Hoy nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha preguntado al presidente de Aragón, Javier Lambán, por las desigualdades generadas por la actual reglamentación de la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV).
Una pregunta enmarcada en el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía que garantiza desde el autogobierno leyes para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía como la política de garantía de ingresos, que ha dado lugar a numerosos debates desde el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), en relación con as políticas de renta básica y ahora sobre la PACIMV.
Para IU, el IMV debería ser el suelo para las políticas autonómicas de manera que mejoraran las cuantías que garantizaran una vida digna. Pero no es así.
Solo un tercio de los hogares que ahora son perceptores del IMV ven complementada esa ayuda con la prestación aragonesa y solo se cubre a 53 personas, según los datos que tenemos porque se da la circunstancia de que el Gobierno de Aragón no cumple el compromiso legislativo de publicar cada tres meses los datos.
En Aragón hemos renunciado a ampliar el cinturón de seguridad para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Diseñaron una prestación que mejora solo en 50€ el IMV.
En nuestra Comunidad hay una situación de desigualdad porque quienes están por debajo de nuestra prestación en ingresos pero están por encima del IMV no pueden acceder a la prestación aragonesa complementaria, a la PACIMV. En este sentido, Sanz ha preguntado a Lambán, y habida cuenta de que es un acuerdo alcanzado en el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad el resolver esta situación, qué se va a hacer reglamentariamente para acabar con ella.
El presidente ha dicho que no hay desigualdad en Aragón y ha echado la culpa al Gobierno de Sánchez de la puesta en marcha en las CCAA del IMV, insistiendo en que lo que está ocurriendo (que no lo ha reconocido tampoco) no es responsabilidad de las Comunidades.
Nuestro diputado ha exigido que en Aragón no haya ninguna persona con una garantía de renta por debajo de 540 €, que deberán ser 621 € con el incremento en el INV del 15% aprobado por el Gobierno, y ha recordado al presidente que, según el indicador AROPE, en nuestro territorio hay 81.000 personas en situación de pobreza severa y creemos que todas ellas deberían ser perceptoras de la prestación.
Sanz ha terminado su intervención exigiendo a Lambán medidas para paliar la pobreza y el riesgo de caer en ella con la reforma de los reglamentos, con el cumplimiento de las indicaciones del Consejo Consultivo que denunció la reglamentación actual de nuestra prestación, con la garantía de los mecanismos para acreditar situación de exclusión, la inclusión de más colectivos específicos y con el regreso de la residencia efectiva y no legal en el requisito necesario para el acceso. Es urgente revisar esta cuestión y constituir la Comisión de Seguimiento de esta prestación.
Esperamos del presidente un compromiso cierto parar resolver esta situación que diría mucho de la voluntad social de este gobierno de Aragón», ha concluido