Aragón y la interpretación de los artículos 20 y 24 del Código del Derecho Foral aragonés de éste colegio, ya que al parecer podría existir problemas legales por atender a los hijos/as menores de mujeres víctimas de violencia de género sin autorización de ambos padres o tutores, siempre que ambos conserven la patria potestad. “Estamos hablando de entornos de violencia machista, por lo que esta interpretación de la ley puede dejar a muchas y muchos menores en desamparo”, advierte Luquin.
Y explica que, según esta interpretación del Código Foral Aragonés, otros colegios profesionales que diariamente atiende a menores en esta situación, como lo son por ejemplo los Educadores/as Sociales o los Trabajadores/as Sociales, podrían acogerse a la misma interpretación quedando las y los menores en total desamparo institucional en caso de que uno de los padres, con patria potestad, se niegue a la atención del menor.
Tras formular la pregunta al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y obtener una respuesta en la que no se informaba de ninguna medida concreta, hemos tenido conocimiento de que el IAM, ante la necesidad de proporcionar criterios comunes en la atención a la mujer víctima de violencia y sus hijos e hijas víctimas, ha puesto en funcionamiento un Grupo de Trabajo donde se va a tratar, entre otros temas, el marco legal de atención a menores víctimas de la violencia. Unos grupos de trabajo para las y los profesionales en psicología y otras profesionales que estime la Comarca que se reunirán en Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Barbastro y Alcañiz.
Además, el IAM ha enviado una carta y documentación a todas las Comarcas para clarificar las dudas surgidas en la atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista por parte de las psicólogas que atienden a estos menores en el territorio de Aragón.
Creemos que estas medidas son necesarias para resolver esa inseguridad jurídica porque, tal y como dice el apartado IV del preámbulo de la Ley de Violencia de Género contra la Mujer de Aragón, “las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. En la aplicación de las diferentes medidas que regula esta Ley, se tendrá en cuenta la existencia de hijas o hijos”.
“La lucha contra la violencia machista incluye garantizar la atención a los y las menores expuestos a ella porque las repercusiones que tiene, no sólo sobre las mujeres sino también sobre sus hijos e hijas, puede provocar problemas físicos, trastornos psicológicos, problemas de conducta y dificultades cognitivas, entre otros, y es, además, especialmente importante para poder detectar precozmente los posibles casos de violencia para poder intervenir”, concluye Luquin.