Exigimos al Gobierno de Aragón total transparencia en las sociedades en las que participa. Nuestro Coordinador General y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa para explicar la proposición no de ley que defenderá el próximo martes en la Comisión de Economía ante una situación que considera “muy grave” y es la falta de colaboración del Gobierno de Aragón con la Cámara de Cuentas.
Cabe recordar que a propuesta de nuestro grupo parlamentario, entre las prioridades de fiscalización que las Cortes de Aragón incluyeron para el Programa anual de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para el ejercicio 2021 se encontraban las sociedades “Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A.”, “Formigal, S.A.U.” y “Nieve de Teruel, S.A.”, con un alcance temporal relativo a los ejercicios 2017 y 2018.
En este sentido, el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón adoptó un acuerdo el pasado 24 de marzo que dio traslado al parlamento y por el que daba por finalizada la revisión preliminar sobre las inversiones financieras del sector público en el capital social de “Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A.”, “Formigal, S.A.U.” y “Nieve de Teruel, S.A.” y sobre las ayudas y subvenciones públicas recibidas por estas sociedades, dada la negativa del Departamento de Economía a remitir la información solicitada por la Cámara de Cuentas de Aragón.
En su acuerdo determinó que “Nieve de Teruel, S.A.” es una sociedad integrante del sector público de Aragón por tener las entidades pertenecientes a dicho sector una participación del 74,98% en su capital social y la incluía en el ámbito de actuación de la Cámara de Cuentas conforme la Ley que regula el ente fiscalizador. “Un acuerdo que va en sentido contrario a lo manifestado por la consejera de Economía, Marta Gastón, en el Pleno de las Cortes”, recuerda Sanz.
Asimismo, la Cámara de Cuentas resolvió que las inversiones financieras que realizan las entidades del sector público de Aragón en el capital social de las sociedades del grupo Aramón y las subvenciones y otras ayudas públicas que les concedan con cargo a sus presupuestos están sujetas a la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas.
Para Sanz, esto resulta “muy grave” en un Estado con garantías democráticas y cree que es la “gota que colma un vaso” desde hace ya muchos años con respecto a todo lo que tiene que ver sobre las inversiones de la nieve, pero especialmente con la Sociedad semipública Aramón, con este Gobierno y con los anteriores.
Desde 2009 existen informes sobre el derecho de las Cortes de Aragón a solicitar y recibir, a fiscalizar, la acción del Gobierno en las sociedades, aunque su naturaleza sea privada y se rija por el derecho mercantil. “Lo que aquí hacemos es un ejercicio democrático de control de la acción de un Gobierno y una Administración pública”, apunta Sanz para quien se produce “un agravio” en el derecho que tenemos los grupos de la oposición en esta Cámara, ya que el Partido Popular tiene un miembro en el Consejo de Administración de Aramón, “mientras a los demás se nos niega la información”.
Sanz ha recordado que ya en 2019 se le negó la petición de documentos de adquisición de terrenos (firmes o comprometidos) en el término de Montanuy. Una información que reclamamos ante las noticias que situaban acuerdos “muy beneficiosos” para determinados intereses particulares.
También se nos ha negado el expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno del 17 de diciembre 2019 por el que se autorizó un gasto de carácter plurianual con el objeto de ajustar las anualidades para la “reestructuración de la deuda financiera de Aramón, Montañas de Aragón, S.A, por un importe de 52,5 millones de euros. “Un acuerdo fundamental para la refinanciación de la deuda del grupo y para las futuras ampliaciones de capital”, apunta Sanz.
Desde el grupo parlamentario hemos presentado cuatro quejas por no recibir los informes para determinar que la expropiación de la ampliación de Cerler por Castanesa se debía hacer por el procedimiento extraordinario de urgencia, contra el criterio del Departamento de Vertebración, competente en la materia y que no la considero de manera motivada. Esto provocó que nuestro diputado formulara una pregunta escrita dirigida a la consejera Gastón, que no llegó hasta que se vio forzada a responder en Comisión parlamentaria.
También Sanz ha recordado que el consejero de Medio Ambiente faltó a la verdad cuando le preguntó ante el Pleno por los proyectos que se iban a beneficiar de la modificación de la Ley de Protección Ambiental incorporada en el Decreto-Ley de la EARSE, ya que aseguró que no afectaba a ningún proyecto vinculado a la ampliación de las pistas de esquí y, finalmente, sí se usó para mantener vivo el estudio de impacto ambiental de la ampliación de Cerler.
Otra de nuestras denuncias es que desde el Departamento de Industria tampoco han facilitado las respuestas requeridas sobre los criterios de sostenibilidad ambiental para apoyar unos proyectos bajo criterios de sostenibilidad “dudosa” ante el reparto de los fondos europeos.
Ante la opacidad que ha demostrado el Gobierno de Aragón, presentamos una proposición no de ley en la que instamos a las Cortes a rechazar esta falta de transparencia, en este caso con la Cámara de Cuentas para la fiscalización del perímetro de Aramón, y en la que proponemos instar al Ejecutivo a que rectifique y envíe la información requerida por el órgano fiscalizador, además de modificar la normativa vigente que queda al albur de cierta interpretación para garantizar el control parlamentario de las sociedades en las que la participación del Gobierno no es minoritaria, como ocurre con Aramón, y para dotar de transparencia sobre la acción del Gobierno en las sociedades en las que participa.