Artículo de Pablo Híjar publicado el 5 de agosto de 2021 en Arainfo.
Este mes de julio se producían dos hechos en teoría inconexos. Por un lado el veterano activista Rogelio Calavia era propuesto para sanción (600 euros) por la Delegación del Gobierno en Aragón. El motivo participar en la paralización del desahucio de Ruth, José y sus dos niñas en noviembre de 2020, objetivo que se logró. La Delegación era entonces dirigida por la actual Ministra de Educación Pilar Alegría.
Por otro lado, se produce una sentencia del Tribunal Constitucional que declara “anticonstitucional” ese primer confinamiento, y por tanto deja en aparente nulidad las sanciones administrativas realizadas durante el periodo. El tribunal percibe una restricción de derechos fundamentales: “el derecho fundamental a circular libremente por todo el territorio nacional, el derecho a elegir libremente residencia (art. 19 CE) y el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21.1 CE).”
Y aquí mágicamente se cruzan estos hechos en apariencia aislados en una explosión de floridas contradicciones.
Desgraciadamente desde la caída del primer confinamiento domiciliario han sido reiteradas las veces en las que el movimiento de vivienda ha tenido que recurrir a la desobediencia civil para evitar el desalojo de familias vulnerables aragonesas (principalmente en Zaragoza y Uesca). Desahucios sin alternativa habitacional, que suponen una vulneración de los Derechos Humanos y de las propias normas aragonesas (art 19.1 y 19.2 de la Ley 10/16). La gravedad de la situación obligó a las plataformas aragonesas a constituir la Coordinadora de Vivienda, así como la ya conocida campaña “Aragón sin desahucios”.
Para el Tribunal no es aceptable la restricción de derechos fundamentales (incluso si se hace frente a una emergencia sanitaria). Y se lo parece, recurso de Vox mediante. Sin embargo toda la violencia institucional (judicial, administrativa y policial) y restricción de derechos que se ejerce contra familias vulnerables cuando son expulsadas de sus viviendas parece que no merece su atención. Aunque sean reiteradas las ocasiones en las que organismos internacionales han llamado la atención sobre la vulneración de los Derechos Humanos en relación a los desahucios y las infraviviendas, el estado sigue dando cobertura al “mercado” en las expulsiones forzosas de viviendas.
Si cuatro pijos están haciendo una fiesta en un piso “bien” y la policía actúa derribando la puerta para aplicar las normas sanitarias frente a la pandemia, los policías son reprendidos y no faltará la cobertura de las grandes empresas de comunicación.
Pero si decenas de activistas son retenidos por cordones policiales (restricción del derecho fundamental a circular libremente) durante un desahucio: no pasa nada; si se suspende de facto el derecho de reunión y manifestación con objetivo de vulnerar los Derechos Humanos: no pasa nada; si las familias -incluyendo niños y niñas- se quedan sin vivienda, es decir sin residencia, tampoco pasa nada.
El artículo 19 de la Constitución, solo es pleno para quién se lo puede permitir. ¿Elegir lugar de residencia? Resulta chocante cuando existen decenas de miles de familias amenazadas de desahucio para los próximos meses.
Es una cuestión de clase, de renta si les suena menos bolchevique. Este estado, en lo fundamental, está al servicio del mantenimiento de los privilegios, frente a los principios de igualdad y justicia.
El único contrapeso en favor de las personas que enfrentan la pérdida de su vivienda habitual, es la continua movilización y los eficaces métodos pacíficos de las plataformas.
Y volviendo al principio, eso es lo que pretenden desactivar con sanciones arbitrarias como la impuesta a nuestro compañero Rogelio (de momento en forma de propuesta).
Rosa Serrano, la nueva Delegada del Gobierno en Aragón en sustitución de Pilar Alegría, debería de rectificar de forma inmediata la que supone la primera propuesta de sanción en el marco de la paralización de un desahucio en Aragón. Desde hace 10 años, cuando se creó Stop Desahucios Zaragoza y se paralizó el primer desalojo forzoso (en el barrio de Valdefierro), nunca se había pretendido sancionar administrativamente las movilizaciones vecinales para evitar los desahucios. Un peligroso precedente que no debería de perpetrar una “delegación del gobierno progresista”.
Por eso para el movimiento por la vivienda es una cuestión de principios exigir la retirada de la propuesta de sanción, al mismo tiempo que seguimos señalando a las administraciones públicas y poderes del estado de su connivencia con el sufrimiento innecesario que suponen los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.