Nuestras medidas para combatir la corrupción y asegurar un compartimentar ético de los cargos públicos han centrado la comparecencia ante los medios de comunicación del candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, minutos antes de protagonizar un acto electoral organizado en La Muela, junto a la candidatura municipal, Ganar La Muela.
Sanz, acompañado del candidato a la alcaldía de La Muela por Ganar La Muela, Arturo Espada, ha presentado una batería de propuestas en materia de regeneración política que pasan por endurecer las penas contra los corruptos y corruptores públicos y privados y combatir los delitos de corrupción sin fecha de caducidad, eliminando su prescripción legal.
Para lograrlo, planteamos una Ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Además, la formación de izquierdas propone complementar la norma anterior con una Ley expropiatoria de bienes y derechos adquiridos mediante la utilización de prácticas declaradas corruptas. “Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales”, ha explicado Álvaro Sanz.
En cuanto a los representantes electos, determinamos que sus salarios no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor y considera que se deben eliminar los complementos por cargo donde todavía persistan así como la eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública. También propone que los cargos públicos y cargos de libre designación tengan prohibido recibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución y la incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración los tres años anteriores.
También encontramos en el programa electoral una Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos y Altas Cargos públicos y la regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de gobierno municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo, en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.
En relación a la construcción y el urbanismo, Sanz ha explicado nuestra propuestas para crear un registro público de recalificaciones del suelo. En este sentido, exige, a través de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, que todos los alcaldes y concejales tengan obligación de presentar su declaración de bienes en un registro público y que a partir de un determinado importe o duración, todos los contratos públicos tengan que ser aprobados por el pleno y no por el equipo de gobierno en solitario. También planteamos un registro público de operaciones de recalificaciones de suelo y un cuerpo de inspectores, ajenos a los ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos y las plusvalías obtenidas.