Llevamos a las Cortes de Aragón la preocupación y alarma social generada por los proyectos que se han desarrollado y que están pendientes de hacerlo en la zonas castellana y aragonesa del Moncayo ante el riesgo que estas actividades suponen para la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, que vierten a las cuencas hidrográficas de las comarcas del oeste zaragozano, como Tarazona y el Moncayo, la Comarca del Aranda y la Comunidad de Calatayud.
En concreto, hemos registrado una proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón ante las amenazas que sufren de las aguas de la Sierra del Moncayo por proyectos como la mina de Borobia, el embalse del Val y por la futura instalación de una macro vaquería en el municipio soriano de Noviercas.
Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, lamenta que, tras años de lucha en la comarca soriana del Moncayo y en las comarcas aragonesas del Aranda y Calatayud, el inicio en 2015 de la actividad en la mina de Borobia no se pudo frenar y hoy la empresa ‘Magnesitas y Dolomías de Borobia, S.L.’ ha iniciado los trámites para proceder a la ampliación de la actividad extractiva en el municipio soriano y a la que IU, junto con Tarazona Plural, ha presentado alegaciones.
En el caso de Noviercas, “pretenden posibilitar la instalación de una de las explotaciones ganaderas más grandes de Europa, a pesar del impacto sobre la calidad y disponibilidad de recursos hídricos, que podría ser extremadamente grave por la ingente cantidad de purines, lo que provocará un problema ambiental de primer orden, tanto en el suelo y el ambiente de las comarcas del Moncayo, como en las aguas subterráneas”, advierte Antonio Lorente, portavoz de Tarazona Plural en el Ayuntamiento de Tarazona.
Para Álvaro Sanz, “nos encontramos ante otro episodio más que implementa las lógicas extractivas del neoliberalismo globalizador, que no tienen en cuenta las peculiaridades del mundo rural ajeno a las megalomanías productivas de la industria”. “Los beneficios, sin duda, se irán lejos y las desventajas, la contaminación y los desechos se quedarán aquí contaminando el agua y la tierra”, denuncia el diputado, para quien la ganadería intensiva no fija población porque no genera empleo y va en contra del desarrollo sostenible y la protección ambiental.
También adviertimos de la situación en la que se encuentra el embalse del Val, que se nutre de las aguas de los ríos Queiles y Val, proveniente del Moncayo, cuyos nacederos y cuentas receptoras en cabecera se encuentran en la provincia de Soria. Según ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Ebro es el más contaminado de la cuenca. Esta evolución negativa de la contaminación se suma a los efectos arrastrados desde hace décadas que provoca la ubicación de una piscifactoría junto al nacedero del río Queiles en el municipio de Vozmediano. Asimismo, se señala como principal foco de nutrientes acumulados en el embalse y al flujo hidráulico a la depuradora de Ágreda y Ólvega, a la intensidad de la ganadería y al uso de los fertilizantes derivados en la agricultura.
Recientemente, quizá por sentir la amenaza de proyectos de esta índole, los municipios de vertiente Soriana del Moncayo han pedido la declaración de este espacio como parque natural a la Junta de Castilla y León, grado de protección con el que ya cuenta la zona aragonesa.
Aquí, en Aragón, a través de nuestra iniciativa, reclamamos que las Cortes de Aragón rechace los proyectos de ampliación de la mina de Borobia y de la instalación de una macro vaquería en Noviercas e insten al cuatripartito a tomar todas las medidas legales y administrativas que sean precisas para mejorar la calidad de las aguas de la Sierra del Moncayo en su vertiente aragonesa y a personarse en los procesos administrativos de instalación y ampliación de actividades que puedan tener efectos negativos sobre las aguas que abastecen a las comarcas aragonesas.
En cuanto a los proyectos concretos, pedimos al Gobierno aragonés que inste a la Confederación Hidrográfica del Duero a no conceder la concesión de caudales solicitada para la instalación de la macrogranja proyectada en Noviercas, inste a la Junta de Castilla y León a no autorizar la ampliación de la mina de Borobia e inste a la CHE para que tome las medidas oportunas en cumplimiento de la normativa de depuración de las aguas residuales en los municipios de Ágreda y Ólvega.
“Ante todos estos proyectos que afectan al ecosistema de los ríos y de los acuíferos del sistema ibérico zaragozano toca defender el bien común por encima del beneficio de las grandes corporaciones que arrasan sin ningún pudor pueblos y paisajes, con la única finalidad de mejorar sus ingentes beneficios en detrimento de las explotaciones ganaderas familiares y de la conservación de nuestro medio natural, hipotecando el futuro de las comarcas aragonesas por las que discurren sus aguas”, concluye Sanz.