Esta mañana la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, ha comparecido en las Cortes a petición de nuestro grupo parlamentario. Álvaro Sanz ha reiterado nuestra denuncia ante el incumplimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV (PACIMV), una prestación fundamental y, sin embargo, el Gobierno de Aragón no está haciendo los deberes para que ésta alcance a todas las personas que la necesitan. Todas las personas en nuestra comunidad deberían tener garantizados 540 euros, es una responsabilidad totalmente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, una competencia totalmente suya que no está llevando a cabo.
Nuestro diputado ha exigido a Broto modificar la aplicación informática como primera medida imprescindible para corregir este incumplimiento y para que el tope no lo determine el IMV, sino la prestación complementaria aragonesa. Además, el anuncio de una subida del 15 % del IMV conlleva que en Aragón la PACIMV pase de los 540 € a los 621 € y sobre esto Sanz ha preguntado a la consejera si puede garantizar que la gente va a cobrar esta cantidad y cumplir con el espíritu de la ley. En su intervención, Broto se ha comprometido a aplicar en Aragón este aumento del 15 % del IMV.
La PACIMV aprobó en mayo y en IU sabíamos que tendría que ajustarse porque se estaba tramitando el IMV y para ello concebimos la Comisión de seguimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria y de la implantación de los procesos de inclusión. Sanz ha preguntado a Broto cuándo se va a poner en marcha ya que dentro de dicha Comisión debería estar en funcionamiento ya las dos subcomisiones para estar dando ya una mejor respuesta
La pobreza y el riesgo de exclusión en Aragón son del 6,1%. 81.000 personas en pobreza severa
cuyos ingresos mínimos están por debajo de 535 euros. Esto con nuestra ley no debería existir pero la realidad nos muestra lo contrario. En este sentido Broto ha advertido que en Aragón la brecha de género es muy fuerte ya que de las 212.000 personas en riesgo de pobreza, 126.000 son mujeres y el resto, hombres.
Sobre el Servicio de Inclusión, que era el motivo de la solicitud de esta comparecencia, Sanz ha recordado que el Gobierno de Aragón planteó que estaba se estaba esperando a un documento de consenso a nivel estatal. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado y nos han presentado es el convenio para un proyecto innovador de inclusión social. Es cierto que compartimos que “Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético y las competencias digitales.” Algo que se trasladó en la ley que aprobamos, el mismo espíritu.
En este sentido, Sanz ha preguntado a la consejera cuándo van a dar cumplimiento del artículo 14 relativo a prestaciones, programas e instrumentos de inclusión que se deberían definir reglamentariamente.
El diputado ha recordado la rueda de prensa que dio Broto presentando el proyecto y que nos generó muchas dudas. Por ello, ha solicitado que aclare las restricciones que plantea y que no aparecen en el proyecto. En la rueda la consejera dijo que sacaría dos líneas de subvenciones de proyectos: Con las entidades locales, proyectos comunitarios, mediante subvenciones y con las entidades sociales, itinerarios individualizados, mediante conciertos. “Como si se pudiera hacer una cosa sin la otra y no deberían ser actuaciones coordinadas y, además, no entendemos que los servicios sociales de base se queden fuera del proyecto de itinerarios individualizados, no entendemos la fragmentación y nos preocupa”, ha señalado Sanz.
En su opinión, los proyectos comunitarios de inclusión necesitan estabilidad, son procesos complejos y estructurales que requieren de actuación constante y desde múltiples actuaciones, requieren muchas veces actuaciones urbanísticas, educativas, culturales, etc. La inclusión no solo es de servicios sociales y así lo trasladamos mediante enmiendas en la ley que aún no se ha puesto en marcha, así que no entendemos una convocatoria de subvenciones para esto antes de establecer un marco que recoja estas cuestiones.
Tampoco se entiende que firmen el convenio con el ministerio de Seguridad Social en diciembre para el desarrollo de un proyecto en este sentido impulsado por los fondos de recuperación y es a mitad de febrero cuando lo presentan y plantean que lo van a comentar con el resto de las agentes.
“La política del Gobierno de Aragón es la de ampliar y ampliar la concertación con el tercer sector que a nosotros nos preocupa por la precarización laboral que se da en las entidades pero también nos preocupa que no son administraciones públicas, no pueden tener un acceso similar a los datos que tiene el personal de la administración”, ha apuntado Sanz quien ha preguntado a Broto por el proyecto piloto de coordinación con el INAEM.
Cabe recordar que nuestra ley planteaba que, reglamentariamente, se definiría la participación del tercer sector en el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Sin embargo, no hay reglamento y el papel del tercer sector, que en IU consideramos que debiera ser complementario, se está utilizando como prioritario generando una doble vía que limita el desarrollo de la labor de los servicios sociales públicos que están infradotados de personal.