El portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para que esclarezca la situación “real” de la capacidad diagnóstica en el sistema sanitario aragonés.
Según Izquierda Unida, la demora en pruebas las diagnósticas es “insostenible”. Resonancias, PET TAC, radiografías y ecografías acumulan listas de espera que, para su diputado, ponen “en riesgo” la atención sanitaria y la salud de la ciudadanía.
Para paliar esta situación, el Departamento de Sanidad ha anunciado medidas excepcionales como la citación para resonancias hasta las 2:00 de la madrugada, pruebas radiodiagnósticas en fines de semana y actividad 24 horas en Urgencias que cuentan con técnicos superiores sanitarios para hacerlas, pero, “al parecer, no con suficientes facultativos radiólogos, imprescindibles para analizar resultados y emitir informes, lo que ralentiza el proceso”, señala Sanz.
Además, Sanz denuncia que el Gobierno de Aragón no cuenta que también quieren poner en marcha que las pruebas radiológicas sean revisadas por un programa de Inteligencia Artificial en lugar de ser verificadas por profesionales del sector como son las facultativas radiólogas. “Herramientas tecnológicas que se van a alimentar de datos públicos y sobre los que no hay garantía de diagnóstico adecuado por lo que solo resulta útil a los intereses de la industria farmacológica”, critica el diputado.
Sanz advierte que “estas soluciones son parches que no resuelven el problema estructural”, ya que el propio Departamento reconoce que cada sector sanitario se organiza “en función de los medios disponibles”, cuando no conocemos la capacidad diagnóstica del sistema ni creemos se están optimizando los recursos del sistema público.
Por ejemplo, en el hospital Miguel Servet los técnicos superiores sanitarios amplían su jornada mediante “peonadas”, mientras que en otros centros se ha implantado un turno de tarde para realizar pruebas diagnósticas. Sin embargo, no se ha garantizado la presencia de facultativos radiológicos para elaborar los informes, y tampoco se sabe si las 14 plazas ofertadas en la convocatoria de empleo público de 2023 ya han sido adjudicadas ni en qué centros sanitarios.
Además, se ha formado a técnicos para interpretar ecografías y acelerar la atención, pese a que los centros de salud disponen de ecógrafos que podrían utilizarse para diagnóstico en Atención Primaria, de los que no conocemos qué uso se les está dando.
Y, por último, Izquierda Unida denuncia que a esta situación se suma la externalización “creciente”: al Acuerdo Marco de 2020 por 7,5 millones anuales se añaden dos contratos recientes por un millón de euros en el Sector Sanitario II.
Para el portavoz parlamentario es “inaceptable que la respuesta a la falta de planificación sea la privatización y la apertura a soluciones tecnológicas poco garantistas”. Por ello, Álvaro Sanz solicita al consejero información detallada sobre la tecnología sanitaria disponible en cada sector y su ubicación en los centros, el número de radiólogos en plantilla y las plazas vacantes, los motivos por los que se opta por peonadas en lugar de contrataciones en turno de tarde pese a la existencia de personal en bolsa, la forma en que se protocoliza la derivación a pruebas diagnósticas, el uso que se está dando a los ecógrafos en los centros de salud y los contratos de externalización de pruebas diagnósticas formalizados o en licitación, con su cuantía, desagregados por sector sanitario.
“La ciudadanía merece una sanidad pública eficaz, con recursos suficientes y sin listas de espera interminables y no podemos normalizar la falta de planificación ni la privatización progresiva”, ha concluido Sanz.