Hoy Ejecutivo publica en el BOA la Orden por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) para el desarrollo de proyectos de innovación para prevenir la institucionalización de personas mayores, dependientes y personas con discapacidad mediante el desarrollo de servicios de apoyo comunitario de teleasistencia avanzada y de cuidados de larga duración.
Este proyecto se planteó en un inicio como una actuación a llevar a cabo directamente por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y así se planifico en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. De hecho, sería “lógico”, ya que se trata de una solución tecnológica a implementar que tiene que estar coordinada con un servicio sociosanitario, por lo que consideramos que se debería “posibilitar” la coordinación con Atención Primaria y con las entidades locales que llevan a cabo la ayuda a domicilio para fortalecer ambas vías, mejorarlas para adecuarse a las necesidades de las personas y generar un sistema de gestión pública que se pueda extender por todo el territorio.
Sin embargo, nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, lamenta que el Gobierno aragonés “no lo haya hecho así”, porque han modificado el presupuesto para sacar una convocatoria de subvenciones “restringidas” al Tercer Sector que será quien lo haga efectivo, volviendo, según su opinión, “a hacer dejación de funciones en la línea externalizadora a la que el Gobierno de Aragón nos tiene acostumbrados y dejando fuera a las entidades locales que podrían trabajar en este sentido”.
Unas subvenciones de 7.382.685 euros que suponen casi el 100% del presupuesto destinado a servicios conectados del proyecto de los MRR y que demuestra que en 2021 “no se hizo ninguna actuación” aunque ya había destinado 2, 5 millones de euros para la fase 1 de este proyecto para la promoción de la autonomía personal a través del uso de tecnología digital a desarrollar entre 2021 y 2023.
Sobre esto, Sanz formuló una pregunta parlamentaria a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, y en la que informa que en esta fase 1 el despliegue del sistema operativo tiene una duración total 6 meses (junio 2021 a diciembre 2021) y recoge: La constitución de los mecanismos de coordinación, gestión y gobernanza del proyecto y formalización de acuerdos entre las entidades partícipes en el proyecto; el diseño a bajo nivel del cuadro de mando y control de indicadores del proyecto; la elaboración de las guías formativas y metodológicas del sistema; la identificación y selección de futuros usuarios de los servicios; la selección y formación de los equipos profesionales del proyecto; la dotación e implantación de los medios logísticos y de movilidad del sistema; la producción y adquisición de equipamiento y dispositivos personales y la dotación del Contact Center local.
Según Sanz, todas estas actuaciones supondrían una base “indispensable” para trabajar pero en la convocatoria de subvenciones “no se hace referencia” a nada de esto. “Unas subvenciones clásicas que no se ajustan a lo que supone una intervención central como son las soluciones tecnológicas, fragmentando y dejando inconcluso y abierto lo que debería ser un modelo ya centrado y desarrollado para su implementación progresiva”, señala el diputado para quien “con esta gestión se genera una nueva estructura a superponer con la existente que no se puede aprovechar de las sinergias con otros Departamentos del Gobierno que hubieran sido imprescindibles”.
En su opinión, igual que se ha gastado “muchísimo” dinero en adaptación de residencias sin que se haya modificado las condiciones “mínimas” que éstas debieran tener, el “famoso” Decreto del año 1992, “el Departamento de Derechos Sociales practica la política de hechos consumados, delegando en otros lo que es su responsabilidad sin aprovechar esta inversión para fortalecer un sistema público de cuidados coordinado con lo existente que responda a las necesidades de la población”.