El Gobierno de Aragón debe descartar su mantra que dice que “bajar impuestos es bueno” y alejarse de promesas inasumibles e inaceptables desde el punto de vista de la justicia fiscal.
Hoy han comenzado en las Cortes de Aragón las comparecencias de las y los consejeros del nuevo Ejecutivo y el encargado de empezar ha sido el titular del Departamento de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha recordado al consejero nuestra posición entorno a la reforma tributaria que proponen y a la que presentamos propuestas para buscar un acuerdo global aunque la forma de tramitar legislativamente la reforma tributaria que tiene el PP-VOX-PAR, además de resultar poco adecuada y ortodoxa, dificulta que nuestra posición al final de la tramitación sea más favorable que en ejercicios pasados.
Sanz ha insistido en que la fiscalidad ha de afrontarse desde la globalidad y ajustarse a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad económica y con un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
En IU venimos defendiendo que cualquier modificación tributaria debe ligarse al análisis de las necesidades que afronta la Comunidad en aras de satisfacer debidamente las competencias atribuidas y los compromisos políticos. Por ello, nuestro diputado ha aseverado que hay que hablar de suelo de ingresos en base a la necesidad de gastos y no al revés, como hacen las derechas.
Además, Sanz ha recordado que la tendencia en décadas ha ido en la dirección contraria a lo establecido en la Constitución, “haciendo gala de la desfiscalización”. “Las rebajas a las rentas bajas debieran compensarlas las aportaciones de las rentas más altas, las del patrimonio, sociedades o los impuestos ambientales, y esto no sucede con su proyecto de ley”, ha denunciado.
Cabe recordar que en Izquierda Unida pusimos sobre la mesa el fortalecimiento de los recursos de la Comunidad para afrontar nuestras obligaciones o cuando menos que el balance recaudatorio final fuera neutro; la derogación de regresiva reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobada por las derechas parlamentarias en 2018; el mantenimiento de las condiciones vigentes sobre el impuesto de patrimonio; la reforma del tramo autonómico del IRPF introduciendo mayor progresividad, con nuevos escalones en los tramos y con variaciones de tipos.
Asimismo, en cuanto a los impuestos ambientales planteamos la recuperación del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, que el Gobierno no ha contemplado en su propuesta, y la creación de un nuevo canon medioambiental sobre el impacto paisajístico, ambiental y social de la generación eléctrica para instalaciones de producción de potencia superior a 10 MW, del que estarían exentos el autoconsumo, las cooperativas energéticas y las comunidades energéticas locales, de naturaleza finalista para financiar un fondo de restitución y compensación territorial.
En esta materia, el Gobierno informó de que se había dado la orden para iniciar los trabajos para preparar este nuevo tributo que no entrará en vigor el 1 de enero, sin premisas, ni plazo de elaboración, y por lo tanto, asumiendo que irá por una tramitación ordinaria que, con un proceso electoral de por medio, en el mejor de los casos no entrará en vigor hasta 2024.
En contraposición, el Ejecutivo plantea el incremento de los tipos en tres tributos ambientales, que nos parece adecuado: Grandes áreas de venta, sin llegar a los tipos previos a su última rebaja fiscal; el agua embalsada de los saltos hidroeléctricos; las líneas de alta tensión. Una estimación fácil de hacer sobre la recaudación resulta de 3,3 millones de euros que nos parece claramente insuficiente, pero que ha servido para contentar al “ala verde” del Gobierno.
Para Sanz, se lanza un mensaje muy peligroso y se entra en el discurso populista e irresponsable de las derechas de que bajar los impuestos es bueno. Todo lo contrario, el primer mensaje de una formación política sería y que se dice progresista, debería ser el de explicar que con los impuestos se financian los servicios públicos a los que se accede y deben quedar garantizados para cualquier condición y con independencia de su capacidad económica, además de dotar al estado de mayor fortaleza para responder en situaciones de crisis, como las que hemos vivido recientemente.
En su opinión, la afirmación más acertada sería decir que la reforma tributaria que beneficia al 100% de la población es aquella que garantiza un Estado fuerte y aquella que permite superar las carencias estructurales que han demostrado nuestras cuentas.