Zaragoza, 23 de septiembre de 2022.- El diputado de IU Aragón y Coordinador General, Álvaro Sanz, se ha dirigido al consejero aragonés de Educación para cuestionar los recortes de auxiliares de Educación Especial, como ha denunciado el CEIP Sainz de Varanda, y le ha preguntado sobre los criterios que se han seguido para establecer la cobertura de estas auxiliares en los centros.

“Usted dice que es adecuada y muchos centros y familias dicen que no lo es. Nos resulta incomprensible que se planteen eliminar las dos plazas de auxiliar de la RPT de un centro preferente de motoricos cuando el director solicitaba no reducir sino aumentar la dotación de este personal”, ha dicho Sanz.

El diputado de IU también ha recordado a Faci que en 2021 se acordó una revisión para responder a todas las necesidades del alumnado. El consejero ha respondido que se cubren “el 100% de las plazas requeridas según los informes”, a lo que Sanz ha replicado que si al final se cubren las plazas “siempre responde a movilizaciones”. 

El diputado de IU ha preguntado si existe un criterio común del departamento o cada servicio provincial tiene asignado unos recursos y que se apañen, cuántas horas se le asigna a cada alumno cuya resolución indica la necesidad de apoyo.

“Necesitamos criterios generales que garanticen derechos y que posibiliten medios para salir de la discrecionalidad. Criterios que todos manejemos para poder debatir si son suficientes o no, para conocer el marco con el que contamos”, ha afirmado Sanz.

Actualización de las condiciones mínimas de centros residenciales 

Sanz ha recriminado que solo quedan siete meses para ajustarse a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que señala cambios en las ratios y que deberían incorporarse a nuestra normativa.

Sobre esta cuestión Sanz se ha dirigido a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales y ha criticado la “gestión nefasta” en cuanto a la modificación de la normativa que rige las condiciones mínimas de los centros residenciales y que incluye las ratios de profesionales para asegurar la calidad del servicio y superar la precariedad laboral. Broto ha afirmado que la modificación de este decreto “llegará próximamente”, sin especificar fechas, volviendo a posponer una reforma pendiente desde la anterior legislatura. 

“La gente tiene que saber que los criterios que rigen las residencias son anteriores a la Ley de Dependencia. Ya no parece viable o acorde a los plazos aprobar la ley de ordenación y luego el decreto de mínimos, aunque claramente se saltan los plazos continuamente. No podremos aprobarlo en estas cortes”, ha denunciado Sanz.

Según Sanz, la gestión de Ciudadanía es una muestra de que los valores de los cuidados “no se ponen en valor” y precariza tanto a las trabajadoras como a la calidad de los servicios “porque su calidad está directamente relacionado con la calidad del empleo y de los servicios y así se explicitó en la comisión de residencias»

Sanz ha mostrado su enfado ante “la indolencia de un Gobierno que no incorpora los aprendizajes que nos dejó la pandemia en este ámbito”.