“Huir de la confrontación entre territorios, asegurar que la ciudadanía puede acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, independientemente de donde residan, y garantizar que se da cobertura real y efectiva al coste de esos servicios con unos criterios de financiación justos y que sirvan para adelantarnos en la cuatificación de las necesidades de gasto real que tenemos es fundamental en el nuevo modelo de financiación autonómica”, ha manifestado nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, tras la reunión mantenida con el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, para continuar abordando el documento sobre la reforma de la financiación autonómica y tratar de establecer una posición unitaria en Aragón antes de su debate definitivo. El encuentro que ha tenido lugar esta mañana con todos los grupos parlamentarios en el palacio de La Aljafería.
Reconocemos que la propuesta planteada, y a la que hemos hecho aportaciones, avanza en criterios de justicia que permitan la cuatificación efectiva del coste de los servicios en un territorio como el de Aragón, que tiene unas características concretas por su dimensión, por su orografía y también, en cuanto a población, un alto envejecimiento y una dispersión y una despoblación muy acentuadas que, objetivamente, encarecen el coste de los servicios. En este sentido, Sanz ha calificado somo “positivo” que el documento de debate “deje atrás” criterios de renta per cápita y aterrice en aquellas variables que implican un incremento del coste de los servicios públicos.
“Es muy importante que Aragón participe en la elaboración de esos criterios de justicia que, presentados de forma objetiva, resultan difícilmente cuestionables”, ha aseverado el diputado, quien ha advertido que, a pesar de la valoración favorable, el debate de hoy “deja pendiente muchas cuestiones que debemos abordar” en referencia a la nivelación del coste de los servicios y la armonización fiscal para acabar con el dumping que ahora se produce en esta materia y hablar de corresponsablidad en el esfuerzo fiscal.
También queda pendiente el debate sobre la ordinalidad, sobre el que IU aboga por su superación, el de la suficiencia financiera del conjunto del sistema y el de la reforma fiscal para hacer que sea justa y progresiva porque “la capacidad fiscal de un territorio no puede condenar a sus ciudadanos a tener unos servicios peores que los de otra Comunidad”.
En cuanto a la consideraciones que hicimos al documento que presentó el Gobierno de Aragón, Sanz ha destacado nuestras propuestas enmarcadas en la necesidad de incrementar el peso de las variables correctoras que tienen que ver con la peculiaridad demográfica que tiene Aragón y que hace que encarezcan los servicios públicos. “Tienen que ser criterios aplicables de forma transversal, no solo a la Educación, Sanidad y Servicios Sociales, sino también al resto de servicios públicos y sobre todo tener en cuenta en el peso global con más incidencia de la que ahora plantea el documento”, ha explicado Sanz en su comparecencia ante los medios, en donde ha reiterado la necesidad de consenso para superar las diferencias entre territorios.
Asimismo, se ha tenido en cuenta nuestra aportación al documento para que se tenga en cuenta en número de municipios y se supere ya el concepto de las entidades singulares, un criterio que se construyó ad hoc y que no responde a la necesidad real de mejorar la cobertura de los servicios públicos.
Introducir los criterios para atajar la pobreza
Hemos propuesto en la reunión que se modifique esta cuestión tal y como está planteada en el documento y que se introduzca por ejemplo el índice AROPE como criterio de reparto, porque consideramos que la pobreza tiene que estar situada como una variable a la hora de determinar el sistema de financiación.
Otra de las preocupaciones que seguimos manteniendo es la necesidad de cuantificar de manera efectiva el mantenimiento del gasto de los servicios públicos sobre todo después de lo vivido con la Covid-19 y de la necesidad de abordar nuevos derechos como pueden ser los cuidados, las políticas de inserción efectiva o como pueden ser derechos pendientes todavía como es la educación de 0 a 3 años.
Ese carácter dinámico de la financiación tendrá que ser objeto de debate y en IU vamos a estar preocupados y atentos a que se establezcan elementos que permitan introducir el dinamismo superando es estatismo que implicaría que no se tuvieran en cuenta la cobertura de esos nuevos derechos, servicios fundamentales y que para Aragón son muy importantes.