Izquierda Unida de Aragón considera “inaceptable” que el Gobierno de Jorge Azcón vuelva a cargar contra el Ministerio de Juventud e Infancia, por el formato elegido para la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia (CSIA), prevista para el próximo 24 de septiembre.
Desde la formación recuerdan que el reglamento de la Conferencia Sectorial permite su celebración por medios telemáticos o incluso por correo electrónico, como en esta ocasión, y que este formato ha sido utilizado en numerosas ocasiones por gobiernos de distinto signo político sin que ello haya supuesto un problema.
“Es significativo que, tras no acudir a la última Conferencia Sectorial convocada de forma presencial en julio, ahora el Gobierno de Aragón también rechace el formato telemático. La realidad es que no se trata de un problema de formas, sino de una negativa sistemática a colaborar con el Ministerio”, ha denunciado Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón.
Además, hay que destacar que el único punto del orden del día de esta CSIA es la aprobación de un crédito extraordinario de 22millones de euros destinado a reforzar la atención a la infancia migrante en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, territorios gobernados por el Partido Popular que no están a su disposición por la ausencia de las Comunidades Autónomas a la última CSIA impidiendo que se aprobara. “No hay debate, solo un voto. Y ni siquiera, en este caso, el Gobierno de Aragón parece estar dispuesto a participar, aunque eso suponga perjudicar a los territorios donde gobierna su partido”, ha añadido Sanz.
Por todo ello, Izquierda Unida acusa al Gobierno de Aragón, en general, y al Departamento de Bienestar Social, en particular de “boicotear” cualquier iniciativa del Ministerio, “incluso cuando eso implique dañar los derechos de la infancia migrante y bloquear recursos para territorios que los necesitan con urgencia”, subraya el también Coordinador general de la formación en Aragón.
Asimismo, recuerda que desde junio las Comunidades Autónomas cuentan con una propuesta de acogida detallada y publicada en el BOE, y que han tenido más de tres meses para adaptarse. Para Sanz, “esto demuestra que han preferido invertir ese tiempo en bloquear una ley que no han conseguido frenar y ahora mienten e intentan hacer creer a la opinión pública que no tienen información”.