Hemos registrado siete propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Comunidad para fortalecer el dispositivo de servicios públicos con el objetivo de superar las desigualdades preexistentes a la Covid-19 y las nuevas brechas que se han abierto con la crisis derivada de la pandemia y abordar temas relativos al modelo productivo, los derechos sociales y a la contratación pública.
Queremos garantizar una respuesta a los asuntos más urgentes a los que se enfrenta la comunidad tras atravesar uno de los más duros episodios que la humanidad ha sufrido en la historia reciente.
Con nuestras propuestas de resolución, volvemos a incidir en la necesidad de realizar cambios estructurales para avanzar de forma “real” en la recuperación de derechos, el fortalecimiento de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales; el impulso a un modelo de agroindustria que no se base en la “uberización” del campo y la defensa de una contratación pública que incorpore lo social, la sostenibilidad, la digitalización y condiciones laborales dignas.
Nuestro Coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, señala que su formación política ha presentado el número máximo de propuestas de resolución que podría presentar al Debate por representación parlamentaria.
Entre ellas, cabe destacar una propuesta relativa a la prestación complementaria aragonesa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que Aragón cumpla el objetivo de las rentas mínimas autonómicas de mejorar en cantidad económica y cobertura al mismo. Para Sanz, esta pandemia está mostrando las brechas que existen en la sociedad en la que miles de aragoneses y aragonesas sufren los efectos de esta crisis y comienzan a entrar en círculos de pobreza.
Hoy en Aragón, una persona con 470 euros de ingresos y un alquiler no va a percibir esta prestación complementaria a pesar de haber acordado que, por ley, se debería garantizar a todo aragonés un ingreso mínimo de 520 euros, más un 5% añadido si tiene gastos por alquiler o hipoteca. Además, en la Comunidad hay 3.000 unidades familiares que eran perceptoras de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que están fuera del IMV y que no forman parte de los 6 colectivos señalados en el desarrollo propuesto de esta ley. “Queremos que se solucione esta situación cuanto antes y creemos que nuestra propuesta de resolución puede ayudar a hacerlo”, apunta Sanz.
Otra de las propuestas en la que incidir es la relativa a la Atención Primaria con una propuesta de incremento del 25% de su presupuesto y su gestión a través de la creación de una Gerencia de Atención Primaria que posibilite la coordinación e impulso del cambio de modelo que contemple cambios organizativos y la inclusión de nuevos perfiles profesionales.
Uno de los pilares fundamentales para hacer frente a la recuperación económica y social es la promoción de la sostenibilidad. En Aragón, en un contexto objetivo de enfriamiento del mercado chino, se debe estar preparado para evitar que un posible “pinchazo” de la “burbuja especulativa” del porcino que se lleve por delante a nuestros ganaderos y ganaderas. Por ello, proponemos al Ejecutivo un plan de viabilidad para la ganadería extensiva en Aragón y el impulso a la elaboración de una ley autonómica de integración ganadera que recoja las garantías contractuales en la producción y venta bajo esté sistema mayoritario en la ganadería intensiva, y reparta los beneficios, las cargas y las responsabilidades de las externalidades de la actividad entre las partes.
Además, la recuperación tiene que venir de la mano del medio ambiente. “Hemos visto cómo se relajan las normas ambientales y se pintan de verde proyectos que no son sostenibles”, critica Sanz para recordar que el Gobierno de Aragón debe cumplir con el mandato de las Cortes como la elaboración de un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón con criterios energéticos y territoriales. Ante la “opacidad” y “falta” de compromiso del cuatripartito en este asunto, hemos registrado una propuesta de resolución para la elaboración urgente de un Plan Estratégico de los recursos energéticos renovables de Aragón territorial con criterios de territoriales, ambientales, paisajísticos y de desarrollo económico para seleccionar emplazamientos adecuados de las instalaciones.
No queremos un pacto con las promotoras a cambio de contraprestaciones, lo que demandamos es su regulación y planificación pública, como ya le dijo Sanz al presidente Javier Lambán ayer durante el debate sobre el estado de la Comunidad.
Por otra parte, en cuanto a servicios sociales, proponemos calendarizar la puesta en marcha de las propuestas recogidas en el dictamen de residencias y aprobar en el primer trimestre del año 2022 la modificación del Decreto 111/92 para acabar con la precariedad tanto en la prestación del servicio como de las condiciones laborales.
“Sabemos que la recuperación no es fácil pero en IU no compartimos que se apliquen las mismas recetas que en 2019 y, por ello, exigimos al Gobierno de Aragón un cambio de paradigma dejando atrás la insostenibilidad social, ambiental, económica y territorial que caracteriza la realidad del actual”, concluye Sanz.
En este enlace podéis acceder al documento con las siete propuestas de resolución registradas: