Comenzamos esta semana una ronda de encuentros con representantes de CCOO, UGT y CEOE con el objetivo de abordar la coyuntura económica y social ante la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, los precios de la energía y los carburantes y la guerra en Ucrania.
Nuestro Coordinador General, Álvaro Sanz, hace hincapié en la urgencia de adoptar medidas que vayan más allá del momento presente, estructurales, para que el impacto bélico y de la crisis económica no recaiga en la clase trabajadora y en la pérdida de los avances que se han producido en materia laboral o de igualdad.
Sanz plantea a los agentes sociales la necesidad de conformar un espacio de diálogo amplio y progresista para defender los servicios públicos, los derechos conquistados, para proporcionar estabilidad y solventar la espiral inflacionista que está lastrando la recuperación económica, la mejora del empleo y de los salarios. “La ciudadanía no puede beneficiarse de mejoras salariales y laborales o de la puesta en marcha de medidas sociales como el IMV si los precios de servicios básicos como la energía están al albur de un injusto mercado marginalista”, advierte.
“Urge disponer de mecanismos que permitan limitar nuestra vulnerabilidad a factores externos y priorizar los intereses de la mayoría frente a los beneficios obscenos de un oligopolio”, apunta Sanz para recordar que “el modelo energético que se ha fomentado, sin tener en cuenta las necesidades reales del sistema productivo, es el mayor responsable de esta situación que amenaza la viabilidad de la industria y bienestar de la población”.
Consideramos que la UE y el Gobierno de la nación deben adoptar medidas estructurales eficaces para mitigar el impacto del encarecimiento de los productos energéticos sobre la economía española, como evitar que paguemos la factura de todas las fuentes de energía al precio del gas y apostar por un modelo de producción distribuida para garantizar una transición energética que cuente con los territorios. Para Sanz, “el acceso a la energía es un derecho, no un privilegio” y por ello “hay que construir un modelo energético que responda a los intereses de las personas, no únicamente de las grandes multinacionales y empresas privadas del sector”.
Estos encuentros, en el que han participado junto a Sanz la responsable de derechos sociales y feminismo, Marga Deyá, el responsable de modelo productivo y ecologismo, Jesús García Usón, y la responsable de formación y programa, Anabel Gimeno, se ampliarán las próximas semanas con reuniones con otras organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil organizada.