Hoy nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha defendido en el Pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley en la que ha defendido un modelo de rescate para la agricultura social y familiar, con recursos suficientes para paliar los efectos de la sequía, y abordar la necesidad de garantizar precios justos en los lineales y reforzar los mecanismos de control de la cadena alimentaria.

Sanz, ha manifestado la solidaridad de IU con los y las gentes del campo que hoy están mostrando su enfadoy que lo hacen porque tienen razones.

Desde la tribuna, el diputado ha explicado que la situación de crisis que afrontan las familias del modelo social y profesional de agricultores y ganaderos, y que ha estallado, en Aragón, como en el resto de España y de países de la UE, responde a causas de naturaleza estructural que se han ido acumulando durante décadas. “Es el vaso que se va llenando pero las últimas gotas ya lo han colmado y por ello comprendemos que hay motivos para la indignación del campo”, ha señalado.

El sector agrario está en crisis pero no todas las realidades productivas por lo están por igual. El conjunto de ecosistema agrario es muy diverso y disperso. Por eso, la iniciativa que hemos presentado esta tarde se ha centrado en el modelo social y profesional de la agricultura, el que realmente pierde centenares de efectivos año a año mientras, los datos del INE revelan que los medios de producción se han concentrado en grandes explotaciones y sociedades empresariales, en la última década tenemos un 8% menos de explotaciones agrarias, en tan solo dos décadas, las explotaciones de más de 50 hectáreas se han incrementado un 5% y las de más de 100 has, un 4%. La producción agraria se incrementa, el valor de la misma también, lo que ocurre es que los repartos no son equitativos. En horizontal, no todas las explotaciones ganan o pierden lo mismo; y en vertical, la cadena de valor no se reparte igual que hace 20 años, cada vez los productos en el lineal son más caros y al productor se le paga menos.

Otro ejemplo, lo tenemos en Zaragoza estos días, una FIMA de “éxito” que muestra los avances y el dinamismo en un sector que invierte y que se moderniza, y esto solo se da porque hay “mercado”.

Sanz ha hablado de los factores coyunturales que afectan al sector como como las sequias que son cada vez más duras y prolongadas, o eventuales situaciones geopolíticas complejas que nos afectan indirectamente, como aquel veto ruso, la guerra de Ucrania o la instabilidad en Oriente Próximo; “Pero las costuras han saltado porque han fallado las estructuras del sistema. Al menos han saltado para quienes viven y trabajan en sus explotaciones”, ha aseverado.

En su opinión, las dimámicas de los mercados han demostrado no responder a la lógica idílica del libre mercado que se autorregula de una forma justa. Los tratados de libre mercado sólo han beneficiado a las grandes empresas (también a las de aquí) y han destrozado el campesinado y la explotación social y familiar; han abonado la especulación y han otorgado una capacidad de abuso en el que una parte fuerte somete a la otra débil.

Sanz ha recordado que en España seis compañías distribuyen casi el 80% de la alimentación y la consecuencia de este oligopolio ya la conocemos: el diferencial de precios entre el origen y el destino, cuyo índice elabora y publica la COAG desde 2008. “Precios en el lineal que se llegan a multiplicar por diez lo que percibe el agricultor en productos frescos”, ha denunciado para explicar que es por esto por lo que en IU proponemos avanzar en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

En cuanto a las políticas agrarias europeas, las sucesivas reformas de la PAC han estado dirigidas a favorecen a los mercaderes internacionales y al agronegocio exportador, también al europeo. Según la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, la balanza comercial exterior de productos agroalimentarios ha pasado de 331 millones de euros en 2007 a superar los 18.000 millones en 2021. Las importaciones crecen, pero las exportaciones lo hacen a mayor velocidad. Resultando paradigmático el caso Aragonés, líder mundial en la producción y exportación de carne porcina, a costa de importaciones de cereal ucraniano o la soja transgénica de Sudafrica.

Sobre las políticas propias, tanto las de la Comunidad como las del Ministerio que o se han anulado directamente, o no se han diseñado para apoyar a la explotación social y familiar de manera preferente y protegerla de los abusos que antes citaba.

En su opinión, hay sustituir las políticas que han beneficiado a rentistas y terratenientes, para vincularlas a la actividad agrícola con criterios sociales y ambientales, garantizando rentas y costes de producción, basada en los principios de la soberanía alimentaria y con vocación de futuro en un contexto difícil de crisis ecosocial.

También ha hecho referencia al cambio climático y sus consecuencias en el sector, desmontanto el mantra que está utilizando la extrema derecha en su carga contra la Agenda 2030. Cuando nos planteamos que tenemos que desarrollar políticas que nos ayuden a mitigar las consecuencias del cambio climático, estamos hablando de acuerdos globales, que afectan a todo el planeta y a todos los sectores, negarlo no es opción responsable. Y cuando decimos que hay adaptarse, tendremos que hablar de estructuras, de tecnología y de seguros agrarios ¿con ayuda pública? Por supuesto, pero hasta unos niveles modulables, que permitan la actividad y el desempeño de una labor en el territorio, pero no para colmar la avaricia y el lucro, que para eso ya está el mercado del que algunos se aprovechan; para eso no tienen que estar las líneas públicas.

Por último pero no menos importante, nuestro portavoz ha mostrado el apoyo de IU a las estructuras organizadas de representación del sector que en las últimas semanas han sido cuestionadas. Más allá de las reflexiones que las Organizaciones Agrarias deban asumir, éstas son las legítimas interlocutoras del sector y así debemos reconocerlas, siempre que estén dotadas de mecanismos democráticos.

La situación no es coyuntural ni sobrevenida, y por eso hace falta reformas profundas en las reglas del mercado y en las políticas agrarias, que prioricen un modelo social y profesional de agroganadería. Sin embargo, PP y VOX han rechazado la PNL de IU. Sanz les ha acusado de hacer demagogia con la crisis del campo y ha exigido al Gobierno que explique si va a seguir adelante con la derogación de la ley de agricultura familiar de Aragón, una norma que protege de verdad al sector.