El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado instar al Gobierno autonómico a generar un recurso, en elperiodo de tres meses, que tenga por objeto la mediadiación y la asesoría para incentivar los acuerdos entre los titulares de actividades y servicios comerciales e industriales como bares, restaurantes, gimnasios, centros de estética o ludotecas, con los propietarios de los inmuebles en los que se desarrollan, para posibilitar un mejor reparto de las consecuencias económicas de la pandemia para preservar las actividades económicas y mantener el empleo de las mismas, mediante una rebaja de las cuotas de arrendamiento.
La iniciativa aprobada con los votos de PSOE, Podemos, CHA, PAR, PP y Cs y el rechazo de VOX, que ha sido presentada por nuestro grupo y después transaccionada, contaba con un punto 2 que no ha salido adelante y con el que la formación política y social proponía dotar de forma jurídica el “este reparto de las cargas de esta crisis para evitar que recaiga sobre los eslabones más débiles”.
Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha agradecido el apoyo al primer punto que supone un avance fundamental para mejorar la situación de los sectores más afectados por las limintaciones impuestas para hacer frente a la pandemia, como son la hostelería y el comercio local.
Durante el debate de la iniciativa se ha puesto de manifiesto el complejo debate jurídico que hay detrás de la medida, pero ésta es viable porque tiene “encaje” en nuestra legislación. “La situación actual de las familias trabajadoras requieren un apoyo y que se pongan en marcha instrumentos excepcionales que tienen un encaje en nuestra legislación”, ha explicado Sanz para argumentar que “no es la primera vez que, por circunstancias sobrevenidas y de forma excepcional, se plantean medidas para flexibilizar las relaciones contractuales entre las partes o que los juzgados han fallado a favor de revisar los contratos”.
Lo que hemos pretendido con esta iniciativa es que, al igual que lo han hecho otras Comunidades Autónomas, se evite el cierre de muchos negocios y se destruya empleo haciendo posible que se repartan las cargas entre los titulares de estos negocios, la administración, pero también de aquellos que viven de las rentas de los locales, trabajando para garantizar una rebaja de los costes del alquiler.