Este martes defenderemos en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón una iniciativa para actuar frente a la pobreza energética. Se trata de una proposición no de ley que ya presentamos en la pasada legislatura y que fue aprobada con el voto favorable del partido que hoy gobierna en Aragón, el Partido Popular. “Ha pasado un año desde que el PP entró en el Pignatelli y vemos que no les ha debido dar tiempo a afrontar esta cuestión que afecta a miles de personas en la Comunidad”, señala nuestro Coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.
Cabe destacar que el cambio climático ha generado que no solo se necesite energía en invierno si no que en verano la OMS recomienda mantener una temperatura de 26 grados centígrados como la temperatura de confort térmico. Sin embargo, según datos del INE, el 13,7% de los hogares aragoneses no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Para el diputado, esta cuestión ha hecho más relevante la actuación frente a la pobreza energética y considera que es el momento de poner en marcha los mecanismos de los que nos hemos dotado para que, coordinados de la manera adecuada, lleve a la mejora de los hábitos de consumo y a garantizar la energía en todos los hogares como suministro básico.
En este sentido, recogemos en esta iniciativa “debes pendientes” de la Ley 9/2016 de reducción de la pobreza energética de Aragón y pide que se aplique. En concreto, reclamamos al Ejecutivo autonómico que elabore un estudio que permita conocer los perfiles de vulnerabilidad en pobreza energética que no solo están unidos a renta sino, también, a las condiciones climáticas y de habitabilidad; y a poner en marcha el Comité de seguimiento del Plan de Medidas de Eficiencia Energética que elabore dicho plan.
Con el tercer punto de esta PNL, pretendemos adecuar las prestaciones para facilitar la coordinación con las ayudas estatales. El Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, que regula el bono social, define al consumidor en riesgo de exclusión social y recoge que queda eximido del pago de la totalidad de la factura y su suministro no puede verse interrumpido. Sin embargo, para ser reconocido como consumidor en riesgo de exclusión social el requisito es que “los servicios sociales autonómicos o locales sufraguen, al menos, el 50% de la factura a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) antes de aplicar el descuento por bono social”. Sanz, que entiende que la limitación de los 200 euros anuales afecta a esta condición y, por tanto, dificulta el reconocimiento de consumidores en exclusión social en Aragón, pide cambiar este reglamento para mejorar la cobertura en nuestro territorio.
“Creemos que es asumible porque es una partida de la que siempre ha sobrado una cantidad escandalosa de dinero y que, aunque ahora se ha reducido, podría ampliarse para mejorar la respuesta”, subraya Sanz quien explica que “no es cuestión de no fijar un máximo, sino que éste sea lo suficiente para cubrir el 50% de la factura ya que todos sabemos que 200 euros anuales está muy lejos de pagar el consumo energético de cualquier hogar”.
Asimismo, proponemos que se forme a todo el personal que da atención directa sobre prestaciones en los servicios sociales sobre la herramienta de la ENERSOC para que puedan asesorar a las personas que atienden de forma automática. Y a estudiar, en el marco de las prestaciones sociales, la ampliación del acceso a las prestaciones a personas y familias en riesgo de pobreza que no entran en las categorías de vulnerable o especialmente vulnerable.