Exigimos a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que explique qué compromisos tiene su Gobierno con su socio VOX en una materia que es vital porque garantiza los derechos sociales de todas las personas que comparten convivencia en la Comunidad.
Según el último Índice DEC elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos encontramos en una situación similar a 2012 donde el reconocimiento de derechos no se corresponde con la cobertura real de prestaciones y servicios. “Los derechos sociales requieren esfuerzo y garantías para que los compromisos no se queden en un papel”, ha advertido nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, hoy en las Cortes de Aragón para pedir a Susín que responda a sus preguntas sobre discapacidad, Dependencia, mayores, familias, juventud así como sobre la gestión de su Departamento en otras materias como la PACIMV. Cabe recordar que en el discurso de investidura de Azcón nada se mencionó sobre este ámbito, dejando muy claro que no es una de las prioridades del nuevo Gobierno.
En cuanto a la ley de Discapacidad, el PP ha reclamado su desarrollo así que en IU esperamos que lo hagan ahora que están en el Pignatelli. Lo primero debe ser reforzar el personal de valoración de la discapacidad para reducir esa lista de espera de dos años. En Dependencia el nuevo Ejecutivo debe mejorar la cobertura y cumplir su compromiso para la modificación del Decreto 111/92 de condiciones mínimas.
Nuestro diputado ha pedido a la consejera que responda a la realidad de diversidad familiar que existe porque “su concepto de familia tradicional está trasnochado y lleno de carga ideológica”. En IU esperamos que traiga al parlamento la esperada Ley de Familias y se pueda debatir en tiempo y forma al igual que la Ley de Derechos de las Personas Mayores que realmente tenga un reflejo en cuestiones concretas, posibilitando soluciones a problemas existentes y no solo se centre en deducciones fiscales que benefician a unos pocos o solo son significativas para los suyos, los que no tienen problemas para llegar a fin de mes.
Nos preocupa la PACIMV y en IU creemos imprescindible poner en marcha las herramientas para su actualización y mejora, así como la información de su implantación que no se ha cumplido todavía. Teniendo en cuenta la situación de la juventud aragonesa que en 2020 tan solo el 18% de todas las personas jóvenes de Aragón residían fuera de sus respectivos hogares de origen, Sanz ha argumentado que se podría usar esta prestación como renta de emancipación aragonesa para superar la escuálida ayuda al alquiler y contrarrestar la precariedad juvenil.
También nuestro portavoz le ha preguntado a Susín por la elaboración del Plan de Inclusión Aragonés. En Aragón tenemos un doble sistema de servicios sociales, el sistema de gestión directa cada vez más pequeño y con menos capacidad de intervención social y el desarrollado por el Tercer Sector con fondos públicos pero con un alto grado de precariedad y que está sustituyendo y remplazando a los servicios públicos en vez de complementando su actuación.
De la intervención de la consejera queda claro que van a seguir alimentando este doble sistema, privilegiando al Tercer Sector y su desarrollo. “Algo que aún se va a fortalecer más si retiran el acceso a ayudas de urgencia a personas que ya llevan un año empadronadas y no han conseguido la residencia, muchas veces por problemas burocráticos ajenos a ellas, como recogen en su pacto de Gobierno. Personas que deberán recurrir a la beneficencia, a la caridad, para satisfacer necesidades básicas”, ha denunciado Sanz.
En IU pensamos que es necesario reorganizar las prestaciones para mejorar la cobertura de los derechos reconocidos y no solo atender la pobreza extrema, porque se puede ampliar la cobertura para que las personas en situación de riesgo de pobreza no caigan. También nos preocupa el contenido del acuerdo PP-VOX en relación con lo que dice sobre “las entidades que colaboran con las mafias de tráfico de seres humanos”, porque creemos no hay que dejar de subvencionarlas sino denunciarlas porque eso es un delito. “Desde IU vamos a denunciar el componente ideológico que esconde esa afirmación, porque apoyar a personas sin reconocimiento administrativo no es colaborar con las mafias y es peligroso y antidemocrático hacer esa afirmación”, ha apuntado Sanz para recordar que el PP no ha nombrado el Plan de diversidad cultural ni los aspectos relacionados con la integración y acceso de las personas migrantes a los servicios públicos que requiere de presupuesto y actuaciones concretas. “¿Se va a ignorar la existencia de estas personas?, porque el racismo existe en nuestra comunidad, solo hay que ver lo que paso en la estación Delicias a principios de este mes”, ha denunciado.
Por último, el Gobierno de Azcón plantea racionalizar cooperación por lo que Sanz le ha preguntado a la consejera qué significa eso, porque el PP firmó el pacto por la cooperación, ese pacto que el cuatripartito tampoco cumplió, y su compromiso con el O,7 cuadra mal con el acuerdo con la ultraderecha, así que no sabemos qué esperar. Lo que sí sabemos es que queda mucho por hacer, mucho derecho de papel que hacer efectivo y mucha preocupación de que su ideología nos haga perder derechos y que conciba una sociedad monocolor que excluya al resto. Estaremos vigilantes.